jueves, 29 de octubre de 2020

DEL ESTADO DE ALARMA AL CONFINAMIENTO

                             Tras el registro por parte de Sanidad de más de 52.000 nuevos contagios, nuevo record del fin de semana, las distintas CCAA se van confinando al acelerarse los casos de covid y ante el puente que se avecina, acogiéndose obviamente al estado de alarma, decretado por Sánchez, y a su delegación de las responsabilidades en los presidentes autonómicos para que cada uno de ellos tome las decisiones que considere más oportunas, lo que, al final, posibilita un variopinto escenario de confinamientos y otras medidas para intentar atajar la pandemia, que se van aplicando de forma dispar en cada territorio. Un estado de alarma que, ¡cómo no!, desde el inicio enfrenta no sólo al Gobierno con el PP, sino también con parte de sus socios de investidura que ven impresentable la pretensión de Sánchez de prorrogarlo por seis meses sin control alguno del Parlamento, al extremo de que, ante semejante reacción, el Presidente recurre a las rebajas reduciéndolo a cuatro meses y con control parlamentario cada dos meses, para, finalmente, dejarlo en seis meses como pretendía al principio. Casado, que condicionaba su apoyo al decreto a que se limitase a ocho semanas y a que durante ese tiempo se legislase al respecto para poder combatir la pandemia sin necesidad de decretar estado de alarma, se abstendrá finalmente, tras rechazar el Gobierno su propuesta. Entretanto empresarios y juristas, se suman a las reticencias de la oposición: la CEOE califica de “barbaridad” frenar la economía durante seis meses y pide más ayudas, mientras los juristas ven ilegal que el Ejecutivo delegue en las CCAA cuando la pandemia es nacional y afecta a todas ellas, viendo la medida “desproporcionada” (Manuel Aragón, catedrático y ex magistrado del Constitucional, deja claro que “la capacidad del Congreso para decidir cada 15 días no puede eliminarse”), mientras Vox lo recurrirá al Constitucional, ERC cree que la propuesta es “abusiva” y Arrimadas pide que dure un mes. Es más, el ex presidente Felipe González dice que el estado de alarma de Sánchez es un “caos”, critica la “cogobernanza” para gestionar la pandemia y pone en duda la viabilidad de los Presupuestos que ha elaborado, mientras Sánchez se escaquea de defender la excepcional medida en las Cortes y delega en Illa la defensa de la misma con la excusa de que él tiene una reunión extraordinaria con los miembros del Consejo Europeo, mientras presume de que tiene mayoría suficiente para imponerla, aunque, ante la presión de sus socios, rectifica ofreciendo la citada duración de cuatro meses y comparecer cada dos en el Congreso. Al final, no obstante, Sánchez consigue el apoyo para los seis meses a cambio de algunas cesiones a sus socios de investidura. Llama la atención la delegación de responsabilidades en los presidentes autonómicos cuando no sólo Francia, estado centralista donde los haya, sino también Alemania, estado federal descentralizado por antonomasia,  han impuesto su plan nacional de lucha contra la pandemia, que, últimamente, no sólo azota a España sino al resto de países de Europa; en efecto, contrasta que Macron, que decreta el confinamiento total en Francia, y Merkel, pactando con los “Lander” medidas drásticas, apliquen ambos su plan nacional, mientras Sánchez se desentiende y delega su competencia tras haber pivotado en exclusiva y con todas las competencias el estado de alarma anterior del mes de marzo. ¿Por qué ahora descarga en las CCAA la decisión sobre las restricciones de la alarma y ordena evitar una negociación con el PP? ¿Está detrás de semejante decisión la necesidad de votos secesionistas para aprobar los Presupuestos? ¿Por qué propone una alarma de seis meses sin control parlamentario y ahora son buenos cuatro y con dos controles, para finalmente dejarlo en seis?  Son las explicaciones que el Ejecutivo debe dar a los ciudadanos, pues gobernar implica tomar decisiones que se consideren necesarias por duras que sean y no contentar a tirios y troyanos por razones de conveniencia coyuntural. Así las cosas media España ya está cerrada y afronta el puente con cierres perimetrales por decisión de los respectivos gobiernos territoriales, mientras la otra media está pensando si cerrará o no, sin que el Ejecutivo de Sánchez diga ni “mu”…..a País Vasco, Asturias y Aragón se suman Navarra y La Rioja en el cierre, en tanto que Andalucía, las dos Castillas y Murcia se suman también a la medida, al igual que Cataluña; por su parte Madrid se resiste a unirse a tal iniciativa y pide limitar el cierre al puente y no hasta el nueve de noviembre, como ya han decidido las autonomías citadas. Entretanto y a la espera de lo que decida el resto de Autonomías, además de la aplicación dispar también del toque de queda, llegan por fin los rastreadores (pasan de 3.500 a 8.500) aunque...... (sigue leyendo enBlog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

