Que las cosas pintan muy mal en España es una
percepción realista y no pesimista al extremo de que se tiene la sensación de
que las instituciones del Estado actúan más bien por intereses particulares que
generales; en definitiva, que buscan lo que a cada uno le conviene al margen de
lo que procede. El último espectáculo de esta penosa situación, la gota que
colma el vaso, la protagonizan los fiscales con el asunto de la querella a
Artur Mas por su actuación en el patético 9-N que, en sí mismo, merecería el
repudio generalizado, no por el fondo del asunto (el objetivo soberanista es totalmente
legítimo) sino por las formas en que se ha desarrollado (la legalidad debe ser
indiscutible y prioritaria). Sin embargo, la dialéctica entre conveniencia
política (para unos u otros) y procedencia legal (para todos, como ciudadanos
de un Estado de Derecho), en definitiva, la dialéctica entre Política y
Justicia, como si fueran elementos contrarios en vez de las dos caras de la misma
moneda en un Estado de Derecho, nubla el presente y amenaza al futuro de forma
alarmante, perdiendo la perspectiva de que, ni son conceptos contrapuestos, ni
de que el ejercicio de los mismos tiene el mismo nivel de prevalencia, ya que
sin la prioridad de la aplicación de la Justicia no cabe el ejercicio de la
política desde planteamientos democráticos. La insólita discrepancia entre la
Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado (institución jerarquizada)
como si de dos estados distintos (con marcos legales diferentes) se tratara,
pone en evidencia la quiebra definitiva de nuestro modelo de Estado Autonómico
e incluso rebasaría lo tolerable en cualquier Estado Federal, al extremo de que ... (sigue leyendo en Blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/)
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