UN MUNDO AL REVÉS

                             La alianza para aprobar los Presupuestos, salvados finalmente en 96 horas con dos reuniones discretas de vértigo entre el Gobierno y ERC y PNV, que marcaron la recta final de la negociación, nos vende un insólito escenario político de un mundo al revés en el que los partidos constitucionalistas moderados son señalados como fascistas y enemigos de la gobernabilidad, mientras los partidos radicales secesionistas y los nacionalistas vascos de derechas lo son como adalides progresistas y héroes responsables de la defensa de la gobernabilidad en España a la que, por cierto, quieren destruir. En definitiva, un mundo al revés, pivotado por Sánchez e Iglesias que para conseguir sus apoyos, obviamente no gratuitos, han tenido que hacer preocupantes e inquietantes concesiones a la derecha peneuvista, a los ahora socios secesionistas y a los abertzales de Bildu, aunque éstos por conveniencia estratégica hayan permanecido en la sombra de la negociación. Y en este insólito mundo al revés, caben obviamente todos los reveses e incongruencias posibles, entre ellas que ERC, ferviente defensor de la descentralización total, incluso de la política, para conseguir la independencia de Cataluña, se erija ahora en defensor del centralismo españolista más radical en lo referente a la armonización fiscal que él mismo ha exigido para dar su apoyo a los Presupuestos; que el PP, especialmente el de Madrid, principal afectado por la citada armonización, aparezca como eufórico defensor de la descentralización fiscal para seguir apostando por su política de bajada de impuestos; y que el PNV defienda cínicamente la armonización fiscal siempre que al País Vasco se le deje como está, es decir, con el privilegio del cupo, pues, según Urkullu “el cupo vasco no se toca”, mientras ERC, que lo que realmente quiere es contar en Cataluña con los mismos privilegios fiscales de Euskadi, no dice nada sobre el cupo vasco y navarro acerca de su apuesta por la armonización fiscal que sólo afectaría al resto de territorios españoles. Obviamente la reacción del PP no se ha hecho esperar, pues Madrid, gobernada por los populares, es la autonomía con más bajos impuestos autonómicos y, salvo que dicha armonización fiscal fuera a la baja, considera que el insólito objetivo centralizador de ERC, respaldado por el PSOE de Sánchez, lo que pretende es sabotear Madrid, obligando a su gobierno a renunciar a su política impositiva que económicamente le está dando muy buenos resultados, mientras Cataluña, cuya deuda es la única de España que las agencias de “rating” siguen calificando como “bono basura”, se sigue hundiendo en la miseria a causa de la política errática del secesionismo que propugna el Govern secesionista (más de 3.000 empresas fugadas de Cataluña tras el 1-O se han establecido en Madrid). Así las cosas en este mundo al revés, el PP se rebela enérgicamente contra el pacto de Sánchez con ERC, propulsora de la propuesta fiscal armonizadora, mientras las CCAA gobernadas por los populares respaldan a Ayuso y reivindican su modelo fiscal y Casado manifiesta “vamos a dar la batalla, seguiremos bajando impuestos”, mientras Ayuso deplora que el Gobierno quiera “enfrentar territorios”.  Curiosamente en la actualidad, mientras el País Vasco retiene todo lo que recauda, Cataluña retiene el 54% y Madrid el 22%, con lo que, en realidad, de las tres CCAA con más renta per cápita la de Madrid es la que se queda con menos dinero del que recauda en su territorio. Así las cosas, desde Ciudadanos, que finalmente votará en contra de los Presupuestos por las cesiones al separatismo, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, manifiesta “haremos lo contrario que Sánchez para seguir siendo la locomotora” pues “es obsceno tener superávit y cobrar impuestos a quien lo está pasando mal”. Por su parte Cristóbal Montoro, ex Ministro popular de Economía, se pregunta “¿para qué hay autonomías si armonizan la fiscalidad?” y desmiente que él apostara por igualar los impuestos asegurando que “no deja de tener su aquel que digan que defiendo la armonización de Patrimonio y Sucesiones cuando fui yo quien los cedió”. Y mientras Ábalos ofrece a Podemos prohibir los desahucios durante la alarma y mientras se pone en riesgo el gran centro de escuchas del CNI en el norte con la cesión del cuartel de Loyola, otras de las exigencias del nacionalismo para apoyar los Presupuestos, el ex presidente Felipe González aparece en este mundo al revés y manifiesta que “Rubalcaba sí tenía un proyecto político” y que “si la pregunta es si yo estaría dispuesto a pactar con Bildu y ERC, la respuesta es no”, sentenciando que no está dispuesto a callar, guste o no su opinión en el PSOE y en el Gobierno…..Y es que en este mundo al revés, donde no...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

 

