INDIGNACIÓN GENERALIZADA

                            La sentencia sobre “La Manada” desata una lógica indignación generalizada (según NCReport, el 87´9% de los encuestados la cree “injusta”), frustrando ampliamente las expectativas sociales al respecto, lo que se manifiesta con centenas de manifestaciones multitudinarias a lo largo y ancho de las ciudades y pueblos de España. En efecto, al margen de las razones jurídicas, que las habrá, lo cierto es que la sociedad no entiende que lo acaecido en los Sanfermines se salde por parte de los jueces con una condena de nueve años por abuso sexual al no considerar probada la violación porque requiere violencia e intimidación, cuando se esperaba que la agresión sexual era más que evidente. Y, para colmo, uno de los tres jueces, emite un voto particular, proponiendo la absolución con el argumento de que en el video se ve sexo en un “ambiente de jolgorio y regocijo” y que la víctima tenía “excitación sexual”. En definitiva, los argumentos de la sentencia para condenar a nueve años de cárcel a los cinco jóvenes sevillanos con las penas más duras por abuso, frente a los 22 años que pedía el fiscal por agresión sexual, consisten en que “no hubo intimidación” y sólo ven “una atmósfera coactiva” contra la joven violada, añadiendo que no sufrió violencia ni amenazas ya que “no hubo golpes, desgarros….fuerza eficaz”, aunque admite como hechos probados que “rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión, la denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera” (fin de la cita, que diría Rajoy). Sin entrar en los pormenores y las razones de la sentencia, que es recurrible obviamente y hay que acatar cuando sea firme, ni en los personales presuntos errores que pueda tener cada uno de los jueces y las pertinentes sanciones en caso de que las hubiere, lo que se pone de manifiesto es la necesidad de una reforma del vigente Código Penal Español, uno de los más garantistas del mundo, y así lo han reconocido tanto el Gobierno como los partidos políticos al anunciar que revisarán la legislación actual, mientras psicólogos y psiquiatras se unen a la ola de críticas al fallo que nos ocupa y mientras se genera una alarma ente los jueces por la “excesiva” reacción contra la sentencia, al extremo de que el Presidente del Poder Judicial (no olvidemos que en democracia existe la división de poderes) dice que las críticas políticas “comprometen gravemente” el sistema y “dañan a la Justicia”, en tanto que Fiscalía recurre el fallo. Y es que seguramente no se puede sostener el amplio margen de interpretación por parte de los jueces ante determinados presuntos delitos y las circunstancias que les rodean, como el concepto de violencia, difusamente definidas penalmente. Nada tiene que ver la sociedad actual con la de la primera sentencia firme del Supremo en 1979 en un caso de violación grupal desde que se cambió el Código Penal en el 73, imponiendo una condena de seis años y 5.000 pesetas tras probar que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

