Al final Torres-Dulce, el Fiscal General del
Estado, consigue el respaldo casi unánime de la Junta de Fiscales, la cúpula
del Ministerio Fiscal, a la querella contra Artur Mas que se ordenará
interponer en breve. Por tanto, como era de esperar (salvo fenómenos
inexplicables), los fiscales catalanes, sorprendentemente contrarios a
interponer la querella, quedan forzados a denunciar al presidente catalán Mas,
a la vicepresidenta y a la consejera Rigau por los cuatro delitos, propuestos
por Torres-Dulce, de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de
funciones, que podrían acarrear incluso prisión. De momento es el desenlace, a
mi juicio afortunado, de un espectáculo bochornoso que jamás debiera haberse
producido, pues una discrepancia tan abismal (y rozando las unanimidades) entre
la Junta de Fiscales y sus compañeros del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, que no veían indicios de ningún tipo de delito, sólo es explicable
desde intereses políticos, que no jurídicos, salvo que la letra de la ley sea
un garrafal error de bulto. Es inadmisible que verdaderos expertos de la ley,
como es el caso, la vean de forma tan radicalmente distinta por mera
circunstancia territorial dentro del mismo Estado. Por todo ello el asunto ha
generado, genera y seguirá generando verdaderos desgarros, dificultando de
forma inaceptable el resultado final del asunto que no ha hecho más que
empezar, llegando a calificar desde el independentismo a la Junta de Fiscales
hasta de “mamporreros” del Gobierno, mientras desde los anti-soberanistas acusan
a los fiscales del TSJC de estar vendidos a la Generalitat. Por su parte, nada
menos que ... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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