POR FIN PRESUPUESTOS

                             Al margen de las valoraciones a favor o en contra que se pueda hacer sobre el contenido lo cierto es que para la estabilidad gubernamental es bueno, casi imprescindible, que haya unos Presupuestos para saber cuánto, cómo y en qué nos vamos a gastar nuestro dinero, siempre escaso, durante el año. Y el Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias ha conseguido por fin poner en marcha los de 2021 con el apoyo de PNV, ERC y Bildu alejando así el apoyo de Ciudadanos, aunque Arrimadas siga dialogando hasta el final. Sin embargo, como quería especialmente Iglesias, los Presupuestos saldrán con el apoyo de quienes auparon la investidura, mientras el PSOE insiste en blanquear el pacto con Otegi y éste homenajea a la etarra extraditada que el juez envió a prisión, en tanto que Iglesias, que siempre se sale con la suya, elimina de los PGA el plan contra la pobreza para Canarias, y Casado, asumiendo ya que la legislatura será larga, abre contactos con PNV para la tramitación de enmiendas y ofrece “cambios” al PSOE, abriéndose a negociar con el Gobierno enmiendas sobre autónomos y pymes y buscando acuerdos con el nacionalismo vasco de derechas para “romper bloques”. Así las cosas, Sánchez se garantiza aprobar las Cuentas, prorrogadas desde 2018, con el apoyo del secesionismo catalán de izquierdas, con los abertzales vascos y con el nacionalismo peneuvista de derechas, conformando lo que llaman unos Presupuestos progresistas, y Ciudadanos, que desprecia el pacto PSOE-ERC porque “son dos miserias”, sigue negociando pese a que Esquerra, PNV y Bildu ya han pactado y a que Otegi retrate a Sánchez, que lo niega, manifestando el líder abertzale que “el pacto abre una ventana a la oportunidad” y reiterando su apoyo. Un pacto nada fácil por el que Sánchez se ha dejado pelos en la gatera a base de concesiones al nacionalismo a cambio de su apoyo, rematando la jugada con el compromiso con ERC de pactar una “comisión bilateral” para armonizar los impuestos autonómicos el próximo año, lo que entre otras cosas atenta contra la autonomía fiscal de Madrid, y con el acuerdo de levantar el control del gasto en Cataluña, lo que permite que la Generalitat, controlada por haber gastado de forma improcedente dinero para el procés, pueda volver a gastar de nuevo sin control alguno. Dos concesiones estrella para que ERC pueda exhibir en las inminentes elecciones catalanas: la primera obligaría a Madrid a subir los impuestos, pues Montero pretende armonizarlos fijando un  mínimo en patrimonio, sucesiones, donaciones y transmisiones para evitar la competencia fiscal a la baja, lo que obligaría a Madrid a subir algunos de sus tributos; la segunda volvería a dejar sin control el gasto de la Generalitat lo que permitiría de nuevo invertir en el ansiado procés secesionista. Obviamente los gobernantes autonómicos madrileños ponen el grito en el cielo, pues no hay que olvidar que Madrid da al Estado 23.000 millones más que Cataluña con menos impuestos, y arremeten contra el apoyo de Sánchez a lo que consideran un ataque de Rufián contra Madrid, advirtiendo Ayuso de que será la “peor pesadilla” de quien toque a sus contribuyentes. En definitiva, un acuerdo con ERC que dispara además un 75% las inversiones en Cataluña, por encima incluso de lo que prevé el Estatut, y con el PNV, que no se queda atrás y arranca la financiación de infraestructuras y el traslado de un histórico cuartel del Ejército, el de Loyola, fuera de San Sebastián, sorprendiéndose incluso los peneuvista de que Sánchez al entregar dicho cuartel, en cuyo lugar se planificarán los pertinentes negocios inmobiliarios, ni siquiera exigiera nada a cambio ya que se cerró la negociación sin que el Presidente exigiera ni una nueva ubicación del mismo, como esperaban los nacionalistas. En todo caso, Sánchez da por hecho que este apoyo nacionalista de vascos y catalanes le blinda en el poder al menos durante tres años y claudica ante Iglesias incluyéndole en la negociación y gestión de los fondos europeos, con lo que el “decreto definitivo” relega a “borrador” el intento de que fuera una comisión ministerial, sin presencia del Vicepresidente, la que lo gestionara……una vez más, la enésima, el Vicepresidente populista pone en aprietos al Presidente socialista que sabe que sin él todo el tenderete se le vendría abajo. Entretanto se desata un...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).

