RESTAURAR LA LEGALIDAD

                        Dice la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ilegal “Ley del Referéndum”, ya suspendida en su día y ahora anulada definitivamente, que “lo que a todos afecta sólo puede ser decidido por todos” por lo que, además de la vulneración de cualquier legalidad y de los propios reglamentos al respecto, “el Parlament dejó a los ciudadanos a merced de un poder sin límite alguno”, lo que repugna a cualquier planteamiento democrático. Un poder que “no reconoce límite alguno” es lo más parecido a un poder absoluto, autoritario y arbitrario, que es lo que pretende consolidar el Govern de la Generalitat en estos momentos. Por eso no extraña que la respuesta de Puigdemont a los requerimientos por parte del Gobierno español haya sido la que ha sido hasta el final, es decir, una burla en toda regla a los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, y a las instituciones democráticas del Estado de Derecho al que pertenece legal y legítimamente la Generalitat de Cataluña, cuyo Govern, dirigido por Puigdemont y Junqueras, se ha saltado todo tipo de normas, usos y competencias regladas y ajustadas a derecho, prostituyendo la democracia en Cataluña y dañando gravemente la estabilidad económica y la convivencia no sólo entre los catalanes sino entre el resto de españoles. Por todo ello, agotada una paciencia infinita por parte del Gobierno de España y demostrada la tozudez totalitaria de Puigdemont y sus colegas, sólo cabe ya (algunos consideran que se debiera haber hecho antes) aplicar el artículo 155 con la única finalidad de restaurar la legalidad en Cataluña y en España, que es el objetivo que pretende dicho artículo (basta leerlo para comprobarlo), aunque algunos, interesadamente, pretendan venderlo como el de una supresión recentralizadora y caprichosa de la autonomía, cuando precisamente su pretensión es todo lo contrario, es decir, restablecerla y defenderla de los atropellos antidemocráticos de sus totalitarios gobernantes. Por tanto el Gobierno intervendrá la autonomía catalana para frenar la ilegal secesión y al efecto el Consejo de Ministros decidirá mañana las medidas negociadas con el PSOE, para enviarlas al Senado, que finalmente decidirá al respecto, especulándose que el asunto consista en un 155 limitado y elecciones en Cataluña para la primavera; que, entretanto, Gobierno y oposición constitucionalista negociarían nombrar un sustituto temporal de Puigdemont con rango de ministro (es obvio que no se pueden mantener a los zorros cuidando del gallinero) para reinstaurar la legalidad; que el 155 limitaría la función del Parlament pero no lo disolverá; y que, aunque, desde ya, se activará el artículo, la Cámara Alta no lo aprobará hasta finales de mes, esperando (a mi juicio, vanamente) que en ese plazo se convoquen elecciones, mientras Puigdemont amenaza con votar la independencia en el Parlament. En definitiva, que el Gobierno... (sigue leyendo en

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