ATENTADO A LA DEMOCRACIA

                             Sabido es que el Estado de Derecho y la Democracia tienen como uno de sus pilares básicos la separación de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y, por tanto, todo lo que suponga no garantizar esta independencia supone un atentado contra la Democracia y, por ende, contra las libertades ciudadanas. Sabido es también que el Sancta Sanctorum de la Democracia es el Legislativo derivado de la voluntad popular tras unas elecciones libres, de donde emana el conjunto de leyes y donde el Ejecutivo, que ha de obligar al cumplimiento de las mismas, debe rendir cuentas con arreglo a los procedimientos establecidos, mientras el Judicial con absoluta independencia ha de dirimir si en caso de litigio dichas leyes se cumplen o no, imponiendo las penas pertinentes en este último caso. Y todo ello al amparo de una Constitución o Carta Magna, libremente otorgada por los ciudadanos, donde radica el límite de las libertades y derechos del pueblo, que, en ningún caso, nadie puede ni debe saltarse. Todo lo que vaya contra estas básicas premisas democráticas supone por tanto un menoscabo de las libertades y garantías de los pueblos favoreciendo las tendencias más o menos totalitarias que suele tener el poder, en este caso el Ejecutivo, cuando, erigiéndose en dueño y señor de la situación, pretende controlar al resto de poderes, especialmente al Judicial para que se incline a apoyar sus tesis en caso de conflicto, dado que al emanar el Ejecutivo del poder Legislativo, ya suele contar “a priori” con la mayoría de la Cámara a la hora de avalar sus proyectos. Por tanto, no respetar las reglas y procedimientos, previamente establecidos, a la hora de modificar este obligado (y difícil) equilibrio en la independencia y separación de poderes del Estado, es un paso adelante hacia un sistema autoritario y, por ende, un paso atrás hacia un sistema democrático. Es lo que sucede en España con la pretensión del PSOE de Sánchez (jamás se le hubiera ocurrido al PSOE de Felipe González) y del Podemos de Iglesias (no sé si se le ocurriría al Podemos de Errejón) para reformar por vía rápida el Poder Judicial, dado que con las reglas de juego democráticamente establecidas (mayoría cualificada de tres quintos de diputados, 210, en vez de, simplemente mayoría absoluta, 176 diputados) es prácticamente imposible dejar al margen al principal partido de la oposición a la hora de renovar las vacantes del CGPJ, y en vez de estrujarse los sesos tanto Sánchez como Casado para llegar a un consenso, como siempre ha sucedido entre PSOE Y PP, el Presidente, a instancias del Vicepresidente populista, opta por el atajo de romper las reglas de juego y las garantías consecuentes para la ciudadanía, bajando a su antojo la mayoría parlamentaria cualificada y diseñar así un CGPJ que para sus intereses sea el más idóneo. Estamos en la antesala de una peligrosa evolución de un sistema democrático hacia un sistema autoritario (Venezuela, Polonia o Hungría podrían servir de ejemplo) que, una vez implantado, se hace muy difícil reconvertir. No extraña pues que el PP, es decir, la oposición, califique la medida de “dictatorial” (igual hubiera calificado el PSOE si se le hubiera ocurrido hacerlo a Rajoy) pues no cabe en democracia saltarse los controles para cambiar el Poder Judicial desde el Ejecutivo sin mayoría cualificada y burlando la Constitución. Lamentablemente Sánchez ha cedido ante las presiones de Iglesias para imponer el modelo de éste, y tras negociar con él da la orden “personal” en plena investigación judicial de su Vicepresidente, eludiendo todos los controles, con lo que, si prospera, la coalición y sus socios de investidura podrán nombrar un gobierno de los jueces a su medida con solo la mayoría absoluta del Congreso, desconcertando dicha maniobra no sólo a los ministros más moderados (y más democráticos), sino también a los magistrados de la UE que critican el acoso a la independencia judicial. De momento el CGPJ desafía el rodillo de Sánchez y cubrirá las vacantes (Lesmes propondrá este mes los nuevos  presidentes de los tribunales superiores), mientras la judicatura se rebela y considera antidemocrática la reforma legal que pretende el Ejecutivo. Por su parte Casado alerta hoy en Bruselas del “asalto” y “atropello” a la separación de poderes en España, dado que el mismísimo PSOE pidió “no dar un euro” a Hungría y Polonia, cuyos ejecutivos de ultraderecha atacaron igualmente a la Justicia en sus respectivos países. Es más, Polonia plantea a la UE sancionar ahora a España por el golpe al CGPJ, mientras hasta los socios del gobierno social-comunista de España (PNV, ERC y Más País), que apoyaron la  investidura también cuestionan esta reforma exprés de la ley, no ya porque sea antidemocrática (algunos de ellos son totalitarios), sino porque crea un peligroso precedente: ¿qué sucedería cuando gobierne en España la derecha o la extrema derecha? En efecto, en el futuro cualquier gobierno, del signo que sea, podría modificar a su antojo el CGPJ sin la pertinente mayoría cualificada que se requiere ahora…..¿lo defendería entonces PSOE y Podemos desde la oposición? Sinceramente, creo que no. Para colmo este..... 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