ALGO ES ALGO

                        Llegado el día de la impresentable e insólita investidura telemática de Puigdemont, llegada la hora de la farsa democrática, Torrent, el Presidente del Parlament y perteneciente al bando de ERC, aunque mantiene la indecente candidatura del prófugo ex president de la Generalitat, Puigdemont, decide aplazar indefinidamente la esperpéntica investidura, generando con ello división, bloqueo y tensión en el siniestro mundo totalitario independentista. Algo es algo. En efecto, Torrent, que, para aplacar a los suyos, carga contra el Tribunal Constitucional, se pliega a las indicaciones del mismo y, a diferencia de lo que hizo su antecesora Forcadell, no se atreve a mantener la felonía antidemocrática que le exige muy especialmente JxC y su mentor Puigdemont, en sintonía total con las antisistema y revolucionarias CUP, evidenciando con semejante decisión la soterrada división del totalitarismo soberanista, especialmente en las filas de ERC y del PDeCat, genuinos representantes de la izquierda y la derecha catalana, unidos cínicamente por el fracasado “procés” que iniciara en su día Artur Mas, traicionando al tradicional nacionalismo burgués catalán al pasarse al radical independentismo revolucionario. Algo es algo, pues; aunque no todo lo que debiera ser. Unos quieren volver a la normalidad democrática, para defender su proyecto nacionalista, y otros quieren mantenerlo en las trincheras totalitarias transformado en independentismo golpìsta; pero ninguno quiere hablarles con claridad y honestidad a los catalanes y, por temor a perder apoyos electorales para mantenerse en el chollo, todos prefieren venderles la entelequia de un maravilloso e idílico proyecto de unidad, despojado de cualquier matiz ideológico en términos políticos tradicionales, que les conducirá de forma angelical a esa Arcadia feliz inexistente en términos de racionalidad. Pero claro, el desmantelamiento del golpe de Estado tras la ilegal proclamación de independencia o, lo que es lo mismo, el momentáneo triunfo del Estado de Derecho sobre el golpismo totalitario, ha provocado que ahora, investigados todos ellos por la Justicia, mientras unos han de defender desde la cárcel, o en libertad bajo fianza, tan angelical “movimiento nacional” golpista de corte franquista, otros, huidos como ratas, lo defiendan tomando cervezas desde Bruselas y viviendo de lujo en la distancia, compartiendo fiestas con sus colegas flamencos de extrema derecha; y, por si no fuera suficiente, encima les exigen a los que siguen aquí que, como ellos, sigan delinquiendo e invistan telemática, ilegal, irracional e indecentemente al jefe de la banda, Puigdemont, quien cobardemente se niega a comparecer, como sus compañeros no fugados, ante los tribunales de Justicia para dar cuenta de sus presuntos graves delitos. No en vano dicen desde ERC que.... (sigue leyendo en