 

lunes, 26 de octubre de 2020

TOQUE DE QUEDA

                             En esta pintoresca España de las Autonomías, más parecidas a Reinos Taifas cada una a su aire que a instituciones integradoras del Estado, el Gobierno, por fin, tras una progresiva petición de los gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE y por los nacionalistas (eso sí, éstos a cambio de que no se interfiera en la gestión de la pandemia, no vaya a ser que se atente contra sus competencias), decide decretar un nuevo estado de alarma como cobertura legal para decretar a su vez un toque de queda o restricción de movilidad nocturna como prefieren llamarlo para alejar cualquier connotación bélica del término. En efecto, la apatía del Gobierno durante meses para legislar o reformar la Ley de Salud Pública que facilitara actuar sin el recurso de la alarma, como en otros países, y permitiera a las autoridades políticas y sanitarias intervenir contra la pandemia de forma más eficaz y exenta de interpretaciones jurídicas contrapuestas en cada tribunal superior de justicia autonómico sin la cobertura legal del estado de alarma ha provocado un desmadre de gestión catastrófica mientras la pandemia en esta segunda oleada sigue escalando desde la famosa “nueva normalidad” a cifras muy preocupantes de contagios y muertes que nos retrotraen casi a los peores momentos de la primera ola, dibujando un panorama desolador en medio de una serie de medidas territoriales, algunas rechazadas por la autoridad judicial en una autonomía pero no en la de al lado, y de un escandaloso desencuentro entre el Gobierno central con la Comunidad de Madrid, donde finalmente Sánchez impuso un confinamiento perimetral a la capital y otros nueve municipios de la misma. Así las cosas, Sánchez fuerza a las CCAA a suplicarle un estado de alarma y, tras la petición de nueve de ellas (cinco gobernadas por el PSOE, más País Vasco, Cataluña y Cantabria) para que sus medidas tengan cobertura legal, avisa de que “vienen meses muy duros” y en Consejo Extraordinario de Ministros dominical da el paso de decretar un estado de alarma, diferente al anterior ya que la gestión de la pandemia la deja ahora en manos de las autonomías, y además añade un toque de queda nocturno de las 23 a las 6 horas, aunque las autonomías pueden modificarlo hora arriba o abajo, mientras Madrid volvía a las restricciones por zonas sanitarias. Sánchez, que había enterrado el plan legislativo de Calvo, tras llevar a las CCAA a este caos legal, opta por este peculiar estado de alarma para poder decretar el citado toque de queda, mientras algunos virólogos del CSIC, como Margarita del Val, sostienen que “no hay evidencia científica de que los toques de queda sean efectivos”. Para prorrogarlo en el Congreso de los Diputados, tras los quince días iniciales de vigencia, cuenta Sánchez en principio con los votos de sus socios de investidura a los que se suma Ciudadanos, mientras el PP habla de “chantaje” y se opone a las pretensiones de Sánchez de que sea prorrogado por seis meses (a diferencia de la anterior alarma en que las prórrogas eran cada quince días) ofreciéndole Casado respaldarlo en principio para dos meses. La polémica está de nuevo servida: el Gobierno busca que la alarma se alargue hasta mayo y el PP sólo hasta diciembre, mientras Ciudadanos y ERC no son partidarios tampoco de que la medida excepcional esté tantos meses sin control parlamentario.  De momento España está en estado de alarma y con toque de queda tras el decreto aprobado para quince días y ya se verá qué pasa con las prórrogas; una situación en la que la movilidad nocturna queda restringida, salvo en Canarias, mientras las CCAA tienen la potestad delegada del Ejecutivo (en la anterior alarma el Ministerio de Sanidad tenía el mando único) para confinar todo su territorio, municipios o barrios….. ¿hasta cuándo? Sánchez dice que “la duración no es inamovible, si la situación mejora decaerá”, pero la oposición no está por la labor de dejar este cerrojazo nocturno sin control durante tanto tiempo, pues, por esa misma regla de tres, puede prorrogarse por dos meses y entonces decidir nuevas prórrogas si la situación de la pandemia así lo aconsejase. Casado indica que en dos meses incluso hay tiempo para reformar la Ley de Salud Pública y poder así seguir luego luchando contra la pandemia con cobertura legal sin necesidad de mantener la alarma. Entretanto...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

 