BATASUNIZACIÓN DE CATALUÑA

                            Desgraciadamente cada vez arraiga más en la sociedad catalana una intolerable batasunización que va consolidando progresivamente un enrarecido ambiente de convivencia pacífica. Las coacciones contra los que no son nacionalistas, la necesidad creciente de protección policial para determinadas personas y un cierto matonismo violento, cercenando las libertades, son cada vez más frecuentes, evidenciando que, para el proyecto unilateral secesionista, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho son cuestiones meramente instrumentales en tanto en cuanto les sean útiles para conseguir su objetivo. La última prueba de lo anterior se acaba de vivir en la festividad de Sant Jordi, amarilla y reivindicativa, en la que las pintadas en casa del número dos del PSC, el escrache al popular Albiol para no dejarle ni siquiera hablar en público o el ataque con heces a sedes de Ciudadanos, son meros ejemplos que ilustran la manifiesta hostilidad a todos aquellos que no se someten al pensamiento único totalitario independentista. Por otro lado, mientras Rajoy se resiste a profundizar el 155 para restaurar de verdad la democracia en Cataluña, la Fiscalía denuncia a nueve profesores por humillar a hijos de guardias civiles, mientras grupos probilingüismo llevan a la Eurocámara el modelo educativo catalán y el Congreso y el Senado se movilizan para defender España en la UE (tanto Ana Pastor como Pío García-Escudero alertan a sus homólogos europeos del riesgo de contagio del independentismo y toman iniciativa al margen del Gobierno). No es tolerable y debiera ser penalizado tajantemente que, tras el ilegal referéndum del 1-O, determinados profesores (por llamarles de alguna forma) pregunten públicamente en el aula a sus alumnos, menores de edad, quiénes son hijos de guardias civiles y los señalen como apestados con frases como “que levanten la mano los hijos de los guardias civiles” en una manifiesta persecución soberanista. No es saludable que el PSOE se una al independentismo para que Zoido tenga que explicar la retirada de camisetas amarillas en la final de la Copa del Rey, cuando ya el Ministro dejó públicamente bien claro que se retiraron 199 camisetas, no  por ser amarillas, sino por llevar determinados escritos de claro signo político y, por tanto, contrarios a la ley del deporte para evitar la violencia en los estadios. Y no es comprensible que ni el PP, ni Ciudadanos, ni PSC recurran la delegación de voto, acordada por el Parlament, que permitiría a los secesionistas tener mayoría sin la CUP, ayudando así a la formación de un Govern independentista en Cataluña (aunque parece ser que PP y Ciudadanos, que ahora se culpan de que Puigdemont y Comín puedan votar, se disponen a recurrir ahora al TC el voto delegado, más vale tarde que nunca, lo que, en todo caso no frenaría dicho voto). Y, mientras la Eurocámara pregunta por la discriminación lingüística en las aulas (para investigar la del español en Cataluña) y padres de alumnos denuncian represalias en las notas a los alumnos no soberanistas, el abogado del Estado desdice a Montoro afirmando que “hubo dinero público” (en su último escrito mantiene que “ha quedado acreditado” su uso para el 1-O y que “es obvio que las partidas se ocultaron”, en tanto que la Guardia Civil acusa a la interventora de esconder información…. Pero la torpeza imprudente..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

EL PROCÉS AMENAZA A EUROPA

                            El líder socialista Pedro Sánchez asiste en Alemania al Congreso del SPD (en el que, aunque con menos votos de los esperados, ha sido elegida Andrea Nahles como presidenta del partido, convirtiéndose en la primera mujer que dirige a los socialistas alemanes) y, por si a alguien le quedan dudas, manifiesta con absoluta rotundidad que “el procés también amenaza a Europa”, recalcando lo “esencial” de la cooperación judicial para afrontarlo con eficacia. Y no le falta razón a Pedro pues los nacionalismos excluyentes, tanto a nivel interno en los distintos países como a nivel nacional en los mismos para desactivar el proceso de Unión Europea, son un hecho que, al igual que en tiempos pasados, amenaza la convivencia pacífica, la solidaridad y la democracia que disfrutamos hoy en día los distintos pueblos europeos. Una amenaza que, de no combatirla con eficacia, puede traer graves consecuencias sociales, políticas y económicas al estado de bienestar y desarrollo que rige en Europa, el lugar del mundo donde mejor y más libre se vive. Y, por si alguien sigue teniendo dudas de la gravedad de los acontecimientos acaecidos en Cataluña con motivo del totalitario procés secesionista, se siguen conociendo hechos alarmantes, entre ellos, que Diplocat ordenó abrir una cuenta en Bruselas para burlar el 155, dando poderes a un empleado días antes de la intervención; que dos facturas de TV3 evidencian la malversación pues, aunque la Generalitat no las pagó, se generó un gasto en el ente público; que el secesionismo busca controlar los sindicatos, apostando por un terrorista de Terra Lliure, condenado por asesinato, para arrebatar afiliados a UGT y CCOO, y extender a Cataluña el modelo de sindicalismo secesionista del País Vasco; que un empresario reconoce que la Generalitat iba a pagar el 1-O; que los Mossos revelan al juez una reunión de 400 mandos antes del 1-O en la que “no hubo orden de evitar la consulta” y declaran que se acordó poner “dos agentes por colegio y ni precintos ni candados ni cadenas” y que “en los colegios nos dijeron que hacían una chocolatada y nos fuimos”; y que, en definitiva, las cuentas del procés para el desafío secesionista catalán se financió con aportaciones de miles de donantes y también con el desvío de fondos públicos…. No en vano el TS, haciendo acopio de todas las pruebas, anda “irritado” con Montoro por “negar la malversación” y cree que “no hay justificación” a sus palabras, que Fiscalía califica de “imprudentes” cuando se está decidiendo la entrega de Puigdemont, por lo que el ministro podría tener que ir a declarar como testigo, en tanto que Rafael Catalá, ministro de Justicia, dice que “Montoro dará a Llarena explicaciones pormenorizadas sobre el dinero del 1-O. Y mientras España veta.... (siguen leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/). 

