“Argucias jurídicas” y “falta de lealtad”
(supongo que al Estado de Derecho y, por tanto, a la ciudadanía) es, por lo
visto, lo más grave del comportamiento de Artur Mas y compañía según la Junta
de Fiscales de Cataluña que, por lo tanto, niega la existencia de delitos.
Menos mal que, al menos, el Fiscal General del Estado, Torres-Dulce, considera
que han podido cometerse delitos de malversación, desobediencia, prevaricación
y usurpación de funciones y, al efecto, convoca de urgencia a la Junta de
Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera, para presentar su propia querella
contra lo actuado por parte de la Generalitat el 9-N, al parecer, concretamente
contra el president, su vicesecretaria y la consellera Rigau. Es la única forma
de que los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, tengan amparo oficial
tras el portazo dado por los fiscales catalanes, que para muchos supone una
rebelión en toda regla contra el propio Fiscal General del Estado, quien, como
le corresponde jerárquicamente, había ordenado intervenir en el asunto. Por
tanto, la Junta de portavoces se reunirá de urgencia y se espera que dé luz
verde a la actuación judicial, aunque, tal como está el patio, cualquier cosa puede
pasar en este país. En todo caso, las “argucias jurídicas” y la “falta de
lealtad” por parte de un gobernante en un Estado de Derecho, por mero sentido
común, debieran merecer la consideración de ser susceptibles al menos de una
investigación judicial al respecto por si al practicar dichas conductas
antidemocráticas se hubiese rebasado la raya de lo jurídicamente tolerable. Y
si así no está legislado, debiera de hacerse. No acatar el dictamen del TC,
como es el caso, ya que .... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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