EDUCACIÓN, OTRO INMENSO ERROR

                             El Congreso de los Diputados acaba de aprobar otra nueva ley de Educación, la enésima, conocida como “Ley Celaá”, que, como las anteriores, y ya van ocho en nuestra democracia, se ha elaborado sin consenso alguno con la oposición. Otro inmenso error, como en los casos anteriores, a la espera de que los españoles decidan elegir en su día otro gobierno de signo político distinto para que, como todos los anteriores del signo que hayan sido, elabore una nueva ley educativa, otra más, pues, al parecer, en España un gobierno carece de sentido y autenticidad si no se estrena con una nueva Ley de Educación propia, como sucedía en las viejas tabernas en las que si no tenían su peculiar borracho carecían de autenticidad. Una ley educativa aprobada por 177 votos a favor, sólo uno más de la mayoría necesaria requerida, los del Gobierno y sus socios minoritarios nacionalistas, populistas y radicales que le garantizaron en su día una pírrica victoria para la investidura y que le siguen garantizando permanecer en el poder a costa de determinados peajes, algunos demasiado costosos. Entretanto, según informes y estadísticas internacionales, la Educación en España, que es el pilar de nuestro futuro, sigue inmersa en la más absoluta mediocridad por su baja calidad, ocupando lugares bajos, inferiores a los países de nuestro entorno, en el acceso a la misma (con excesivo abandono escolar, predominio de formación primaria y escasa formación secundaria superior), en el gasto (escaso gasto en términos de PIB y por alumno) y en la calidad (demasiado baja para nuestro nivel de desarrollo según las encuestas y  pruebas internacionales), a lo que se añade la carencia de un modelo educativo común con una progresiva consolidación de diecisiete modelos educativos territoriales autonómicos distintos. Es obvio que la mejora de la Educación en España es una asignatura pendiente a nivel central, pero también es obvio que para ello se requiere una Ley de Educación General ampliamente consensuada, no impuesta por el gobierno de turno como ha venido sucediendo hasta ahora. Craso error pues sacar esta nueva Ley Educativa con un solo voto más de la mayoría requerida, la menor entre todas las anteriores, lo que directamente nos lleva a lo contrario de lo que hay que hacer, por más que la ministra Celaá, haciéndose trampas en el solitario, diga que “la nueva ley cambia una filosofía elitista por la equidad” y que la ley ha sido apoyada por siete fuerzas políticas, todas ellas muy minoritarias, cuando la realidad es que, una vez más, el gobierno de turno impone un modelo educativo a la mitad de los españoles, quienes esperan cambiar el signo ideológico del gobierno para, reincidiendo en el error, imponerle su propio modelo a quienes pierdan las elecciones. La cruda realidad, el inmenso error, es que esta ley incide en la mayor fractura educativa en democracia al ser la menos apoyada de todas las anteriores, mientras el PP, como hizo el PSOE con la actual Ley popular vigente, anuncia que se movilizará en las calles, que las CCAA en que gobiernan impulsarán leyes para eludir los aspectos de la Ley que consideran más lesivos y que interpondrán recursos al Tribunal Constitucional y denuncias ante la UE, en tanto que la RAE reacciona y pide que esta reforma educativa “no ponga en peligro el uso del español en ningún territorio del Estado” tras la indecente concesión hecha a los secesionistas a cambio de su apoyo de que la lengua oficial, el español, en todo el Estado Español deje de ser lengua vehicular en las aulas de algunos territorios, uno de los aspectos más polémicos de la Ley Celaá. En definitiva, al margen de los aspectos positivos o negativos que tenga esta Ley (todas las anteriores los tienen, como es lógico) el inmenso error es no entender que una Ley General de Educación no puede ser impuesta por unos contra otros, ya sea por cuestiones ideológicas o territoriales, pues al final se trata de ese tipo de leyes, como puede ser la referente a la Salud o a las Pensiones, que afectan a toda la sociedad y a todo el Estado y que tienen que garantizar derechos ineludibles a todos los ciudadanos al margen de donde vivan, de su situación económico-social y de lo que piense cada uno de ellos. Ya no es sólo cuestión de si esta Ley ........ (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).