jueves, 22 de octubre de 2020

Y EL PP DIJO NO

                             Tras varios días de especulaciones sobre la postura de Casado ante la moción de censura de Abascal a Sánchez, si abstención o “no”, se despeja la incógnita no ya con un rotundo “no” a Vox sino con un contundente y magistral discurso por parte del líder popular contra la ultraderecha que, finalmente, se queda sola con 52 votos, los de su propio grupo parlamentario, sin que ni por error sume un voto más del resto de grupos a pesar de que algunos de ellos hayan manifestado su total desacuerdo con el gobierno de coalición social-comunista y con los derroteros por dónde va llevando a nuestro país hacia el caos definitivo. Así se han cerrado dos días de debate parlamentario preñado de insultos y descalificaciones entre unos y otros con los tópicos mantras de siempre que se podrían resumir en “yo soy el bueno y tú el malo” por mera naturaleza de las cosas, dándose la paradoja de que los dos radicalismos opuestos que adornan nuestro Congreso de los Diputados (de un lado el de derechas, Vox, y del otro el de izquierdas, UPodemos, EHBildu y nacionalismos radicales) apelaban a la libertad y acusaban al contrario de aquello que ellos mismos practican como puede ser el odio, el revanchismo o el populismo exacerbado de carácter irracional. Por su parte las opciones más moderadas, como PSOE y PP, se reprochaban mutuamente la inconveniencia de haber pactado con dichos radicalismos, llegando a la conclusión de que el PSOE yerra gravemente al pactar con comunistas, abertzales y ultranacionalistas para conseguir el Gobierno de España y que el PP hace lo propio junto a Ciudadanos al pactar con la ultraderecha para conseguir los gobiernos de Andalucía, Madrid o Murcia. En definitiva se les podía aplicar a todos el dicho popular de “ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio” con lo que las paradojas, contradicciones y demagogias afloraban por doquier. Se especulaba con que Casado buscaría el cuerpo a cuerpo con Sánchez para reivindicarse como líder de la oposición frente al “circo” de Abascal y se buscaron por parte de ambos; se especulaba con que Abascal iría al choque contra Sánchez e Iglesias para mostrarse como alternativa en la oposición y fue con un discurso catastrofista al que Sánchez respondía “ustedes son un peligro porque contagian a la derecha tradicional”; y se especulaba con que Abascal pondría a prueba a Casado con su moción a Sánchez y lo puso cuando, para despejar la incógnita sobre la abstención o voto en contra del PP, el líder popular, sorprendiendo a propios y extraños, hizo un discurso brillante y despiadado contra el propio Abascal y contra la derecha extrema que representa, diferenciándola de forma magistral de su derecha democrática y más moderada. Se confirmaba definitivamente que la moción de Vox dividía a la derecha y unía al Gobierno, cuyos representantes, como el propio Iglesias, sorprendidos por las proclamas de Casado, no tuvo más remedio que reconocerle la altura de su discurso, mientras aprovechaban para aparcar la reforma del CGPJ y ofrecerle la posibilidad de negociar el desbloqueo de las distintas instituciones. El propio Abascal con su discurso populista-radical y antieuropeo le había facilitado a Casado, el gran triunfador del debate, todo tipo de munición para desmarcarse definitivamente de las políticas ultraconservadoras como son reclamar el final del Estado Autonómico, la ilegalización de partidos, el cuestionamiento del Tribunal Constitucional o el ataque al proyecto europeo. Con su discurso radical extremo Abascal dejaba libre el centro derecha al PP y Casado aprovechaba semejante regalo dejando atónitos a quienes (léase parte del PSOE, UPodemos, ERC, EHBildu….etc etc), como argumento de ataque, intentan meter en el mismo saco a toda la derecha, incluida Ciudadanos, tildándola de extrema derecha, autoritaria y antidemocrática. Poco antes de este sorpresivo discurso de Casado, Sánchez había firmado un cordón contra Abascal para presionar al líder popular, suscribiendo con Podemos, ERC e incluso con Bildu un manifiesto escrito contra la derecha y por los “derechos humanos” (¡quién lo diría….con los abertzales!) y tras haber protagonizado un cara a cara con Abascal repleto de insultos y descalificaciones, invitando a votar “no” a Casado, quien enfatizaba en su intervención sobre la capacidad de gestión del PP, frente a los extremismos de Abascal que había llegado a tachar al actual Gobierno de “ilegítimo, criminal, mafioso y totalitario”, mientras Sánchez le trataba de “antipatriota” y le reprochaba su “ira” y su “odio”. El PP dijo “no” a Abascal…..¡y cómo lo dijo! Ya tenemos nítidamente en España las...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

 