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UN DAÑO IRREPARABLE

                        Tras la decisión del Gobierno de España de interponer un recurso contra la esperpéntica investidura del prófugo Puigdemont para evitar “un daño irreparable” (pese a no contar con el aval del Consejo de Estado, que, en todo caso no es vinculante) y defendiendo que tenía que pedir a los jueces evitar que el candidato fugado de la Justicia logre ser President de Catalunya, asumiendo el riesgo de que el Tribunal Constitucional tumbara dicho recurso y alegando tener “la certeza” de que el prófugo ex president tratará de ser investido sin acudir al Parlamnt, lo que propiciaría una “crisis prolongada” y tener que mantener vigente el artículo 155, se desencadena una absurda polémica, absurda e interesada, en los medios de comunicación, mientras el Alto Tribunal estudiaba con serias dudas el escrito gubernamental y, entretanto, aparece cierto malestar en el Consejo de Estado, asegurando algunos de sus miembros que, pese a que el jueves hubo pleno, la Comisión permanente no avisó de que iban a emitir un informe contrario a frenar la discutida y discutible candidatura propuesta por el Parlament, pues “no sabíamos que se votaba nada”. El Parlament por su parte mantenía la sesión del día 30 a la espera de la admisión a trámite de la petición del Gobierno por el TC, que anularía dicha sesión de investidura y obligaría a que la Cámara se retractara. Finalmente el Constitucional, tras una maratoniana jornada, decide por unanimidad aprobar un dictamen intermedio al no suspender la sesión parlamentaria de investidura pero sí prohibir investir a distancia a Puigdemont, quien, si quiere ser investido, deberá acudir en persona a la sesión parlamentaria y con autorización previa del juez, prohibiendo asimismo el voto delegado de los consejeros fugados. En definitiva, el TC cierra todas las vías para investir a Puigdemont y, aunque no satisface plenamente las pretensiones del Gobierno de España, prohíbe por unanimidad una investidura telemática o por delegación, advirtiendo además al Parlament de que tampoco puede permitir que el prófugo se presente en la Cámara sin aval judicial. Finalizan así los dos días de pánico en La Moncloa (y de satisfacción en el oscuro mundo secesionista y sus voceros mediáticos), pues, al parecer, Santamaría había ideado una “creativa respuesta jurídica” y había convencido a Rajoy de ella sin informar al resto del Gobierno, que, ante las dudas y la polémica mediática y política generada, temía un rechazo rotundo por parte del Alto Tribunal y la no admisión a trámite del recurso, para mayor regocijo de los secesionistas y mayor descrédito del Ejecutivo en tan delicado momento, aunque tras estas amargas incertidumbres el Gobierno, tras conocer la decisión final y unánime del TC, lo celebra, pues disipa determinadas dudas sobre la sesión de investidura, que se mantiene para mañana, y aleja claramente el “daño irreparable” de una hipotética investidura fantasmagórica a favor de un personaje ausente y fugado de la Justicia o aparecido contra viento y marea por arte de magia durante la sesión. No en vano las palabras del Rey Felipe  en su primera entrevista a los 18 años, siendo Príncipe, recobran hoy la máxima actualidad cuando.... (sigue leyendo en

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PREVENCIÓN DELINCUENCIAL

                        Tengo el convencimiento de que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles honrados, que son casi todos, están hasta las narices de la inseguridad ciudadana causada por delincuentes de todo tipo, que delinquen reiterada y descaradamente, sin que el Estado de Derecho les ampare con medidas preventivas contundentes contra ellos para garantizarles la necesaria seguridad individual y colectiva a que tienen derecho en una sociedad democrática civilizada. Sucesos trágicos recientes como, entre otros muchos, el asesinato de Diana Quer, el homicidio de una pareja de ancianos a manos de tres menores de edad, el acoso reiterado y violento por razones xenófobas o sexistas, así como otro tipo de conductas delincuenciales en el ámbito económico y político, que peligrosamente atentan contra la buena salud de nuestra convivencia en paz y libertad democrática, como la corrupción económica o el desafío reiterado y peligroso al Estado de Derecho, evidencian las carencias flagrantes de tipo legislativo en materia de prevención delincuencial que, curiosamente, tanto echamos de menos a toro pasado cuando ya es inevitable remediar las trágicas consecuencias por haberse producido los previsibles delitos a manos de personajes con un historial delictivo que, a todas luces, presagiaba el fatal desenlace, pero que gozaban de plena libertad gracias a una legislación permisiva o a negligencias intolerables, dando la sensación muchas veces de que el sistema legal establecido favorece más a quienes delinquen que a quienes se comportan de forma honrada escrupulosamente. Y como las leyes están para cambiarse cuando no responden a las necesidades globales de la ciudadanía, no extraña la creciente demanda, entre otras, a favor de reformar la legislación de menores, de mantener la prisión permanente revisable o de clarificar la aplicación de prisión provisional preventiva que en la actualidad depende excesivamente del criterio discrecional del juez sobre la peligrosidad de fugarse, de destruir pruebas o de seguir cometiendo delitos que pueda tener el encausado (de ahí, por ejemplo, que algunos presuntos delincuentes por el mismo caso estén en prisión provisional y otros en libertad condicional). Ya sabemos que la seguridad ciudadana no se puede garantizar al cien por cien, pero también sabemos que, tal como está el patio, hay que hacer un mayor esfuerzo legislativo en la prevención delincuencial, pues endurecer las medidas preventivas, tanto legales como policiales, cuando hay claros indicios de presunta comisión de graves o muy graves delitos, no supone para nada menoscabar los derechos individuales de sus presuntos autores, sino más bien alejar el peligro de que sean menoscabados derechos fundamentales de las posibles víctimas como el derecho a la vida, a la igualdad, a la no discriminación, a la integridad física, entre otros por el estilo. Obviamente, sólo los delincuentes o presuntos delincuentes, han de.... (sigue leyendo en

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