EL GOLPE QUE NO CESA

                        Mientras fiscales alemanes y españoles se coordinan, citándose en La Haya para que Puigdemont sea extraditado por los delitos más graves (cumbre hispano-alemana para fijar la rebelión, en la que España intenta reforzar las pruebas contra el golpista expresident catalán, buscando un acuerdo para intentar de nuevo imputar dicho delito, ya que los fiscales germanos aceptan llevar a los jueces las razones del Tribunal Supremo), los sindicatos UGT y CCOO dicen que en España no hay “normalidad judicial”, sumándose así sus respectivos líderes a la estrategia independentista de descalificar el Poder Judicial, bendiciendo el independentismo ante la fuga de afiliados a sindicatos independentistas, una manifiesta irresponsabilidad y grave acusación al Poder Judicial que, al menos, deberían justificar fehacientemente y con datos concretos. Y obviamente este golpe al Estado, que no cesa, prosigue paso a paso, mientras el juez da cinco días a los Mossos para que entreguen los móviles secretos del 1-O; mientras Llarena enumera veintiún “actos de violencia” sólo el día del ilegal referéndum; mientras la Audiencia Nacional rebaja de “terrorismo” a mero “desorden público” la acusación contra la líder de los CDR, Tamara Carrasco (los piquetes organizados del secesionismo seguirán boicoteando infraestructuras catalanas como si fuera sólo una falta o un delito menor); y mientas la Guardia Civil registra la sede del falso “ministerio” de Exteriores catalán por los fondos desviados para celebrar la ilegal consulta. Entretanto, detectan que un coche-espía de la Generalitat sigue al exministro Fernández Díaz, cuyos escoltas lo sorprendieron y al denunciarlo comprobaron que era un vehículo camuflado adscrito a la Generalitat. El golpe que no cesa prosigue a pesar de que Llarena, por segunda vez, deniega el permiso a Sánchez para acudir al Parlament y ser investido (por lo visto el golpismo secesionista no quiere proponer un candidato libre de investigación judicial), mientras Puigdemont, algo más crecido desde que los jueces alemanes le dejaran en libertad, amaga con elecciones y quiere forzar su propia investidura, frenando en seco la “vía Artadi” y la posible salida de este callejón sin salida. Por su parte Torrent suspende el Pleno de investidura de Sánchez, pero, no conforme con ello, anuncia una querella contra el juez Llarena por prevaricación, arrastrando al Parlament al acoso contra el juez y forzando a los letrados (pese a estar en contra) a redactar una querella en nombre de la Cámara por vetar la investidura de Sánchez, cuando la realidad es que simplemente están haciendo justicia, con lo que el Gobierno considera que el Presidente del Parlament comete malversación. Y como el plan de Puigdemont quiere.... (sigue leyendo en

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