POCOS Y MAL AVENIDOS

                             Cada vez es más evidente que quienes conforman el minoritario gobierno de coalición social-comunista dirigido (es un decir) por Sánchez son pocos y mal avenidos. Pocos, porque para sacar adelante sus objetivos, si es que tiene algunos además de aguantar en el poder, han de recurrir al apoyo, a costa de lo que sea, de otros minoritarios grupos políticos radicales de dudosa escrupulosidad democrática, como ERC o Bildu, cuyo objetivo, junto al de Podemos, es acabar con el actual régimen democrático español y con la unidad territorial de España. Mal avenidos, porque insólitamente cada socio de gobierno, PSOE y Podemos, actúa por su cuenta incluso en asuntos de Estado esenciales para la estabilidad del país y su credibilidad internacional, dando la sensación de que en vez de un gobierno hay dos en uno, con proyectos y objetivos totalmente distintos e incluso totalmente opuestos y contradictorios al extremo de que el Gobierno, como tal, carece de proyecto alguno pues no cabe en la cabeza que frente al Presidente, y su grupo de ministros socialistas, su Vicepresidente, con su grupo de ministros comunista-populistas, juegue permanentemente a la contra públicamente poniendo en riesgo permanente lo que debiera ser un proyecto común gubernamental, pactado y público, a todas luces inexistente. Obviamente, ante semejante desbarajuste, las voces críticas no sólo se disparan en la oposición sino también en los barones socialistas que ven con preocupación una deriva peligrosa de cara al futuro y a la credibilidad de un PSOE que cada vez más se tiene que tragar sapos y culebras con las zancadillas irresponsables que, sin escrúpulo alguno, les pone su socio gubernamental populista, como si se tratara de un grupo político más de la oposición. Sirvan como ejemplos de lo que no se puede hacer los últimos despropósitos del Vicepresidente Iglesias. En efecto, ante la difícil coyuntura del Gobierno minoritario de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto se supone que está pactado previamente entre socialistas y podemitas y que es común, Podemos desafía una vez más al PSOE y sella un nuevo pacto con Bildu, presentando a traición (los ministros del sector socialista ni lo sabían) con los abertzales y con ERC una enmienda anti desahucio a los mismos con el objetivo de “torcer la mano” a los socialistas, con lo que se da la paradoja de que un gobierno, por culpa de una parte del mismo, se enmienda a sí mismo como si se tratara de cualquier otro partido de la oposición. Y, en efecto, ante un patético rebrote de inmigración descontrolada en Canarias, procedente de Marruecos, Iglesias decide boicotear a Marlaska y pide abiertamente un referéndum en El Sahara, complicando la visita del ministro al vecino del Sur en plena crisis migratoria, pues Rabat, que tiene en su mano colaborar con Madrid para reducir los flujos migratorios, avisa a Sánchez de que la actitud de su Vicepresidente Iglesias “no ayuda” en nada a paliar el problema migratorio. Ya ven, palos en la rueda del Gobierno por parte de miembros del propio Gobierno que dificultan la resolución de problemas e incluso los aumentan, creando incluso problemas nuevos. ¿Y qué hace Sánchez frente a las zancadillas irresponsables de su Vicepresidente populista? Pues bien, en vez de hacerle entrar en razón o simplemente romper el acuerdo de Gobierno si persiste en sus traiciones manifiestas, Sánchez sencillamente se harta de los barones socialistas y, en la reunión de la Ejecutiva del Partido, los manda callar, abroncando a los críticos, desautorizando a los socialistas históricos y negando un evidente acuerdo presupuestario con Bildu, que, entre otros, Alfonso Guerra califica de “despreciable”. Mientras tanto Iglesias sigue campando a sus anchas imponiendo sus políticas y su estrategia de socavar al PSOE como si su partido, Podemos, no fuese gubernamental y estuviera aún en las calles formando parte del histórico Movimiento 15-M, sin entender que no se puede estar a la vez repicando y en misa, que no se puede ser a la vez gobierno y oposición, que gobernar supone asumir determinados costes ya que muchas veces hay que optar por decisiones complejas antipopulares, y que si está en el gobierno es porque él mismo libremente lo ha querido, lo que le obliga a gobernar con lealtad y no a dejar en entredicho a su socio gubernamental mayoritario, el PSOE, mediante demagogias baratas para que aparezca ante la opinión pública como el malo de la película y él quede como el bueno. No en vano, las...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).

 

