LA CORRUPCIÓN VA POR BARRIOS

                        En plena ebullición del “caso Rita Barberá” y la “trama Taula” (se publica que las comisiones se repartían dentro de bolsas en bares) en la Comunidad Valenciana, paradigma de la corrupción en el seno del PP, estalla simultáneamente el caso de los ERE en Andalucía, paradigma de la corrupción en el seno del PSOE, poniendo en evidencia que la corrupción en España va por barrios. Tanto monta, monta tanto, que dirían los clásicos. Ambas comunidades autónomas, paradigmáticas de larguísimos periodos de gobiernos populares y socialistas respectivamente (en Andalucía incluso no ha habido ni alternancia todavía desde que llegara la democracia), obviamente porque así lo quisieron valencianos y andaluces, son claros ejemplos del catastrófico fracaso que supone, al margen de los colores políticos, el acomodo de unos u otros, bien en el gobierno o en la oposición, prostituyendo convenientemente tanto la labor gubernamental como la esencial labor de control de la misma, consustancial con la democracia. En efecto, en pleno acoso y derribo con toda razón contra el PP por parte de los socialistas, entre otros, el fiscal de los ERE en Andalucía pide penas de seis años de cárcel y treinta de inhabilitación para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves, además de penas de prisión para cuatro ex consejeros de la Junta de Andalucía, considerando conductas delictivas en la ex ministra Magdalena Álvarez y en el ex secretario de Estado Gaspar Zarrías, todos ellos personajes de alto relieve en las filas socialistas andaluzas e incluso nacionales. Eleva la responsabilidad civil a 741 millones de euros, para algunos, el botín del PSOE por el asunto de los ERE, a base de practicar figuras delictivas como la malversación de fondos públicos, la prevaricación… y, en definitiva, la gestión arbitraria de cientos de millones de ayudas al empleo a su “libre arbitrio” en la Comunidad Autónoma con mayor índice de desempleo ya que “modificaron los presupuestos año a año” lo que para algunos, como sucede con la supuesta financiación ilegal de los partidos políticos, supone un fraude democrático al propiciar claras ventajas de clientelismo político a base de ayudas arbitrarias con la única finalidad de perpetuarse en el poder. Los casos de corrupción en los dos principales partidos españoles, protagonistas democráticos de la gobernabilidad en España (los demás al no haber gobernado todavía están casi vírgenes al efecto, aunque en algunos ya se apuntan maneras) y sobre todo su estrategia acomodaticia del... (sigue leyendo en

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