Y LLEGÓ EL 155

                        Inevitablemente, el empecinamiento antidemocrático de Puigdemont y su comparsa ha activado la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución que dice: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Mayor claridad, imposible; y, dadas las circunstancias, mayor necesidad, también, pues es meridianamente claro que los gobernantes secesionistas de la Comunidad Autónoma de Cataluña incumplen reiteradamente las obligaciones constitucionales y las leyes democráticas, atentando grave y claramente contra el interés general de España; asimismo es manifiestamente claro y notorio los requerimientos que el Gobierno de España ha hecho al Presidente de la Generalitat para que deponga su actitud y rectifique en su intolerable proceder, no siendo atendidos por éste, sino todo lo contrario. Por tanto al Gobierno de España sólo le quedaban dos opciones: mirar para otro lado y que la Generalitat prosiguiera con su perverso proceso antidemocrático en contra de todos los españoles, incluidos los catalanes, o “adoptar las medidas necesarias” para obligar a la Generalitat al “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones y proteger así el “interés general”. Y obviamente el Gobierno de España ha optado por ejercer su obligación acordando enviar al Senado para su aprobación “por mayoría absoluta” las “medidas necesarias” para restaurar el orden constitucional en Cataluña consistentes en relevar al President y su Govern, que quedaría destituido por su flagrante actuación al margen de sus obligaciones constitucionales y legales, que pasarían a ser ejercidas temporalmente por el Gobierno de España y sus respectivos Ministerios; en mantener el Parlament de Cataluña pero tutelado parcialmente para evitar nuevos ataques a la Constitución y al Estatuto de Cataluña, como la ilegítima e ilegal legislación paralela para dar apariencia de cobertura legal al “procés” totalitario del Govern; y en convocar elecciones autonómicas en Cataluña en un plazo máximo de seis meses para que los catalanes decidan el nuevo Govern que, al margen de su sesgo independentista o no (eso lo decidirán los catalanes), se disponga a gobernar de forma democrática y, por tanto, acatando la Constitución, el Estatut y las Leyes democráticas acordadas en vez de prostituirlas y mancillarlas como ha venido haciendo este Govern dirigido por Puigdemont y heredado de Artur Mas. Actuación impecable pues del Gobierno de Rajoy, con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos, que representan en las Cortes Generales a más del 70% de todos los españoles, incluidos los catalanes, y que es el... (sigue leyendo en

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