lunes, 19 de octubre de 2020

EL DAÑO YA ESTÁ HECHO

                             Ex ministros, magistrados, juristas….y cualquier demócrata convencido critican la pretendida reforma por parte del Gobierno de la ley del CGPJ en el sentido de facilitar al Ejecutivo de turno el nombramiento de sus vocales a base de reducir en el Parlamento las mayorías actualmente establecidas, lo que supone en definitiva un mayor control del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, contrario a la democracia y a las tendencias de la inmensa mayoría de los gobiernos democráticos de los Estados que conforman la Unión Europea. No en vano la Comisión Europea, ante la proyectada reforma de dudosa higiene democrática, ha reaccionado a este intento de politizar la Justicia a base de someter al CGPJ con el pretexto de que, tras vencer su mandato, es necesario renovar sus miembros ya que, ante la incapacidad manifiesta del PSOE y PP de ponerse de acuerdo para hacerlo con los procedimientos y mayorías establecidos, tal como se ha venido haciendo hasta la fecha, Sánchez prefiere conseguirlo mediante este atajo antidemocrático cuando su obligación como Presidente de Gobierno es dialogar, dialogar y dialogar con la oposición, hacer propuestas al respecto para, en todo caso, poner en evidencia que no es el Ejecutivo quien bloquea sino que lo hace la oposición con lo que, en su día, la ciudadanía tendrá claro qué opción ha de avalar en las urnas. En democracia los atajos antidemocráticos jamás pueden ser la solución y por ello la UE avisa de que “los Estados deben garantizar la independencia judicial”, considerando Bruselas que el cambio por vía rápida de la elección del CGPJ, tan del gusto de los socios comunistas del gobierno español, puede violar las normas comunitarias, como ya ha sucedido en algún que otro Estado con gobiernos de dudosa higiene democrática en este caso con tendencias ultraconservadoras de derechas y, por ello, han sido sancionados. Un aviso en definitiva de la Comisión Europea al gobierno social-comunista de Sánchez por atacar la separación de poderes (así se inician los procesos hacia regímenes autoritarios desde regímenes democráticos, que luego se hacen difíciles de reconducir) ya que la injerencia del Gobierno sobre el Poder Judicial es inadmisible, por lo que manifiesta que ante ello “estamos preocupados, no es el camino, ni el momento adecuado”, mientas Pawel Jablonski, Viceministro polaco de AAEE, exige “queremos que nos midan a todos por el mismo rasero” y mientras siete vocales del CGPJ rechazan el plan del Gobierno porque “es una reforma contraria a la Constitución y a Europa”. Entretanto Enrique López, Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y “mediador” del PP, asegura “estamos dispuestos a sentarnos a negociar la renovación del CGPJ” con arreglo a lo establecido y que le han trasladado a Sánchez que quieren perfiles independientes, insistiendo en que Iglesias no esté en la mesa y avisando de que “reformar la mayoría de elección nos coloca con Polonia”. La pelota está pues en el tejado del Gobierno, que ocultó a la UE el golpe que pretendía dar al Poder Judicial para desbloquear la situación, por lo que Sánchez, aunque mantiene la reforma pese a la advertencia de la UE, cede y plantea retirar la proposición de ley mientras Casado facilita una salida pactada que no cuente con Iglesias y que permita designar los vocales de entre una lista elegida por los jueces, de los que el 90% aboga por la elección directa de los vocales para evitar definitivamente la politización. ¿Qué hará Sánchez ante semejante disyuntiva? Está por ver. Lo lamentable es que, pase lo que pase, “el daño a la Justicia ya está hecho” como entienden ex ministros, magistrados y juristas…..y cuanto más tiempo dure el bloqueo para elegir estos doce de los veinte miembros del Poder Judicial, quedando en el aire la tentación de elegirlos mediante atajos antidemocráticos, mayor será el daño causado a la Justicia, seguramente para alegría de aquellos que precisamente buscan el caos institucional porque su modelo es totalmente distinto y eso de la separación de poderes es algo que les causa urticaria. La realidad, por la que algunos se frotan las manos, es que este golpe judicial de Sánchez le entregaría al Ejecutivo (hoy al que él preside….y mañana a ¡quién sabe!) también el control del Tribunal Constitucional  pues la pretendida reforma del CGPJ le permitiría designar en 2022 a cuatro nuevos magistrados, con lo que nueve de los doce le deberían el cargo cuando decidan sobre el 1-O; y, ya se sabe, en estos casos no se suele echar mano de aquellos que se caracterizan por una mayor solvencia e independencia sino de aquellos que se caracterizan por una mayor docilidad y servilismo. El daño, como ven..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

