EDUCACIÓN, OTRO INMENSO ERROR

                             El Congreso de los Diputados acaba de aprobar otra nueva ley de Educación, la enésima, conocida como “Ley Celaá”, que, como las anteriores, y ya van ocho en nuestra democracia, se ha elaborado sin consenso alguno con la oposición. Otro inmenso error, como en los casos anteriores, a la espera de que los españoles decidan elegir en su día otro gobierno de signo político distinto para que, como todos los anteriores del signo que hayan sido, elabore una nueva ley educativa, otra más, pues, al parecer, en España un gobierno carece de sentido y autenticidad si no se estrena con una nueva Ley de Educación propia, como sucedía en las viejas tabernas en las que si no tenían su peculiar borracho carecían de autenticidad. Una ley educativa aprobada por 177 votos a favor, sólo uno más de la mayoría necesaria requerida, los del Gobierno y sus socios minoritarios nacionalistas, populistas y radicales que le garantizaron en su día una pírrica victoria para la investidura y que le siguen garantizando permanecer en el poder a costa de determinados peajes, algunos demasiado costosos. Entretanto, según informes y estadísticas internacionales, la Educación en España, que es el pilar de nuestro futuro, sigue inmersa en la más absoluta mediocridad por su baja calidad, ocupando lugares bajos, inferiores a los países de nuestro entorno, en el acceso a la misma (con excesivo abandono escolar, predominio de formación primaria y escasa formación secundaria superior), en el gasto (escaso gasto en términos de PIB y por alumno) y en la calidad (demasiado baja para nuestro nivel de desarrollo según las encuestas y  pruebas internacionales), a lo que se añade la carencia de un modelo educativo común con una progresiva consolidación de diecisiete modelos educativos territoriales autonómicos distintos. Es obvio que la mejora de la Educación en España es una asignatura pendiente a nivel central, pero también es obvio que para ello se requiere una Ley de Educación General ampliamente consensuada, no impuesta por el gobierno de turno como ha venido sucediendo hasta ahora. Craso error pues sacar esta nueva Ley Educativa con un solo voto más de la mayoría requerida, la menor entre todas las anteriores, lo que directamente nos lleva a lo contrario de lo que hay que hacer, por más que la ministra Celaá, haciéndose trampas en el solitario, diga que “la nueva ley cambia una filosofía elitista por la equidad” y que la ley ha sido apoyada por siete fuerzas políticas, todas ellas muy minoritarias, cuando la realidad es que, una vez más, el gobierno de turno impone un modelo educativo a la mitad de los españoles, quienes esperan cambiar el signo ideológico del gobierno para, reincidiendo en el error, imponerle su propio modelo a quienes pierdan las elecciones. La cruda realidad, el inmenso error, es que esta ley incide en la mayor fractura educativa en democracia al ser la menos apoyada de todas las anteriores, mientras el PP, como hizo el PSOE con la actual Ley popular vigente, anuncia que se movilizará en las calles, que las CCAA en que gobiernan impulsarán leyes para eludir los aspectos de la Ley que consideran más lesivos y que interpondrán recursos al Tribunal Constitucional y denuncias ante la UE, en tanto que la RAE reacciona y pide que esta reforma educativa “no ponga en peligro el uso del español en ningún territorio del Estado” tras la indecente concesión hecha a los secesionistas a cambio de su apoyo de que la lengua oficial, el español, en todo el Estado Español deje de ser lengua vehicular en las aulas de algunos territorios, uno de los aspectos más polémicos de la Ley Celaá. En definitiva, al margen de los aspectos positivos o negativos que tenga esta Ley (todas las anteriores los tienen, como es lógico) el inmenso error es no entender que una Ley General de Educación no puede ser impuesta por unos contra otros, ya sea por cuestiones ideológicas o territoriales, pues al final se trata de ese tipo de leyes, como puede ser la referente a la Salud o a las Pensiones, que afectan a toda la sociedad y a todo el Estado y que tienen que garantizar derechos ineludibles a todos los ciudadanos al margen de donde vivan, de su situación económico-social y de lo que piense cada uno de ellos. Ya no es sólo cuestión de si esta Ley ........ (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).