POR ENCIMA DE LA LEY

                        Tras las querellas interpuestas, entre otros, contra Puigdemont y Junqueras, el totalitario President de la Generalitat reta a los jueces afirmando “sólo me puede inhabilitar el Parlament” (lo dice él, y punto) y añadiendo “tenemos todo a punto para votar el uno de octubre” (anuncia el delito que va a cometer, y punto). Mas claro, el agua: Puigdemont, retando flagrantemente al Estado de Derecho que le legitima en su cargo, decide situarse por encima de la ley de forma clara y rotunda, lo que evidencia que es un peligroso dictador. En efecto, mientras el Gobierno de España lleva al Constitucional la ilegal Ley de Transitoriedad, la Fiscalía pide hasta seis años para Forcadell y Puigdemont, acusando al President de delitos (cabalmente argumentados) penados con cárcel alguno de ellos, como el de desobediencia (“los querellados se han negado abiertamente a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales emanadas del tribunal Constitucional”), prevaricación (“aprobar la convocatoria del referéndum con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaban un procedimiento ilegítimo”) y malversación (“los miembros del Govern no pueden desconocer que su decisión conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos”, y además pide como medidas cautelares la exigencia de fianza o embargo de bienes, el cierre de la web del 1-O y la orden a los Mossos para que intervengan el material de la ilegal votación. Pero, ya ven, para un dictador consumado nada de esto importa, la Ley es la que él considere oportuna, se ajuste o no al marco legal establecido. Entretanto, la Guardia Civil ya busca a los impresores del material necesario entre las presuntas imprentas o empresas que supuestamente lo hacen (aunque desde la Generalitat ya dicen que cada uno se las imprima en su casa), según el soplo de los trabajadores, y las rastrea en naves de radicales vascos y de la CUP, que se echa a la calle para agitar la situación y hace escraches a cuarteles de la Benemérita, que sigue el rastro de unas 7.000 guías impresas para el referéndum ilegal, que pierde fuerza tras negarse Colau a ceder locales, escudándose en el Constitucional para suspender su participación en la ilegal consulta y pidiendo a la Generalitat que le aclare qué medidas tomará para no poner en riesgo a los funcionarios, mientras siete de las once ciudades más pobladas de Cataluña no apoyan a los secesionistas de forma rotunda, aunque la mayoría de los ayuntamientos de los pueblos con menor población, controlados por PDeCat, ERC y CUP, ya hayan manifestado estar dispuestos a ceder locales y colaborar con el ilegal referéndum, en tanto que se pone cerco a... (sigue leyendo en

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