jueves, 15 de octubre de 2020

ATENTADO A LA DEMOCRACIA

                             Sabido es que el Estado de Derecho y la Democracia tienen como uno de sus pilares básicos la separación de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y, por tanto, todo lo que suponga no garantizar esta independencia supone un atentado contra la Democracia y, por ende, contra las libertades ciudadanas. Sabido es también que el Sancta Sanctorum de la Democracia es el Legislativo derivado de la voluntad popular tras unas elecciones libres, de donde emana el conjunto de leyes y donde el Ejecutivo, que ha de obligar al cumplimiento de las mismas, debe rendir cuentas con arreglo a los procedimientos establecidos, mientras el Judicial con absoluta independencia ha de dirimir si en caso de litigio dichas leyes se cumplen o no, imponiendo las penas pertinentes en este último caso. Y todo ello al amparo de una Constitución o Carta Magna, libremente otorgada por los ciudadanos, donde radica el límite de las libertades y derechos del pueblo, que, en ningún caso, nadie puede ni debe saltarse. Todo lo que vaya contra estas básicas premisas democráticas supone por tanto un menoscabo de las libertades y garantías de los pueblos favoreciendo las tendencias más o menos totalitarias que suele tener el poder, en este caso el Ejecutivo, cuando, erigiéndose en dueño y señor de la situación, pretende controlar al resto de poderes, especialmente al Judicial para que se incline a apoyar sus tesis en caso de conflicto, dado que al emanar el Ejecutivo del poder Legislativo, ya suele contar “a priori” con la mayoría de la Cámara a la hora de avalar sus proyectos. Por tanto, no respetar las reglas y procedimientos, previamente establecidos, a la hora de modificar este obligado (y difícil) equilibrio en la independencia y separación de poderes del Estado, es un paso adelante hacia un sistema autoritario y, por ende, un paso atrás hacia un sistema democrático. Es lo que sucede en España con la pretensión del PSOE de Sánchez (jamás se le hubiera ocurrido al PSOE de Felipe González) y del Podemos de Iglesias (no sé si se le ocurriría al Podemos de Errejón) para reformar por vía rápida el Poder Judicial, dado que con las reglas de juego democráticamente establecidas (mayoría cualificada de tres quintos de diputados, 210, en vez de, simplemente mayoría absoluta, 176 diputados) es prácticamente imposible dejar al margen al principal partido de la oposición a la hora de renovar las vacantes del CGPJ, y en vez de estrujarse los sesos tanto Sánchez como Casado para llegar a un consenso, como siempre ha sucedido entre PSOE Y PP, el Presidente, a instancias del Vicepresidente populista, opta por el atajo de romper las reglas de juego y las garantías consecuentes para la ciudadanía, bajando a su antojo la mayoría parlamentaria cualificada y diseñar así un CGPJ que para sus intereses sea el más idóneo. Estamos en la antesala de una peligrosa evolución de un sistema democrático hacia un sistema autoritario (Venezuela, Polonia o Hungría podrían servir de ejemplo) que, una vez implantado, se hace muy difícil reconvertir. No extraña pues que el PP, es decir, la oposición, califique la medida de “dictatorial” (igual hubiera calificado el PSOE si se le hubiera ocurrido hacerlo a Rajoy) pues no cabe en democracia saltarse los controles para cambiar el Poder Judicial desde el Ejecutivo sin mayoría cualificada y burlando la Constitución. Lamentablemente Sánchez ha cedido ante las presiones de Iglesias para imponer el modelo de éste, y tras negociar con él da la orden “personal” en plena investigación judicial de su Vicepresidente, eludiendo todos los controles, con lo que, si prospera, la coalición y sus socios de investidura podrán nombrar un gobierno de los jueces a su medida con solo la mayoría absoluta del Congreso, desconcertando dicha maniobra no sólo a los ministros más moderados (y más democráticos), sino también a los magistrados de la UE que critican el acoso a la independencia judicial. De momento el CGPJ desafía el rodillo de Sánchez y cubrirá las vacantes (Lesmes propondrá este mes los nuevos  presidentes de los tribunales superiores), mientras la judicatura se rebela y considera antidemocrática la reforma legal que pretende el Ejecutivo. Por su parte Casado alerta hoy en Bruselas del “asalto” y “atropello” a la separación de poderes en España, dado que el mismísimo PSOE pidió “no dar un euro” a Hungría y Polonia, cuyos ejecutivos de ultraderecha atacaron igualmente a la Justicia en sus respectivos países. Es más, Polonia plantea a la UE sancionar ahora a España por el golpe al CGPJ, mientras hasta los socios del gobierno social-comunista de España (PNV, ERC y Más País), que apoyaron la  investidura también cuestionan esta reforma exprés de la ley, no ya porque sea antidemocrática (algunos de ellos son totalitarios), sino porque crea un peligroso precedente: ¿qué sucedería cuando gobierne en España la derecha o la extrema derecha? En efecto, en el futuro cualquier gobierno, del signo que sea, podría modificar a su antojo el CGPJ sin la pertinente mayoría cualificada que se requiere ahora…..¿lo defendería entonces PSOE y Podemos desde la oposición? Sinceramente, creo que no. Para colmo este..... 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lunes, 12 de octubre de 2020