UN NUEVO RÉGIMEN PARA ESPAÑA

                             Sánchez supera el primer trámite parlamentario de los Presupuestos con minoría holgada pero inestable gracias a los separatistas de ERC y a los abertzales de Bildu, lo que ha desatado un descontento generalizado no ya sólo en las filas de la oposición sino también en las del propio PSOE, pues el objetivo de encarar tres semanas clave para blindar la legislatura (y la permanencia de Sánchez en el poder) no puede ser, por licito que sea, a cualquier precio como es pactar con partidos que quieren destruir España y su actual régimen democrático y que incluso se permiten hacer gala de esta intención. La legítima ambición de Sánchez por permanecer en el poder no puede ser a costa de la ruina del futuro de España y, menos aún, justificarlo porque, según él, los partidos democráticos de la oposición le abocan a ello al no prestarle su apoyo parlamentario, pues en democracia cualquier Gobierno, antes de caer en la ignominia, siempre tiene la capacidad de convocar elecciones para que sea el pueblo quien decida qué hacer cuando los representantes elegidos no dan la talla y son incapaces de llegar a acuerdos democráticos razonados y razonables, que, en ningún caso, debieran avalar objetivos atentatorios contra el futuro de nuestra convivencia en paz y libertad. No en vano Arrimadas, en situación complicada, deja en evidencia al Presidente, ausente en el Parlamento durante el debate de las enmiendas, y, resistiendo presiones internas y externas, le tiende la mano rechazando las enmiendas para que las cuentas sigan adelante y no las pacte con ERC y Bildu, aunque le advierte de que “si lo hacen jamás podrán volver a decir que no tenía otra alternativa”. Ya no hay excusa, pero Sánchez lo tiene ya claro y decidido a pesar de que el pacto con tan peligrosos compañeros de viaje haya provocado reacciones en contra incluso por parte de algunos de los barones socialistas que no dan crédito a semejante despropósito, como es el caso, entre otros, de Vara o de Page, quien manifiesta que “lo de Bildu no tiene pase”, por lo que Ferraz, indecentemente, les acusa de trabajar para el PP, sencillamente porque alzan su voz contra los socios impresentables que Sánchez ha elegido, a los que ensalza el número dos del PSOE sanchista, Ábalos, manifestando que “Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP en los Presupuestos”. En definitiva, ignominiosamente, Bildu es catapultado por el Gobierno a la categoría de partido de Estado, incluso por encima del PP, sencillamente porque se presta interesadamente a sostener a Sánchez en el poder que es la estrategia primordial de Moncloa en estos momentos. En efecto, el Gobierno de coalición lo tiene claro pues desde el PSOE sanchista “la clave es salvar los Presupuestos, los barones no están a la altura” y desde Podemos “hay que quitar el estigma a Bildu y habrá diez años de gobiernos de izquierdas” pues estar en el poder el máximo tiempo posible no es sólo el objetivo prioritario del gobierno sino que es el único objetivo, al que hay que someter cualquier otra consideración. Todo el que no apoye el pensamiento único de Sánchez, cada vez más influenciado por Iglesias, se convierte en un fascista retrógrado, enemigo de la democracia y la libertad, aunque sean barones actuales del socialismo o socialistas de toda la vida que dirigieron el partido desde la Transición, cuando el partido era el PSOE, cuando, incluso, algunos dieron hasta su vida por consolidar un régimen democrático de libertades en España como el que tenemos al que se oponía el totalitarismo de ETA, cuyos herederos, desde Bildu, se convierten, ya ven, en demócratas de toda la vida sin condenar siquiera la tragedia y el dolor que sus ancestros trajeron a nuestro país, y cuando, incluso ahora, mientras Sánchez pacta con ellos no tienen reparos en manifestar que “vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen” tal como manifiesta Arkaitz, el nuevo Otegi y diputado de Bildu en el Parlamento Vasco, que pasó ocho años en la cárcel por pertenecer a ETA, mientras el partido del viejo Otegi, el de siempre, presume de “la victoria de Euskal Herría” y mientras Prisiones traslada a Txapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, a un módulo de presos comunes, y el Ministerio de Interior sigue acercando presos etarras al País Vasco, entre ellos a Azurmendi, quien brindó con sidra tras asesinar a tiros al matrimonio Jiménez-Becerril, sin haber pedido jamás perdón por semejantes atrocidades. Es el patético rastro de..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).

 

LA ANSIADA VACUNA

                             En plena escalada de contagios por coronavirus Pfizer, la farmacéutica que creó Viagra, enciende el optimismo mundial afirmando que su vacuna, en fase ya muy avanzada, muestra una eficacia de más del 90% y que en muy poco tiempo estará disponible, alentando así la esperanza de acelerar la ansiada inmunización frente al virus. “Queremos tener 50 millones de vacunas en diciembre” dice el matrimonio de inmigrantes turcos fundadores del laboratorio BioNtech y descubridores de la citada vacuna, disparando con su anuncio las Bolsas mundiales (el Ibex vive su mejor día en diez años, con 39.046 millones de ganancias, gracias al subidón del turismo, banca e inmobiliarias), mientras la UE negocia ya la compra de dosis para tenerla a disposición lo antes posible (Pfizer tendrá 1.300 millones de vacunas covid en 2021) firmando el reparto de 200 millones de dosis, cuya adjudicación por países se hará por criterios de población, mientras en España, que empieza a preparar una campaña record de vacunación, Sanidad prepara la logística para transportar el medicamente en tanques de congelación y Pfizer se compromete a distribuir las dosis ultra-congeladas en los centros. Sin duda una extraordinaria noticia, mientras otros laboratorios luchan por conseguir igualmente su vacuna lo antes posible para afrontar esta pandemia que está haciendo estragos por todo el mundo como jamás hubiéramos podido imaginar. En España, donde uno de cada diez fallecidos en esta segunda ola es menor de 65 años, Sanidad registra un record de 512 muertes el fin de semana y 411 en un día, volviendo las defunciones por covid al nivel de la etapa de confinamiento, mientras Simón avisa que la cifra “es posible que siga subiendo” pero vuelve a presumir de que los contagios se estabilizan. La triste realidad es que varias CCAA superan las muertes de la primera ola de la pandemia (Andalucía, Asturias, Ceuta y Melilla notifican más fallecimientos diarios), cuando el Gobierno, tal como venía pidiendo la Comunidad de Madrid, decide ahora exigir una PCR negativa a quienes viajen desde países de riesgo y Hacienda, por fin, cede a rebajar el IVA de las mascarillas del 21% al 4%. Dos decisiones que han venido generando una polémica en los últimos tiempos y que por fin nos sitúan como la mayor parte de nuestros vecinos que las venían aplicando en sus respectivos territorios. En efecto, el Gobierno exigirá PCR en los aeropuertos meses después que otros países de Europa, por lo que lo exigirá a todos los viajeros internacionales que lleguen de zonas de riego a partir del próximo 23 de noviembre. Y en efecto, el Gobierno también recula en el asunto del IVA a las mascarillas para situarse en el bando de la mayoría de países que aplican desde hace meses un IVA reducido (0% en Italia, Bélgica, Países Bajos y Finlandia; 5% en Alemania, 5´5% en Francia, 6% en Portugal y Grecia) , mientras España con el 21% de IVA integraba el pequeño grupo de países más voraces del IVA, junto a Reino Unido con el 20% y Eslovenia con el 22%; curiosamente la excusa del Gobierno para resistirse a rebajar el IVA de las mascarillas era el impedimento que venía de la UE cuando sabía desde mayo que Bruselas no multaría a los países que bajaran el IVA tal como hicieron los anteriores países citados, en definitiva, un afán recaudatorio que ha obligado a que los españoles hayamos pagado 1.176 millones de más…..pero, en fin, más vale tarde que nunca. Lo lamentable es que el Gobierno de Sánchez, que si quería recaudar el 21% de IVA en mascarillas está en su perfecto derecho, se haya escudado en una prohibición de la UE para hacerlo cuando la Comisión Europea informó en mayo de que no iniciaría procedimientos de infracción contra aquellos países miembros que decidieran reducirlo a pesar de que se trata de una medida que en circunstancias normales impide la normativa comunitaria vigente sobre este gravamen; y lo indecente es venir argumentando que Bruselas le impedía bajar el impuesto, cuando no era cierto, para, una vez tener que bajarlo por presión popular, apuntarse el tanto de que ha sido una iniciativa gubernamental que se materializa cuando se ha tenido la garantía por escrito de la UE de que no se multaría a España por ello como respuesta a una consulta hecha por el Gobierno español hace bien pocos días. Si se quería tener de la UE esta...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

