Sin lugar a dudas el
golpe de Estado protagonizado por el Govern de Cataluña nos conduce
inevitablemente hacia el caos final de forma vertiginosa, pues, pase lo que
pase el 1-O, se celebre o no el ilegal referéndum, la fractura social en
Cataluña ya es inevitable, lo que obviamente tiene sus repercusiones en el
resto de España. A los independentistas catalanes, acostumbrados a saltarse
impunemente la ley sin que nadie apechugue después con sus responsabilidades, poco
les importa ahora que el Fiscal haya citado como imputados, para que respondan
ante la Justicia, a 712 alcaldes, dispuestos a ceder locales municipales para
la ilegal consulta, con la orden de detención si desobedecen, ni las querellas
interpuestas contra Forcadell, Junqueras o Puigdemont y demás miembros de su
gobierno, pues desde hace años nadie ha parado su progresiva deriva totalitaria
y ahora consideran que nadie podrá parar su golpe definitivo al Estado de
Derecho. De entrada la CUP, fiel a su permanente desafío al Estado de Derecho,
advierte de que sus alcaldes, apoyados incomprensiblemente por otras fuerzas
políticas supuestamente democráticas y no antisistema como son ellos (nadie
entendería estos apoyos si se tratara de totalitarios de la extrema derecha),
no acudirán a la cita del Fiscal, mientras pone en marcha su campaña electoral
de la ilegal consulta animando a la gente a votar “con una sonrisa
revolucionaria”. Por su parte Ada Colau, por si algunos tenían alguna duda,
sale de su indefinición y decide finalmente que en Barcelona sí se pondrán recintos
municipales al servicio de la ilegal consulta, permitiendo a la Generalitat el
control de los colegios y diciendo que ella sí irá a votar; es más, lo hace
eludiendo su propia responsabilidad y poniendo a buen recaudo su suculento
sueldo como alcaldesa, pues, tras pactar con la Generalitat, la Consejera de
Enseñanza comunica a la alcaldesa que asume el control de 296 centros escolares
desde ahora autoproclamándose como presidenta del Consorcio que gestiona las
escuelas e institutos públicos en Barcelona, participado al 60% por la
Generalitat y al 40% por el Ayuntamiento, con lo que Colau, aceptando dicha
treta no asumiría en principio ninguna responsabilidad y además tiene la
desfachatez de afirmar que así evita la cesión de espacios municipales (donde
sí se pondrán urnas) “para no poner en riesgo la institución”, desautorizando
descaradamente al PSC que la apoya como alcaldesa. Y, rematando la faena,
mientras hasta el mismísimo Rosell indigna a la CEOE, la patronal que preside, diciendo
que “hay espacios entre sumisión total e independencia”, el Gobierno de
Cataluña se instala descaradamente en la desobediencia al enviar Junqueras una
carta a Rajoy negándose a rendir cuentas a Montoro, mientras que con
Puigdemont, sin que el Gobierno de España lo impida, celebran en la Plaza de
Toros de Tarragona un acto unitario independentista para abrir la ilegal
campaña electoral, pese a la advertencia del Gobierno de que se incurriría en
un delito, donde el President, ante miles de seguidores soberanistas (la plaza
se llenó con creces), asegura que el prohibido referéndum ilegal se hará y
entre un... (sigue leyendo en
Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
No hay comentarios:
Publicar un comentario