En 1977, en plena
Transición, tan denostada por algunos últimamente, se firmaron en el Palacio de
La Moncloa dos acuerdos, uno económico y otro político-jurídico, conocidos como
“Pactos de La Moncloa”, entre el Gobierno de España en la Legislatura
Constituyente, presidido por Adolfo Suárez, y los principales partidos
políticos con representación parlamentaria, con el apoyo de las asociaciones
empresariales y el sindicato CCOO (salvo algunas de sus secciones sindicales) y
el rechazo de CNT y UGT, aunque éste último finalmente acabó firmándolos. Eran
tiempos duros y difíciles en que España no sólo estaba sumida en la ruina
económica, sino además amenazada seriamente por fuerzas totalitarias que se
resistían al proceso democratizador que deseaba la inmensa mayoría de los
españoles. El objetivo (además de contener la ruina económica) era simplemente,
y nada menos a la vez, que afianzar la estabilización de un difícil proceso de
transición al sistema democrático. Hoy, casi cuarenta años después en los que
los españoles hemos vivido el mejor periodo histórico de una España
positivamente transformada en todos los sentidos gracias a aquel acierto
histórico, España, también en plena crisis económica, de la que intentamos
salir con grandes sacrificios, se encuentra de nuevo seriamente amenazada por
fuerzas totalitarias con idéntico objetivo liberticida; entonces, para impedir
la consolidación de la democracia, hoy, ya consolidada, para acabar con ella,
burlando la legalidad constitucional que, en vano, intentaron abortar para que los
españoles siguiéramos siendo súbditos en vez de ciudadanos. Si entonces los
liberticidas, minoría de españoles por poderosos y ruidosos que fueran,
quedaron al margen del proceso democratizador, tengo la certeza de que hoy la
inmensa mayoría de españoles apuesta decididamente por conservar y afianzar el
sistema democrático, garantía de convivencia en paz y libertad, por lo que,
ante las serias amenazas liberticidas, se requiere una especie de Segundos
Pactos de La Moncloa que disipen, de una vez por todas, como entonces, la
materialización de cualquier tentación minoritaria de imponer el totalitarismo
como práctica política para consolidar cualquier proyecto de futuro. La
Constitución surgida entonces gracias a aquel consenso democrático es
inevitablemente la línea roja que nadie puede traspasar, por lo que actuar al
margen de la legalidad democrática emanada de ella supone un verdadero golpe de
Estado y requiere que... (sigue leyendo en
Blog Ojo crítico, http://jcremadesena.blogspot.com.es/)
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