FUERA DE LO RAZONABLE

                        Con toda la razón y sentido común el Tribunal Supremo Español rebate y rectifica al Tribunal territorial alemán que excarceló a Puigdemont e insiste en que hubo rebelión, haciendo frente a la decisión alemana por su “falta de rigor” y acusándole de actuar “fuera de lo razonable”, defendiendo por tanto entregar al ex president por el delito de rebelión y asegurando que “si hubiera sido el presidente de un land no parece factible que la condena fuera simbólica” ya que “sí hubo referéndum” y además los secesionistas “camparon a sus anchas durante 2015-2017”, reprochando a los jueces alemanes en un contundente auto que comparen lo sucedido en Cataluña con una protesta contra el aeropuerto de Fráncfort. Y es que, a todas luces, está “fuera de lo razonable” que, ante lo acaecido en Cataluña, un tribunal regional de un país miembro de la UE desautorice nada menos que al Tribunal Supremo de otro país miembro, como es el caso, y le impida sencillamente que tan alta instancia judicial pueda juzgarlo por un delito, el de rebelión en este caso, tipificado en el Código Penal emanado de la Constitución y absolutamente homologado y homologable con el resto de Códigos Penales de los Estados de la UE, donde la democracia, las libertades individuales y colectivas, y el respeto por los derechos humanos y las garantías procesales quedan sobradamente garantizadas como previos requisitos para ser miembros de dicha Unión. Por tanto hay una manifiesta “falta de rigor” al no entregar a un imputado por el delito que sea para ser juzgado con todas las garantías procesales, como no puede ser de otra forma, actuando como si se tratara de un perseguido político de un país totalitario que necesita ser protegido para que no se atropellen sus derechos. No en vano el mismísimo Manuel Valls, catalán de nacimiento y francés de adopción (ex primer ministro francés), dice que “Francia habría entregado a Puigdemont” y parece ser que el tribunal alemán no descarta ahora el delito de rebelión, mientras el mismísimo Pedro Sánchez se dispone a defender a España en Alemania frente al secesionismo e intervendrá en el Congreso del SPD para exigir respeto a las leyes y al Estado de Derecho Español, pues, al margen de que la decisión del tribunal regional alemán esté “fuera de lo razonable” y tenga “falta de rigor”, es obvio que maltrata a nuestro Estado de Derecho y se burla de nuestras democráticas leyes, justo lo que vienen haciendo con cierta impunidad y con mucho descaro los totalitarios golpistas secesionistas al pretender, sí o sí, independizar unilateralmente Cataluña al margen del respeto a las mismas y por encima de ellas. Por cierto, los presos y fugados del ilegal “procés” tienen vía libre para ser candidatos en las más que probables elecciones anticipadas, pues, aunque el Supremo ratifique su procesamiento por rebelión antes de la fecha tope del 15 de julio, serían suspendidos como diputados pero no les impediría ir en las listas….. los partidos son libres de..... (sigue leyendo en

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INVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

