PUIGDEMONT, LA ÚLTIMA PALABRA

                   Tras la insólita comparecencia de Puigdemont en el Parlament de Cataluña y su ambigua y confusa declaración de independencia, que aplaza y suspende segundos después, para, finalizada la sesión, sin votación alguna y sin replica siquiera a las intervenciones de los parlamentarios de la oposición, encerrarse en una sala del edificio y firmar junto al resto de diputados independentistas una atípica y extraoficial declaración de independencia y la consecuente proclamación de una supuesta República de Cataluña, provocando la pertinente convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario por parte de Rajoy para dar respuesta a tan incomprensible y antidemocrática situación, ha llegado definitivamente la hora de la verdad. En efecto, el Gobierno de España, con el apoyo mayoritario de la oposición en el Congreso (es decir, de PSOE y Ciudadanos, que con el PP suman más del 70% de la Cámara), emplaza a Puigdemont a que urgentemente aclare a las instituciones y a todos los españoles, incluidos los catalanes, si realmente ha proclamado la independencia unilateral de Cataluña y que lo haga con un escueto “sí” o “no” para saber a qué atenernos y despejar definitivamente las dudas y confusiones generadas al respecto con su rocambolesco comportamiento en el Parlament, que ni entienden propios ni extraños, y así, aclarada de forma transparente la situación, poder obrar en consecuencia con los instrumentos democráticos que tiene el Estado de Derecho para afrontar este tipo de situaciones kafkianas. Se acabaron pues las amenazas, los chantajes y las bravuconadas del Govern de la Generalitat hacia el Estado de Derecho, arropadas siempre con excesivas dosis de demagogias y mentiras para alimentar a su vez un victimismo embustero y el odio a todo lo que huela a español, como si los catalanes no fueran artífices y, por tanto, corresponsables, junto al resto de españoles, de la construcción durante siglos del actual Reino de España. Se acabaron definitivamente, o debieran acabarse, los juegos del escondite, la deslealtad y las triquiñuelas por parte del principal representante del Estado Español en Cataluña para burlarlo cuando su deber, como principal autoridad catalana, rango emanado y legitimado por la Constitución, es, o debiera ser, la transparencia, la lealtad, la defensa, el respeto y el acatamiento estricto a las normas de convivencia y a las leyes y procedimientos que entre todos los españoles, incluidos los catalanes, nos hemos dado y que están recogidos en la Constitución, en el Estatut de Autonomía y en el resto de instituciones, organismos y leyes emanadas de los mismos. Por todo ello Puigdemont tiene.... (sigue leyendo en

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