ESTADO DE ALARMA EN MADRID

                             El varapalo del TSJ de Madrid al ministro Illa y su decreto, que obligaba a levantar los confinamientos decretados por Ayuso en la región, presagiaba una reacción del Gobierno de Sánchez, mientras Ayuso, tras obtener la razón jurídica al respecto, ofertaba un diálogo para salir de una vez por todas de este callejón político sin salida en que los desacuerdos incomprensibles Gobierno-Comunidad de Madrid les habían metido. En efecto, la Justicia anulaba el confinamiento de la capital decretado por Illa en vísperas del puente de octubre porque limitaba derechos fundamentales, Sánchez convocaba un Consejo de Ministros extraordinario para dar una solución a tamaño disparate, Ayuso y Almeida llamaban a la población a evitar desplazamientos y el Ejecutivo de la Comunidad proponía negociar nuevas medidas antes de que el Gobierno tomase una decisión al respecto. Todo un bochornoso espectáculo, impropio de políticos de altura, que llevaba a los ciudadanos madrileños (y de toda España) a cotas de incertidumbre insoportables. Y la decisión no se hace esperar: el Gobierno de Sánchez decreta el estado de alarma en toda la ciudad de Madrid (antes sólo tenían restricciones las zonas más afectadas por el coronavirus) y en otros ocho municipios madrileños. Una súbita comparecencia de Illa desvelaba que “la presidenta ha decidido no hacer nada; la paciencia tiene un límite” y, sin más, sin escuchar el plan de la Comunidad para afrontar la nueva situación, más de cinco millones de madrileños quedaban atrapados por un estado de alarma impuesto que, en definitiva, les condenaba a idénticas restricciones que las impuestas días antes por Ayuso para las zonas más afectadas por la pandemia, pero ahora afectando a todos los citados municipios y a la capital en vez de sólo a sus áreas sanitarias más castigadas. Así, un día después del varapalo de la Justicia al decreto de Illa, el Gobierno resolvía unilateralmente y en un santiamén lo que para muchos supone un rodillo inaceptable y un castigo a Ayuso por haber osado derrotarle en los tribunales y Madrid volvía a cerrarse tras una semana de verdadero caos político inconcebible en medio de una guerra de cifras sobre víctimas de la pandemia (para la Comunidad de Madrid las medidas autonómicas restrictivas sólo en las zonas más afectadas estaban dando ya resultados positivos; para el Gobierno de Sánchez la situación seguía siendo caótica, aunque Illa un día lo denunciaba y al siguiente manifestaba lo contrario). En todo caso, el estado de alarma en Madrid es un hecho y Marlaska despliega 7.000 agentes para controlar el cumplimiento de las restricciones e imponer las pertinentes multas a quienes las incumplan. Sánchez ha ignorado la llamada de Ayuso para una solución pactada y zanja el asunto decretando la alarma cuando tras la desescalada había dicho que simplemente lo respaldaría cuando las CCAA lo solicitaran. La desidia legislativa del Gobierno que había sumido al país en este caos jurídico tras acabar el anterior estado de alarma en toda España y dejar que las CCAA asumieran toda la responsabilidad de la gestión de la pandemia, aunque con el eufemismo de la “cogobernanza” (ya ven que de eso nada de nada), desemboca ahora en esta imposición del Ejecutivo pero sólo para la Comunidad de Madrid, donde se quejan incluso de que hay otras autonomías con parecidos datos de incidencia sin que la misma norma se les aplique. Ya ven, el peor de los caminos para atajar una pandemia que sigue “in crescendo” no sólo en España sino en toda Europa (el ritmo de contagios se acelera en Francia, Alemania, Reino Unido o Italia) y que con el baremo europeo quedaría toda España en rojo (sólo Asturias se salvaría del semáforo rojo europeo para las fronteras). Por su parte, los expertos califican las medidas implantadas de tibias y tardías (proponen limitar aún más los aforos, cerrar el interior de los bares y trasladar todo lo que se pueda a los exteriores), cuando más de 17.000 científicos y médicos de todo el mundo alertan de los efectos “devastadores” de los confinamientos y en un manifiesto abogan por proteger a los colectivos más vulnerables. Un estado de alarma en Madrid que Sánchez sólo podrá mantener durante quince días pues quiere evitar tener que llevar la medida al Congreso, donde no cuenta con los avales suficientes para prorrogarla. Madrid se cierra pese a ser, según cálculos comparativos, la novena en letalidad, la octava en contagios y la segunda en incidencia de casos de mortalidad, lo que revela que....... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

 

