No es para menos; la
puesta en libertad bajo fianza de Puigdemont por parte del tribunal
regional-territorial alemán de Schleswig-Holstein, exonerándole además del
delito de rebelión por considerar que la violencia ejercida por el “procés” no
es suficiente para imputárselo, ha desatado la euforia en el totalitario mundo
secesionista que, acorralado por el Estado democrático español de Derecho y por
la Justicia española, recibe una inyección de oxígeno con esta decisión
judicial que, de entrada, los demócratas hemos de respetar aunque los
secesionistas totalitarios sean los primeros en no respetar ni acatar las
decisiones judiciales cuando éstas no les gustan o van contra sus totalitarios
objetivos e intereses. No extraña pues que Puigdemont, nada más salir de la
cárcel, arremetiera con sus manifiestas mentiras contra España por tener
“presos políticos” a pesar de que el citado tribunal regional germano no le
reconoce semejante estatus (en ningún Estado democrático hay presos políticos)
y simplemente decide no extraditarlo (que no es tema menor) para que, como sus
compañeros de aventuras, pueda ser juzgado en España por rebelión, con lo que
en un par de días este tribunal menor alemán tira por tierra todo el trabajo
instructor de meses del Tribunal Supremo de España recabando pruebas e indicios
para juzgarle, tal como procede cuando hay presunción de delitos cometidos,
dándose la paradoja de que, en caso de demostrarse durante el juicio la comisión
del delito de rebelión por parte del resto de imputados encarcelados,
subalternos de Puigdemont en la dirección del “procés”, la fuga de éste de la
Justicia quedaría premiada respecto a quienes, no huyendo de la misma, afrontan
las consecuencias judiciales de sus actos, pues el principal jefe de la banda
se iría de rositas no porque no haya cometido los delitos que se le imputan
sino porque se ha impedido por arte de magia que pueda ser juzgado como sus
compañeros de aventuras. Un despropósito jurídico descomunal, se mire como se
mire, pues es inaceptable que los países miembros de la UE (e incluso los del
resto de Europa), en los que impera la democracia y el Estado de Derecho, así
como la defensa de los derechos humanos, se conviertan en verdaderos “paraísos
judiciales” para los delincuentes, impidiendo a priori que presuntos delitos
cometidos puedan ser juzgados fehacientemente en los diversos países por sus
respectivos tribunales de Justicia, homologados y homologables, en
procedimientos judiciales con todas las garantías procesales y los pertinentes
recursos a las distintas instancias judiciales superiores, incluidas las
europeas, para corregir definitivamente los posibles errores que cualquier
instancia inferior haya podido cometer. Tan incomprensible sería que, por
ejemplo, el Tribunal Superior de La Rioja hiciera tambalear una causa del
Tribunal Federal de Justicia de Alemania, como que..... (sigue leyendo en
Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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