MOVILIZACIÓN PERMANENTE

                        Ante el gravísimo cariz que está tomando el Golpe de Estado independentista catalán haciendo los golpistas caso omiso de las decisiones del Tribunal Constitucional, salvo el cese del “número dos” de Junqueras y la disolución de la Junta Electoral para evitar las multas inmediatas impuestas por éste (la pela es la pela, que diría Pujol), la Fiscalía denuncia por sedición a los líderes de la movilización callejera, ANC y Omnium, el brazo callejero de Puigdemont, quienes se exponen a una pena de hasta 10 años de cárcel (el Código Penal contempla penas de hasta 15 años por “alzarse contra la ley”) y éstos personajes, al abrigo permanente de la subvención de la Generalitat, responden con la convocatoria de una “movilización permanente”, convencidos de que cuarenta años de mentiras y propagandas antiespañolas, que siempre les salieron gratis, dan lo suficiente para que bastantes catalanes se pongan de parte del Golpe de Estado y contra la legalidad democrática (contemplada tanto en la Constitución como en el Estatut de Cataluña), como si por ser bastantes delincuentes se pudiera permitir la delincuencia y no pasara absolutamente nada. El delito de sedición, bastante devaluado por cierto en el Código Penal, que si la Audiencia ve indicios de que el mismísimo President ha impulsado los disturbios puede pedir al TSJC que le investigue por tan grave delito, por el que Fiscalía denuncia a los líderes de ANC y Omnium, se basa (y todos lo vimos por televisión) en que “una muchedumbre se concentró para impedir por la fuerza las resoluciones judiciales”, según describe el fiscal, al extremo de que los agentes tuvieron que realizar disparos ante la sede de la CUP “para evitar un ataque inminente”. Y mientras aún tenemos en la retina las intolerables imágenes de varios coches policiales destrozados, con exaltados golpistas subidos en ellos presumiendo de su indecente hazaña (ente ellos algún cabo de los Mossos, que ya debiera estar expedientado y fuera del cuerpo), por semejante ataque en toda regla a la Guardia Civil, que simplemente intentaba hacer su trabajo bajo órdenes judiciales, la ANC, al estilo de los peores rateros camuflando su botín, vaciaba su sede por si era registrada. Y mientras Puigdemont podría ser acusado incluso de rebelión (castigado hasta con 25 años de cárcel) si finalmente declara la secesión y proclama la ilegal independencia (tal como asegura si en su ilegal referéndum gana el “sí” aunque sólo sea por un voto), Fiscalía se reserva aplicar este delito, y, por su parte, el Gobierno sólo pondría en marcha el artículo 155 de la Constitución si cuenta con el apoyo expreso de PSOE y Ciudadanos, en tanto que Colau impulsa un frente anti PP con los independentistas, Urkullu asegura que “la solución es un referéndum legal y pactado”, la patronal catalana propone otro Estatut y un referéndum en 2019 (incluyendo una reforma constitucional con una disposición como la vasca que recoge el pacto fiscal, mientras Joaquim Gay de Montellá, Presidente de Fomento del Trabajo, dice “no es cierto que los empresarios catalanes seamos cobardes, pero vivimos aquí: es fácil ser rotundo desde fuera") y Podemos asesora a... (sigue leyendo en

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