jueves, 8 de octubre de 2020

MÁS DEUDA, MÁS DÉFICIT, MÁS GASTO

                             Amparado en el nuevo espíritu europeo de mayor permisividad presupuestaria y menor exigencia de requisitos y reformas para acceder a las ayudas, Pedro Sánchez opta por un descomunal récord en el techo de gasto en todas y cada una de sus variables apostando, si se lo permiten, por más deuda, más déficit y más gasto público, sin plantear la más mínima reforma (recortes le llamaban en la anterior crisis cuándo Europa optaba por mayor austeridad y control para acceder a las ayudas, entonces llamadas rescates) tendente a reducir el derroche público que nos permita gastar lo justo y mejor en vez de gastar más y que quienes vengan después paguen los platos rotos. En efecto, aunque Calviño prevé ahora una caída del PIB del 11´2% este año, el Gobierno apuesta la presunta recuperación económica de España a un fuerte alza del gasto con los fondos europeos, mientras el FMI eleva previsiones para la economía mundial pero advierte de los riesgos. En román paladino, para que todo el mundo lo entienda, se asemeja a esa familia arruinada, endeudada y derrochadora que de pronto ve reducidos sus ingresos anuales con inciertas posibilidades de recuperarlos en breve plazo pero que, en vez de ajustar su nuevo nivel de vida a la nueva situación económica y reducir gastos, decide gastar más aún sin renunciar a ningún gasto superfluo gracias a que los amigos les ayudan y a que otros vecinos les prestan dinero. En efecto, Sánchez, para calmar a sus socios, cierra filas con Iglesias para lanzar este dudoso plan de recuperación elevando en sus cuentas hasta casi 200.000 millones de techo de gasto aunque calcule una caída sin precedentes del PIB, por más que el Banco de España le pida dedicar la ayuda europea a corregir una recuperación “frágil y desigual”; un insólito disparo del gasto en un 53%, estimando que la economía crecerá entre un 7 y un 10% en 2011, por más que otros organismos, como la AIReF, enfríen semejante optimismo avisando de que “hay riesgo de otros escenarios”, mientras Podemos se lanza a celebrar “el fin de la austeridad” como antesala de unos Presupuestos que “aborrecerá la derecha” (esperemos que no los tenga que aborrecer el pueblo en su conjunto); y un desorbitado déficit de 240.000 millones de euros que llevará a España al agujero negro del 11´3% este año y al 7´7% en 2021, mientras el propio Gobierno empeora sus cálculos del hundimiento del PIB de 2020 en 25.000 millones. Y como, a pesar de todo, a nadie se le escapa que toda esta fiesta derrochadora al final habrá de pagarse, vuela en el ambiente la preocupación por un presunto hachazo fiscal descomunal (ya se rumorea, entre otras, subidas de IVA o cobro del impuesto a la Sanidad y la Educación privada, cuando ningún país de la UE lo cobra a su Sanidad y casi ninguno a su Educación) pues por mera lógica el incremento del gasto sin incrementar el ingreso conduce a la ruina directamente…..y, si ya se está en la ruina, directamente al cao y la miseria. Pues bien, mientras se desata la alarma de los Bancos de Inversión porque España es la “notable rezagada” (JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley constatan el “deterioro” de la economía española), Pedro Sánchez con un entusiasmo inusitado anuncia un plan de recuperación de la economía española, que nadie se cree (seguramente ni él mismo), para todo lo que queda de legislatura, elaborado por él mismo sin previas conversaciones con la oposición, ni con las CCAA ni con los Ayuntamientos. Un plan, su plan, que anuncia a bombo y platillo sin opción a preguntas de los periodistas, con el que promete la creación en tres años de 800.000 puestos de trabajo (algunos bromean diciendo que no se sabe si lo que ha querido decir es 800 o 1.000 puestos de trabajo), que, en todo caso, supondría la recuperación del empleo perdido en la crisis gracias a los 72.000 millones del fondo de reconstrucción de la UE, si es que ésta acepta sus propuestas y no le exige nada a cambio de dicho fondo, y que, en todo caso, con dicho dinero europeo, la promesa supondría, en el mejor de los casos, la mitad del empleo que se creaba en España al llegar el gobierno de coalición social-comunista a Moncloa, aunque seguramente, salvo que todo sea propaganda, en esta ocasión los presuntos trabajos creados serán de alta calidad, definitivos y no temporales y bien remunerados, pues todo lo contrario era lo que, según ellos, sucedía cuando estaban en la oposición y se creaba semejante empleo. ¿Hay razones para estar eufóricos? Yo creo que no, que hay razones para estar muy preocupados por nuestro futuro, cuando en la propuesta de Sánchez no aparece referencia alguna a reducir los tremendos gastos públicos que se generan en el...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

 

lunes, 5 de octubre de 2020

Y MADRID, CONFINADO

                         Así es; ante los incomprensibles desacuerdos entre Sánchez y Ayuso el Ministro de Sanidad decide de forma unilateral confinar la capital de España y otros diez municipios de la Comunidad de Madrid, mientras los madrileños afrontan el cierre sumidos en la incertidumbre, pues Ayuso acata la orden, aunque no aclara cuándo la aplicará, pero pide su suspensión en los tribunales. En definitiva, un confinamiento con matices en que millones de movimientos laborales diarios y otras libertades amenazan su eficacia en plena guerra Madrid-Sanidad que está creando fisuras en el PP y tensión en el gobierno autonómico de coalición con Ciudadanos. En efecto, esta idea de concebir los gobiernos de coalición (tanto el de PSOE-Podemos a nivel nacional, como el de PP-Ciudadanos en la Comunidad de Madrid) como la suma inconexa de dos proyectos políticos distintos en vez de concebirlo como un previo programa de gobierno único, pactado previamente, según el cual cada partido se deja buena parte de su programa en beneficio de la gobernabilidad en común, añade, tanto a nivel nacional como autonómico, más incertidumbres que certezas y, obviamente, a la primera de cambio saltan las alarmas de ruptura aunque sólo duran el instante en que sus líderes se dan cuenta de que hay que hacer olvidar lo antes posible semejantes desajustes para seguir ambos instalados en la poltrona del poder con los beneficios personales y políticos que de ello se derivan. Esto explica que Ayuso recurra la orden de confinamiento sin el apoyo de su socio Aguado, quien ha mantenido con Illa línea directa y se ha desmarcado de la Presidenta, haciendo reavivar en el ambiente los pseudo-fantasmas de una moción de censura, al igual que se explican las permanentes discrepancias entre Sánchez e Iglesias en asuntos fundamentales defendiendo cada uno lo que considera oportuno en vez de lo que debieran haber pactado en cada asunto para beneficio común de la ciudadanía. Es lo que hay, nuestros políticos no dan para más. No en vano, en el caso que nos ocupa, los expertos en sanidad denuncian que se usan criterios políticos y no científicos en un asunto tan sensible  como es la pandemia. El caso es que, sin acuerdo alguno, se echa el cierre de Madrid y de otra decena de municipios de la Comunidad, con miedo al “caos” y a la crisis, aunque, de momento, no se multará a quienes lo incumplan a la espera del aval de la Justicia, cuando por dos veces se estuvo a punto de llegar a un consenso obligado hasta que Ayuso se echó atrás al comprobar que con los criterios de confinamiento adoptados por el Ministerio sólo entraban en las restricciones ciudades de la Comunidad Madrileña, incluida la capital, manifestando la Presidenta que “ha habido una farsa sobre Madrid, una estafa para vender el caos y justificar la intervención”, mientras, a pesar de las discrepancias con Aguado, defiende la solidez del pacto con Ciudadanos y denuncia una estrategia de La Moncloa para hacer creer que “siempre hacemos las cosas mal y tarde”. En el fondo de la cuestión, al margen de los costes sanitarios directos de la pandemia y de los enfermos y fallecidos que se van sumando al trágico ranking de los damnificados de la pandemia, el cierre de Madrid lastra la paupérrima economía española (sólo en dos semanas las pérdidas podrían llegar a 5.600 millones) por lo que Ayuso, que cifra en 8.000 millones las pérdidas, recurre por “el impacto económico y laboral” (la CAM cifra el coste semanal del confinamiento en 750 millones y 18.000 empleos), mientras el PP...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

