Justo cuando se inicia
en el Congreso la tramitación del proyecto de Ley de los Presupuestos para 2017
en un marzo histórico en cuanto a reducción del paro en España se refiere (baja
en 48.559 personas, creación de empleo record desde 2001), destaca el ya
crónico caos catalán, al que se suma el esperpento murciano con el asunto de la
moción de censura. En efecto, el TC avisa con toda razón a Puigdemont de las
consecuencias penales de financiar el ilegal referéndum y advierte a la
Generalitat en pleno mientras se dispone a bloquear la partida presupuestaria
destinada a la ilegal consulta, ampliando a los altos cargos la responsabilidad
penal en que pueden incurrir y, entretanto, la fiscalía investiga las empresas
utilizadas en la secesión catalana, por lo que la Guardia Civil pide todos los
datos a una veintena de consultoras y tecnológicas, que se enfrentarían a un
delito de desobediencia si no responden en ocho días, y además también
investiga a Romeva por el ilegal registro de votantes catalanes en el
extranjero, en tanto que el President ya adelanta hasta las posibles preguntas
que plantearía a los catalanes sobre si quieren seguir formando parte de
España, en pleno desarrollo de las ilegales estructuras diseñadas por la
Generalitat para la independencia que desde el Estado se indagan ahora (un caos
político-institucional de primera magnitud sin lugar a dudas). Por otro lado,
el órdago de Rivera en Murcia, amenazando con apoyar la moción de censura y un
gobierno del PSOE apoyado por Podemos, aunque no hubiera elecciones, dobla
finalmente el pulso al PP murciano y Génova sacrifica a Pedro Antonio Sánchez
para retener el gobierno autonómico, mientras Ciudadanos celebra como un
triunfo la dimisión, forzada por el PP, y, envalentonado, no descarta incluso
vincular ahora su apoyo al nuevo presidente, propuesto por el PP, que sustituye
a Sánchez, a que el cesado entregue también el acta de diputado y se replantea
la dimisión generalizada por imputación tras lograr esta “pieza de caza mayor”
como es la renuncia del Presidente murciano para evitar que en Murcia gobierne
un tripartito PSOE-Podemos-Ciudadanos; atrás queda, con el traslado de Villegas
a Maíllo a última hora del lunes de que respaldarían la moción sin elecciones,
contra lo que solicitaba en principio Ciudadanos, este esperpento político
murciano, iniciado por Ciudadanos con el anuncio de una moción de censura para
provocar nuevas elecciones, al que el PSOE se anticipa proponiendo una moción
en toda regla para sustituir el gobierno del PP con apoyo de Podemos, y atrás
quedan, como acicate definitivo para forzar a Pedro Antonio a dimitir, las
nuevas y oportunas acusaciones judiciales contra él por el “caso Púnica”,
curiosamente desestimadas ya hasta por cuatro fiscales, y atrás quedará
probablemente la “auditoría a fondo” en Murcia impulsada por PSOE y Ciudadanos,
pues el objetivo de acabar con Pedro Antonio Sánchez ya se ha conseguido al
margen de lo que los tribunales decidan en el ámbito jurídico sobre él, quien,
obviamente erró claramente cuando afirmó y firmó con Ciudadanos que si era
investigado por corrupción dimitiría de su cargo…y, guste o no guste, con más o
menos argumentos, Pedro Antonio está siendo investigado en estos momentos,
única razón meridiana en este esperpento político que avalaría... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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