                        Incomprensiblemente y por meras razones de no seguir perdiendo afiliados, los sindicatos UGT y CCOO encabezan en Barcelona la marcha de miles de personas por la libertad de los presos del “procés” (que no presos políticos) y, asumiendo la cínica doctrina secesionista sostienen que “España vive una involución democrática”, uniéndose por vez primera al independentismo al participar activamente en la manifestación convocada por Omnium Cultural y la ANC, entre otros, a favor de los políticos separatistas encarcelados e imputados de haber cometido gravísimos delitos contra el Estado. Indecentemente el injusto y cínico discurso secesionista de la “involución democrática” es asumido por las centrales sindicales tradicionales, cuando, si alguna involución democrática se está dando en suelo español es la que están protagonizando los independentistas catalanes con su intento de golpe de Estado para conseguir antidemocráticamente la independencia unilateral de Cataluña, y lo triste es que los sindicatos democráticos decidan marchar contra el Poder Judicial, sirviendo de altavoz al independentismo, por perder un 17´3% de afiliados durante el “procés”, evidenciando su incapacidad para que las bases sindicales hagan piña por la defensa de la Constitución y la democracia, pues sabido es que sin un sistema democrático sólido los principales perjudicados siempre son los trabajadores. No en vano, ante este despropósito monumental de UGT y CCOO, el mismísimo PSOE, en un acto de honestidad y veracidad manifiesta, ha dejado bien claro que, como todo el mundo sabe, “España es un Estado de Derecho impecable”, aunque algunos, por meros intereses particulares, pretendan hacer ver lo contrario. Lo denunciable y rechazable, que es lo que debieran repudiar los sindicatos tradicionales, es que cargos de Ciudadanos, PSC y PP (es decir, de las fuerzas democráticas constitucionalistas en Cataluña) tengan que soportar a diario insultos y amenazas por no plegarse a la diabólica estrategia totalitaria del “procés”, al extremo de que no puedan vivir con plena libertad cotidianamente, tal como denuncia un concejal constitucionalista: “ya no hago vida normal, sentarme en una terraza, ir a un concierto….”; y todo, por culpa de esta intolerable presión “borroka” que sufren por el mero hecho de ser demócratas y, como tales, defender las normas democráticas que nos hemos dado todos los españoles. La verdadera “involución democrática” que se da en España es precisamente no ponerse en contra radicalmente de estos totalitarios gobernantes que traicionan a la legalidad que les legitima como tales gobernantes para arremeter luego contra ella desde el poder y actuar al margen de la misma para imponer su totalitario proyecto. Ponerse del lado de semejantes personajes o simplemente buscar equidistancias entre semejante totalitarismo y nuestra democracia es la peor y la más cobarde postura de cualquier ciudadano (que no súbdito) que pretenda seguir siéndolo en el futuro, pues a los fantasmas del autoritarismo político (fascista, nazi, estalinista…o del signo que sea), una vez sueltos y con..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

EL GOLPE QUE NO CESA

                        Mientras fiscales alemanes y españoles se coordinan, citándose en La Haya para que Puigdemont sea extraditado por los delitos más graves (cumbre hispano-alemana para fijar la rebelión, en la que España intenta reforzar las pruebas contra el golpista expresident catalán, buscando un acuerdo para intentar de nuevo imputar dicho delito, ya que los fiscales germanos aceptan llevar a los jueces las razones del Tribunal Supremo), los sindicatos UGT y CCOO dicen que en España no hay “normalidad judicial”, sumándose así sus respectivos líderes a la estrategia independentista de descalificar el Poder Judicial, bendiciendo el independentismo ante la fuga de afiliados a sindicatos independentistas, una manifiesta irresponsabilidad y grave acusación al Poder Judicial que, al menos, deberían justificar fehacientemente y con datos concretos. Y obviamente este golpe al Estado, que no cesa, prosigue paso a paso, mientras el juez da cinco días a los Mossos para que entreguen los móviles secretos del 1-O; mientras Llarena enumera veintiún “actos de violencia” sólo el día del ilegal referéndum; mientras la Audiencia Nacional rebaja de “terrorismo” a mero “desorden público” la acusación contra la líder de los CDR, Tamara Carrasco (los piquetes organizados del secesionismo seguirán boicoteando infraestructuras catalanas como si fuera sólo una falta o un delito menor); y mientas la Guardia Civil registra la sede del falso “ministerio” de Exteriores catalán por los fondos desviados para celebrar la ilegal consulta. Entretanto, detectan que un coche-espía de la Generalitat sigue al exministro Fernández Díaz, cuyos escoltas lo sorprendieron y al denunciarlo comprobaron que era un vehículo camuflado adscrito a la Generalitat. El golpe que no cesa prosigue a pesar de que Llarena, por segunda vez, deniega el permiso a Sánchez para acudir al Parlament y ser investido (por lo visto el golpismo secesionista no quiere proponer un candidato libre de investigación judicial), mientras Puigdemont, algo más crecido desde que los jueces alemanes le dejaran en libertad, amaga con elecciones y quiere forzar su propia investidura, frenando en seco la “vía Artadi” y la posible salida de este callejón sin salida. Por su parte Torrent suspende el Pleno de investidura de Sánchez, pero, no conforme con ello, anuncia una querella contra el juez Llarena por prevaricación, arrastrando al Parlament al acoso contra el juez y forzando a los letrados (pese a estar en contra) a redactar una querella en nombre de la Cámara por vetar la investidura de Sánchez, cuando la realidad es que simplemente están haciendo justicia, con lo que el Gobierno considera que el Presidente del Parlament comete malversación. Y como el plan de Puigdemont quiere.... (sigue leyendo en

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