lunes, 29 de enero de 2018

UN DAÑO IRREPARABLE


                        Tras la decisión del Gobierno de España de interponer un recurso contra la esperpéntica investidura del prófugo Puigdemont para evitar “un daño irreparable” (pese a no contar con el aval del Consejo de Estado, que, en todo caso no es vinculante) y defendiendo que tenía que pedir a los jueces evitar que el candidato fugado de la Justicia logre ser President de Catalunya, asumiendo el riesgo de que el Tribunal Constitucional tumbara dicho recurso y alegando tener “la certeza” de que el prófugo ex president tratará de ser investido sin acudir al Parlamnt, lo que propiciaría una “crisis prolongada” y tener que mantener vigente el artículo 155, se desencadena una absurda polémica, absurda e interesada, en los medios de comunicación, mientras el Alto Tribunal estudiaba con serias dudas el escrito gubernamental y, entretanto, aparece cierto malestar en el Consejo de Estado, asegurando algunos de sus miembros que, pese a que el jueves hubo pleno, la Comisión permanente no avisó de que iban a emitir un informe contrario a frenar la discutida y discutible candidatura propuesta por el Parlament, pues “no sabíamos que se votaba nada”. El Parlament por su parte mantenía la sesión del día 30 a la espera de la admisión a trámite de la petición del Gobierno por el TC, que anularía dicha sesión de investidura y obligaría a que la Cámara se retractara. Finalmente el Constitucional, tras una maratoniana jornada, decide por unanimidad aprobar un dictamen intermedio al no suspender la sesión parlamentaria de investidura pero sí prohibir investir a distancia a Puigdemont, quien, si quiere ser investido, deberá acudir en persona a la sesión parlamentaria y con autorización previa del juez, prohibiendo asimismo el voto delegado de los consejeros fugados. En definitiva, el TC cierra todas las vías para investir a Puigdemont y, aunque no satisface plenamente las pretensiones del Gobierno de España, prohíbe por unanimidad una investidura telemática o por delegación, advirtiendo además al Parlament de que tampoco puede permitir que el prófugo se presente en la Cámara sin aval judicial. Finalizan así los dos días de pánico en La Moncloa (y de satisfacción en el oscuro mundo secesionista y sus voceros mediáticos), pues, al parecer, Santamaría había ideado una “creativa respuesta jurídica” y había convencido a Rajoy de ella sin informar al resto del Gobierno, que, ante las dudas y la polémica mediática y política generada, temía un rechazo rotundo por parte del Alto Tribunal y la no admisión a trámite del recurso, para mayor regocijo de los secesionistas y mayor descrédito del Ejecutivo en tan delicado momento, aunque tras estas amargas incertidumbres el Gobierno, tras conocer la decisión final y unánime del TC, lo celebra, pues disipa determinadas dudas sobre la sesión de investidura, que se mantiene para mañana, y aleja claramente el “daño irreparable” de una hipotética investidura fantasmagórica a favor de un personaje ausente y fugado de la Justicia o aparecido contra viento y marea por arte de magia durante la sesión. No en vano las palabras del Rey Felipe  en su primera entrevista a los 18 años, siendo Príncipe, recobran hoy la máxima actualidad cuando.... (sigue leyendo en

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