Cuando la ciudadanía
debiera tener absoluta confianza en que las Fuerzas de Orden Público han de
actuar de forma clara e indiscutible en favor de la Legalidad democrática
establecida para preservar los derechos de los ciudadanos, que para eso están y
se les paga, sombras de duda quedan sobre los Mossos, la policía autónoma
catalana, cuyo Jefe, Trapero, mantiene en vilo al Gobierno ya que su
trayectoria y su comportamiento deja bastante que desear, al andar reticente y
sin entusiasmo alguno a la hora de ejecutar las órdenes que se le den sobre el
inminente 1-O, mientras que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional,
sin lugar a dudas y como se espera de ellos, se ponen claramente del lado de la
Legalidad y la Democracia con total normalidad, mientras los sectores
totalitarios soberanistas y los partidos populistas les ponen verdes por estar
dispuestos a cumplir a rajatabla con el trabajo que tienen encomendado y alaban
la postura de los Mossos. En efecto, Trapero acata pero no se cuadra ante los
mandos designados para coordinar la operación anti-referéndum y evita la
reunión convocada al efecto por el mando único designado, el coronel de la
Guardia Civil Pérez de los Cobos, aunque, para evitar problemas mayores (entre
ellos su posible inhabilitación), envía a la misma a su “número dos”, que en
dicha reunión de coordinación de Policías confirma que obedecerán las
instrucciones de la Fiscalía. Así los Mossos, como no podía ser de otra forma,
quedan formalmente bajo la autoridad designada para impedir la ilegal consulta
y entre sus cometidos iniciales se les ordena que precinten los colegios
electorales desde el viernes y retiren las urnas y papeletas si las hubiere,
además recibe instrucciones para que se interrogue como testigos a los
directores de los centros educativos, pretendiendo evitar que se conviertan en
centros de votación ilegales, pero ellos
responden que dichas medidas pueden provocar desórdenes y alteración del orden
público. La pregunta a los Mossos es obvia: ¿acaso hay que dejar entonces que se
cometan flagrantes hechos delictivos expresamente prohibidos por los tribunales
y que quien quiera participe en ellos? En fin, sin comentarios. Entretanto, por
si quedaban dudas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asume el
control del 1-O, refuerza el mando único avalando al coronel Pérez de los Cobos
y, tajantemente, ordena cerrar todos los colegios y locales públicos, frente a
la ambigüedad de Trapero, quien, aunque dice a la Fiscalía a regañadientes que
acatará sus órdenes, luego lo deja en el aire en las redes sociales, generando
dudas innecesarias y preocupaciones añadidas, en tanto que la Fiscalía también
investiga si los independentistas confeccionan listas negras de los que no
quieren votar ni participar evento tan antidemocrático. Por su parte los
obispos, incluidos los catalanes, piden respetar la Constitución como en el
23-F, la Conferencia Episcopal pide evitar “actuaciones irreversibles”,
mientras... (sigue leyendo en
Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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