 

EL MINISTERIO DE LA VERDAD

                             La preocupación por perseguir las noticias falsas y la desinformación, cada vez más abundantes en los medios y en las redes sociales, no puede ser la excusa en ningún caso para que el Poder Ejecutivo, del signo ideológico que sea y en el país democrático que sea, pretenda limitar la libertad de expresión e información, por lo que, obviamente, es saludable para la democracia circunscribir siempre la cuestión al ámbito judicial mediante una legislación, ampliamente consensuada, más contundente y más precisa en la tipología de los delitos y con un sistema judicial con más medios que la haga más ágil y eficiente a la hora de decidir sobre las demandas interpuestas al respecto. Sin embargo los distintos Ejecutivos, en general y especialmente si tienen tendencias populistas totalitarias, caen en la tentación de circunscribir el asunto a su círculo interno para gozar de un mayor control de la “desinformación” mediante un “procedimiento” más o menos confuso, como sucede en España en estos momentos. En efecto, Moncloa activa un plan para vigilar a los medios en Internet y crea un “comité contra la desinformación” que dirigiría Iván Redondo, Jefe de Gabinete de Sánchez, para vigilar lo que considere desinformación; en definitiva, una especie de “Comité de la Verdad” para permitir que el núcleo duro del Ejecutivo (en este caso de Sánchez) vigile los contenidos informativos y decida si es “desinformación” o información veraz, abriendo la puerta a examinar la libertad y pluralidad de los medios. Obviamente, contra la preocupante iniciativa gubernamental, las asociaciones de prensa avisan del riesgo de censura, los editores creen que puede ir contra la Constitución y Bruselas se pone en alerta de nuevo (anteriormente lo hizo cuando Sánchez pretendía cambiar las reglas para renovar el CGPJ), avisando desde el Parlamento Europeo de que “su diseño no tiene amparo en las iniciativas de la UE” ya que, por lo visto, se ampara en una norma europea que está bloqueada y que, en todo caso, sólo se refiere a supuestos de terrorismo, mientras la Comisión Europea incluso censura que se apruebe en pleno estado de alarma. Perseguir las noticias falsas y la desinformación, sí; pero hacerlo poniendo en riesgo la libertad de expresión mediante la censura, no. Es muy delicado y peligroso regular la “verdad” y la “mentira” dejando al Poder Ejecutivo la potestad para ello con tendencia a un claro totalitarismo indeseable para la democracia. La oposición está en contra de semejante iniciativa del gobierno de coalición, mientras tanto PSOE como Podemos lo apoyan con absoluta contundencia, manifestando que la pretensión no es la censura sino el amparo del derecho a una información verdadera y no falsa. Paradójicamente Pablo Iglesias, cuando en 2018 el Gobierno de Rajoy proponía una iniciativa contra la desinformación, acordada previamente con el PSOE y Ciudadanos (ésta de ahora carece incluso de acuerdo alguno con la actual oposición), denunciaba la iniciativa con el contundente argumento de “que el Gobierno decida qué información es verdad es el adiós de la libertad de expresión y de la democracia”, con lo que sin duda podemos estar de acuerdo, mientras ahora, como es él quien está en el Gobierno defiende la iniciativa de Sánchez sin rubor alguno. Ya ven, lo que no cambia es la facilidad de Podemos para asegurar que todas las maniobras para desinformar son exclusivas del espacio político de la derecha, cuando hay muchos antecedentes de que la mentira es una herramienta más de todos los bandos en la estrategia por conseguir o retener el poder. Obviamente con este argumento maniqueo de buenos y malos por arte de magia, se entiende que Pabló Iglesias ataque la creación de un “Ministerio de la Verdad”, como él calificaba la iniciativa de Rajoy, pactada entonces previamente con el resto de la oposición, cuando él está en la oposición y avale ahora lo contrario cuando está en el Gobierno; ¡qué dirá cuando vuelva a estar en la oposición!, la respuesta es obvia. Si antes el mismísimo Iglesias acusaba al PP de querer crear un “Ministerio de la Verdad”, ahora lo defiende sin rubor alguno cuando la pretensión del actual Gobierno de coalición, al que él pertenece, establece un procedimiento de actuación contra la “desinformación” que incluye, entre otras cosas, “examinar el pluralismo de los medios” para evitar las “fake news”…..si antes Iglesias acusaba a Rajoy de pretender “decidir qué es verdad” y lo señalaba como “el adiós de la libertad de expresión y de la democracia”, denunciando que la perversa derecha trataba de crear un “Ministerio de la Verdad” porque el Gobierno de Rajoy tramitaba, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, una ley de seguridad nacional, que incluía la “desinformación” entre las amenazas a la integridad de España, ahora no tiene....... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).