 

jueves, 1 de octubre de 2020

DESMADRE LEGAL E INSTITUCIONAL

                         Cada vez se hace más urgente un consenso político para acabar con el desmadre legal e institucional en el que España está inmersa, haciendo prácticamente imposible la gobernabilidad. Miles de ejemplos se podrían poner sobre el desbarajuste competencial de las CCAA y las del Estado, sobre una serie de leyes difusas y procedimientos complejos que facilitan interpretaciones judiciales contrapuestas, sobre la parálisis de algunas instituciones al no tener claros sus mecanismos de renovación de caragos, etc etc. Pero valga como paradigma el encontronazo absurdo entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid en un asunto tan sensible y preocupante como es la salud. En efecto, Sanidad y Madrid, están bien lejos de un acuerdo pese al avance del virus (un acuerdo que han escenificado pero que no han cerrado) sobre qué hacer y cómo actuar para frenar la pandemia, y, tras demasiado tiempo mareando la perdiz, rompen definitivamente cualquier posibilidad de pacto. El Ministerio de Sanidad pide “más contundencia” y la Comunidad argumenta que la situación hospitalaria “ha mejorado”, Illa exige a Ayuso medidas más duras y confinar 70 municipios madrileños y la Presidenta no lo cree necesario ya que cerrar Madrid sería la ruina absoluta…..argumentos esgrimidos antes de firmar un preacuerdo que salta por los aires al día siguiente. Illa fija criterios nacionales que por ahora sólo afectan a la Comunidad de Madrid y abocan a confinar la capital, y Ayuso, agraviada, siente que estos criterios a la carta sólo pretenden socavar su credibilidad política. Y el acuerdo, que tenía que cerrarse en el Consejo Interterritorial, salta por los aires ya que, junto a Madrid, varias CCAA (Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta) votan en contra del plan de Illa finiquitando el consenso necesario para aplicarlo sin sobresaltos ni triquiñuelas en beneficio de la salud de todos los españoles. Así las cosas, como en otros tantos asuntos vitales para que España funcione, el encontronazo PP-PSOE, junto a las salidas de tono de secesionistas y radicales, finiquita la mínima esperanza de que mejore la situación mientras España se va hundiendo cada vez más en la miseria económica, en el desastre institucional, en el pozo sin fondo de la beneficencia y, en definitiva, en la enfermedad y la muerte. Illa al final, como portavoz del débil y variopinto gobierno al que pertenece, decide, sin acuerdo común para confinar, imponer el cierre de Madrid anunciando una orden ministerial en el BOE y Ayuso se rebela definitivamente negándole validez jurídica. El Gobierno, que pretendía tomar el control de las grandes urbes de más de 100.000 habitantes, dejando el resto como competencias de las CCAA, decide imponer unilateralmente el control de Madrid sin consenso en el Consejo Interterritorial, con lo que, al final, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Ayuso denuncia que la decisión del Gobierno “no tiene validez jurídica”, mientras Illa, retorciendo la ley para intentar imponer restricciones a Madrid, manifiesta que “la situación de Madrid es compleja y preocupante; vienen semanas muy duras” y Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad madrileño, manifiesta: “Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada, es falso; el Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid”. El enésimo conflicto político está servido: el Ejecutivo insiste en que la orden ministerial es vinculante (afectaría a 4´8 millones de madrileños y a miles de empleos) y que Madrid tendrá que acatarla pues, según Illa, es “de obligado cumplimiento”, mientras la CAM le acusa de..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).