viernes, 22 de septiembre de 2017

ASALTO CALLEJERO AL ESTADO DE DERECHO


                        Con los gobernantes independentistas totalitarios catalanes a la cabeza, instando a las masas a impedir el normal desarrollo del Estado de Derecho, éste sufre un intolerable asalto callejero para intentar impedir que la Justicia, es decir el Poder Judicial, desmonte la organización del ilegal referéndum que, de forma ilegítima, pretenden celebrar. En efecto, una operación policial, ordenada por los jueces (como es habitual y preceptivo en cualquier Estado de Derecho democrático), contra cualquier ilegalidad, en este caso contra la consulta ilegal en Cataluña, detiene al equipo del Vicepresidente Junqueras, encargado de organizar la prohibida consulta del 1-O, mientras el Presidente Puigdemont insiste en que se votará, sí o sí (porque lo dice él), y además manifiesta, tras lo ordenado por los jueces a las Fuerzas de Seguridad del Estado y ejecutado por éstas, que hay un estado de excepción, cuando lo que hay realmente es un intento de golpe de Estado en toda regla por su parte, mientras miles de manifestantes, perfectamente organizados, salen a las calles de Barcelona y varias ciudades catalanas (por su parte Otegi e Iglesias se encargan de extender las protestas a Madrid y otros puntos de España, fuera de Cataluña), para impedir mediante el acoso y la intimidación a jueces y fuerzas de la Seguridad del Estado que cumplan con su trabajo. El resultado, para intentar reinstaurar la democracia en Cataluña desactivando el Golpe, la detención de catorce altos cargos golpistas (entre ellos el número dos de Junqueras y responsables de Informática y Exteriores), la requisa de diez millones de papeletas prohibidas y el bloqueo del sistema informático de la Generalitat, mientras Puigdemont, indecentemente, habla de “represión”, cede el protagonismo a los antisistema y presiona a los directores de los colegios para que se sumen al golpe del 1-O, intentando desbordar al Estado tras la neutralización del ilegal referéndum por parte de la Guardia Civil a instancias de los jueces, y, por su parte, Ada Colau, echándose definitivamente al monte del totalitarismo, llama al “pueblo catalán” a tomar la calle, con lo que una multitud de barceloneses secunda su llamada acosando a los agentes en Barcelona, a quienes impiden salir durante casi 24 horas, junto a la secretaria judicial, de las instalaciones donde se efectuaban los registros, y, mientras tanto, destrozaban tres coches de la Benemérita aparcados en las inmediaciones, sin que los Mossos despejaran y garantizaran el orden público y facilitaran la salida de los guardias civiles, al extremo de que el juez tiene que llamar al mismísimo Trapero, el mandamás de los Mossos, para ordenarle expresamente la protección de jueces y fiscales ante el intolerable acoso y exigirles un plan de protección de edificios por las protestas frente al TSJC, reforzando además la seguridad a empresarios y personalidades contrarios al 1-O, pues la cesión de la calle al separatismo por parte de quienes dirigen a los Mossos para acosar a los jueces, permitiendo el... (sigue leyendo en

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