 

¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE?

                             Mientras los contagios y muertes por coronavirus siguen creciendo en los diferentes territorios de España, al extremo de que ya hay quienes vaticinan un colapso sanitario si no se toman medidas más drásticas contra la propagación del virus, se tiene la sensación de que nuestros gobernantes, tanto a nivel nacional como autonómico, andan más preocupados de quitarse de encima las responsabilidades, que como gobernantes tienen, que de asumirlas con total crudeza al margen del coste político que les pueda acarrear si, acertadamente o no, decretan medidas impopulares, cuando nada hay más impopular que soportar el progresivo avance de los contagios y sus trágicas consecuencias. En efecto, sin que se entienda muy bien, el Gobierno de Sánchez niega a Asturias y Melilla un confinamiento en los domicilios, argumentando que no quiere “competiciones” porque no se trata de “quién toma la medida más dura”, pero a la vez esquiva el mando único, del que disfrutó en la oleada de marzo durante cuatro meses, lo que deja en el aire cualquier solución, cuando el Principado denuncia que no puede esperar más y, con arreglo a lo que puede hacer, decreta el cierre de la hostelería “antes de que colapse el sistema”, mientras otras autonomías, como Castilla-La Mancha, por seguir citando a las gobernadas por socialistas, exigen a Sánchez una “estrategia nacional” en vez de diecisiete. En definitiva, Illa rechaza el confinamiento domiciliario tras pedirlo Asturias sencillamente porque “no está previsto”, cuando España registra el peor fin de semana de la segunda ola con 379 fallecidos por covid y más de 55.000 contagios…..y mientras las CCAA presionan para empezar ya los confinamientos el Gobierno pide esperar a ver la eficacia de las medidas adoptadas y, en todo caso, descarta un cierre total, aunque rectifica finalmente y ahora no descarta ya el confinamiento domiciliario, pero Sanidad se da quince días más para decidir al respecto. Lamentablemente el virus no entiende de estrategias ni de esperas para seguir matando. Es obvio que, al margen de la bonanza o no de un confinamiento domiciliario, lo que está en el aire es la pregunta de “¿Quién será el responsable?” de la gestión de la pandemia que, de momento, no ha de ser muy buena cuando ha dejado a España en déficit de médicos especialistas, en medio de un desierto legislativo que impide a las CCAA tomar las decisiones que consideren oportunas, cuando tienen transferidas las competencias de Sanidad, salvo que, incluso en pleno estado de alarma, el Gobierno central, que no quiere apechugar con la gestión de la pandemia como hizo en marzo, decida autorizar a los presidentes autonómicos para decretar en sus territorios los confinamientos domiciliarios. Al final queda todo en un “quiero y no puedo” en plena revuelta de las CCAA contra Sánchez, teniendo claro que, en definitiva, “será el responsable del colapso”, mientras el PP se muestra partidario de apoyar en el Congreso un estado de alarma o modificar el actual para un confinamiento total en aquellos territorios en que científicamente se demuestre que se hace urgente y necesario aplicarlo para atajar la pandemia. Entretanto Sanidad de nuevo vuelve a cambiar por tercera vez el criterio para contabilizar a los muertos y añade 1.623 más, mientras se genera un malestar con Simón por hacer unas chistosas declaraciones sobre las enfermeras de inaceptable tono machista. Por su parte el Gobernador del Banco de España hace una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, que están a punto de discutirse en el Congreso, desmontando el cuadro macro al no dar credibilidad ni a los ingresos ni a los gastos que plantean y criticando la subida generalizada a los funcionarios y animando a hacerlo sólo a los sanitarios. Y es que a esa pregunta de “quién será el responsable” de la gestión y las consecuencias de la pandemia, hay que añadirle además quién lo será también de la ruina económica y social en que estamos inmersos cuando todo apunta a que seremos el país de la UE que tardará más en recuperarse y el más damnificado. De momento...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

