ATENTADO CONTRA EL ESTADO

                        Finalizada la fase de instrucción, la vista previa del juicio contra los líderes independentistas del “procés” acaba en un previsible choque entre la acusación, que sostiene que el Tribunal Supremo es el competente para entender del caso, y las defensas, que piden que la vista se celebre en Cataluña, mientras el Gobierno negocia una especie de “minicumbre” de Estado en la que se reunirán Sánchez y Torra, y muy probablemente algunos ministros con los consellers de su mismo ramo. En efecto, mientras las defensas intentan que el juicio del “procés” no corra a cargo del Supremo (el Tribunal más cualificado por excelencia), Fiscalía tiene clarísimo que por la índole de los presuntos delitos cometidos, amén de los aforamientos, compete al Alto Tribunal entender y juzgar el caso, ya que los dieciocho procesados “han atacado el corazón de la democracia española”, en definitiva, “un atentado contra el corazón del Estado”, defendiendo así la competencia del Supremo para juzgar a los líderes del “procés” ya que pusieron “en la diana” el “orden constitucional” y, por tanto, califica el “procés” de “atentado al interés de España”, que no sólo al de Cataluña. Tras la contundencia de Fiscalía, que obviamente habrá de probar dichas acusaciones durante el juicio con todas las garantías procesales, como no cabe de otra forma en democracia, parece más que probable la gravedad de unos hechos que apuntan directamente a un verdadero delito de rebelión, un golpe de Estado en toda regla, que no tiene desperdicio, protagonizado, no por ciudadanos de a pié, sino por gobernantes investidos con la autoridad legítima que les confiere el Estado de Derecho democrático y que ellos, en vez de defenderlo como sería su obligación, arremeten contra dicho Estado para satisfacer sus objetivos políticos al margen de la ley e imponer unilateralmente su voluntad a todos los españoles, incluidos los catalanes. ¿Acaso no es golpismo y rebelión poner “en la diana”, concienzuda y sistemáticamente, el “orden constitucional” cuyo acatamiento es obligado para todos los ciudadanos y muy especialmente para quienes, como es el caso, gracias al mismo ejercen un plus de responsabilidad y poder institucional? ¿Acaso, salvando las formas, no eran estos objetivos los pretendidos por Tejero y compañía en el frustrado golpe del 23-F? ¿Acaso ambas aberraciones antidemocráticas no son atentados “al interés de España” y “contra el corazón del Estado y de la democracia española”?..... Al igual que nadie, ningún demócrata, hubiera entendido el 23-F negociar con Tejero o Miláns del Bosch, y menos aún sin deponer nítidamente sus totalitarios comportamientos fascistoides y rendirse, ahora ningún demócrata puede justificar o minimizar hechos tan graves ni contemporizar con comportamientos y objetivos tan similares….pues en ambos casos lo que está en juego es la Democracia. Es por tanto deprimente y preocupante ver y oír en determinados medios a tertulianos (políticos o no), supuestamente democráticos, poniéndose de perfil ante semejantes liberticidas; y es inquietante y peligroso que desde el Gobierno se mantenga el paripé de un diálogo inexistente, con el argumento de ser un deber institucional, sin exigir previamente un acatamiento expreso al orden constitucional establecido y una previa renuncia clara a cualquier procedimiento totalitario. Pero, ya ven, el actual...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)