OTEGI ES INELEGIBLE

                        En pleno proceso de negociaciones de cara a la investidura de Rajoy se desata una nueva polémica (como si no tuviéramos bastantes), provocada por la decisión de Bildu de presentar como candidato a lehendakari a Arnaldo Otegi, inhabilitado por la Justicia para ejercer cargo público alguno hasta el año 2021. Al margen de triquiñuelas jurídicas e interpretaciones de todo tipo (que de todo hay en la viña del Señor), en cualquier país democrático normal se entendería de forma clara y generalizada que si alguien está inhabilitado para ejercer un cargo público no debe presentarse a unas elecciones para conseguirlo, pero, como estamos en España, todo es posible. Ya la Fiscalía advierte a la Junta Electoral, mediante informe para impedir que el dirigente abertzale concurra a las autonómicas vascas del 25-S, que “Otegi es inelegible”, pero Bildu, haciendo caso omiso (al estilo de otros partidos con ribetes totalitarios e independentistas), está decidido a registrar en breve la candidatura del terrorista etarra. Y como ya andamos curados de espanto, algunos partidos constitucionalistas, como PP, Ciudadanos, UPyD… han impugnado, por si acaso, la pretendida candidatura, sorprendiendo sobremanera que el PSE-EE (es decir, el PSOE vasco) no se haya sumado a dicha iniciativa, al igual que han hecho otros partidos ultramontanos. La polémica está servida. Y los argumentos decepcionantes para sostenerla, también. Que si utilización del terrorismo con fines electorales, que ha de ser la justicia y no la política la que intervenga, que la impugnación no es necesaria ni conveniente ya que generará más abertzales (como se dice sobre la aplicación de la legalidad a los independentistas catalanes)… Ya ven cuando, al margen del interés de unos u otros, lo razonable sería una unánime repulsa política a tan indeseable candidatura por parte, al menos, de los partidos constitucionalistas, además de la viabilidad de la misma, que, obviamente, decidirá la justicia (tal como sucede, por ejemplo, con los múltiples casos de corrupción), cuando se requiere un reproche político a la historia de violencia que lleva Otegi en su mochila, es imposible alcanzar la unanimidad, ni siquiera entre los partidos que han suscrito el Pacto Antiterrorista. ¿Qué utilización política cabría en una unánime impugnación a la ilegal pretensión de Otegi? Ninguna. ¿Quiénes serían los beneficiados políticamente? Todos los partidos democráticos y amantes de la paz. ¿Cuál sería el mensaje a los ciudadanos? Que en determinados asuntos no caben... (sigue leyendo en

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