Y LLEGAN LOS DISTURBIOS

                             El desencuentro entre los principales partidos políticos, la variopinta forma de afrontar la pandemia con el desentendimiento del Gobierno para pilotar la crisis en favor de las CCAA y el progresivo deterioro social, sanitario y económico se están convirtiendo en un verdadero caldo de cultivo para que los radicalismos violentos campen a sus anchas y, ¡cómo no!, proliferen los disturbios callejeros contra las restricciones sin que sus protestas tengan un destinatario concreto, ya sea el Ejecutivo Central o el pertinente Gobierno autonómico, lo que dificulta aún más un futuro inmediato en paz y libertad de los españoles. En efecto, en una veintena de ciudades españolas miles de vecinos salen a la calle contra las restricciones y lo hacen de forma violenta, enfrentándose a la policía y destrozando bienes públicos, mientras los agentes, que no hallan conexión entre los diversos grupos, detienen a 56 personas por los incidentes del pasado sábado, constatando que, en general, se trata de manifestantes españoles, menores de 25 años, extremistas de izquierdas o derechas, delincuentes, víctimas del cierre de negocios, neonazis, radicales de barrios obreros, ultras del fútbol y negacionistas. Entretanto PP y Vox ratifican su divorcio sin vuelta atrás, pues, mientras Casado rechaza las protestas en la calle, Vox le acusa de colaborar con Sánchez e Iglesias, en tanto que Podemos y Vox se enfrentan por los disturbios callejeros. En definitiva, PP y Vox chocan por las protestas y Podemos las usa para fortalecerse en el Gobierno, como si gobernar en coalición no fuera con ellos. Por su parte Sánchez, cuyo Gobierno permite sólo a Madrid cerrar sólo durante el puente (el Consejo Interterritorial estudiará la duración de las limitaciones a la movilidad), junto al resto de ministros, dejan solo a Illa en el Congreso durante la aprobación del decreto para extender el estado de alarma hasta el 9 de mayo, dándole un verdadero portazo a la Cámara Legislativa para seis meses de pandemia, pues en ese tiempo sólo dará explicaciones tres días, cuando en la propia Constitución se establece que cada quince días hay que comparecer en las Cortes mientras se mantiene la excepcionalidad del estado de alarma. No en vano se desata la alerta en la UE, considerando que “España está sumida en el caos político”, al observar Bruselas con preocupación la gestión de Sánchez de la pandemia, exponiéndose Moncloa a otro toque de atención por burlar el control del Congreso. Mientras tanto, ocho de cada diez españoles están confinados durante el puente; cada Autonomía decide sobre su propio territorio las medidas para afrontar el mismo peligro, el coronavirus; Cataluña ordena el confinamiento municipal los fines de semana; se hacen controles tardíos, en Madrid, por ejemplo, aunque el confinamiento entró en vigor a las 00´00 horas la policía no actuó hasta las 14´00 horas; y los ciudadanos andan desconcertados ante la ausencia de un criterio común para toda España…. Y mientras España afronta el problemón como si se tratara de los Reinos de Taifas, que liquidaron en su día la unidad de Al-Andalus, los contagios e ingresos en los hospitales y en UCIs están al máximo de esta segunda ola, los médicos en las UCIs predicen que “aún no es el infierno, pero sí el purgatorio”,  Madrid y Barcelona bordean ya el colapso, España es ya el tercer país de Europa con más mortalidad desde julio, y el Gobierno, que baraja la posibilidad de un confinamiento total, lo fía todo al próximo Consejo de Política Territorial.  Ya ven, sólo faltaba la llegada de disturbios generalizados violentos para poner la guinda a este preocupante panorama, lo que sólo satisface a los radicalismos ideológicos que se mueven en situaciones turbulentas de crisis generalizada como peces en el agua, pues sabido es que, para ellos, cuanto peor, mejor. No extraña que Rafael Matezanz, fundador y ex director de la Organización Nacional de Trasplantes, vaticine que “el contexto político, tan tóxico como el virus, no augura nada bueno”, lo que, en términos generales, podemos compartir todos aquellos que...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)