OTEGI, NO; ESTADO DE DERECHO, SÍ

                        Las reacciones ante la inhabilitación de Otegi para ser candidato a lehendakari debieran hacernos reflexionar a todos los demócratas y en una estrategia común desenmascarar a los partidos, grupos y grupúsculos que al efecto se colocan al otro lado de la ley y, por tanto, en contra del Estado de Derecho que, entre otras cosas, garantiza sus libertades y legitima su existencia. En efecto, como era de esperar, la Junta Electoral de Guipúzcoa ratifica por unanimidad la sentencia de la Audiencia Nacional, que inhabilita al abertzale hasta 2021 y Bildu impugnará la decisión con arreglo a lo establecido para que finalmente decida el Tribunal Constitucional. Hasta aquí, todo normal, si es que se considera normal que un partido político proponga a semejante personaje como cabecera de lista. Lo anormal, democráticamente hablando, es la reacción de algunos líderes políticos que, saltándose por alto el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley, esencial en cualquier Estado Democrático, se echen al monte y, en vez de decir “no” a Otegi, un delincuente condenado y sin cumplir la condena en su totalidad, no defiendan el Estado de Derecho y además arremetan contra él, evidenciando su talante totalitario. Es intolerable, desde el punto de vista democrático, que los líderes de Unidos Podemos vean la inhabilitación de un condenado por la Justicia como “una mala noticia” y una “cacicada”; o que Domenech, líder de En Comú Podem, manifieste que “es la ciudadanía vasca quien decide si Otegi es diputado o no”, en sintonía con Errejón, entre otros; o que Alberto Garzón, que es quien lo califica de “cacicada”, diga que la inhabilitación es “impropio de un país que se dice democrático”; o que la Secretaria de Podemos Euskadi diga que la sociedad vasca “no necesita tutelas”; o que el mismísimo PNV apoye la candidatura de Otegi. Estas son, entre otras, las barbaridades totalitarias simplemente porque el Estado de Derecho que les legitima decide aplicar una sentencia judicial. Para todos estos personajes políticos, ahora resulta que “cumplir y hacer cumplir la ley”, como es su obligación, es una “cacicada”, “mala noticia”, “impropio de un país democrático” o tutelar a la sociedad. Cabe preguntarse cómo sería la convivencia, la paz o la libertad en el hipotético Estado que preconizan. En fin, sin más comentarios, innecesarios para cualquier demócrata de cualquier lugar del mundo. Sólo PP, Ciudadanos y UPyD se han puesto frontalmente a favor de que se cumpla.... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)