Es sorprendente que,
acostumbrados a la aplicación de la “prisión preventiva” a presuntos
delincuentes por delitos económicos o violentos, aplaudida por todos menos por
los afectados y sus defensas, algunos se rasguen ahora las vestiduras ante la
decisión de la juez Lamela de la Audiencia Nacional porque ha decidido enviar a
prisión preventiva incondicional a Junqueras y siete ex consejeros del Govern
de Cataluña por haber cometido presuntos delitos de extrema gravedad como el de
rebelión, sedición, prevaricación o malversación de fondos públicos, algunos de
ellos tipificados en el Código Penal con penas de prisión de hasta treinta
años. En efecto, la juez de la Audiencia Nacional, ajustándose a los argumentos
pertinentes, como en todas las anteriores ocasiones y casos, envía a prisión a
estos presuntos delincuentes al creer que existe “riesgo de fuga” y “alta
probabilidad” de que destruyan pruebas; y además encarcela asimismo al ex conseller
Santi Vila, pero con opción de quedar en libertad bajo fianza de 50.000 euros,
al considerar atenuante que decidiera bajarse del carro delictivo soberanista,
dimitiendo de su cargo, justo antes de que se votara la declaración de
independencia en el Parlament. La jueza, con toda la lógica del mundo, esgrime
además que parte del Govern, con Puigdemont a la cabeza, ya han optado por
fugarse, lo que podría servir de ejemplo y afianzar el supuesto “riesgo de
fuga” (una de las razones fundamentales para dictar la prisión preventiva) de
los que han comparecido; concluyendo su auto para avalar el presunto delito de
rebelión en que los Mossos espiaron a la Guardia Civil y a la Policía Nacional
el 1-O y que los acusados utilizaron a la gente para la “insurrección”. Por su
parte, la Fiscalía, que había solicitado la citada prisión preventiva, pide la
captura del fugado Puigdemont (y de los cuatro consellers que le acompañan en
la fuga), quien, mientras Junqueras declaraba en la Audiencia, desayunaba
tranquilamente con un amigo en un bar de Bruselas, abandonando indecentemente a
los suyos y burlándose de la Justicia una vez más, cuestionando cínicamente
anoche mismo las elecciones del 21-D por la “represión sin precedentes” y
utilizando, una vez más, TV3 como si fuera su televisión particular. Por otro
lado el Tribunal Supremo, donde comparecen para declarar Forcadell y cinco
miembros de la Mesa del Parlament, decide aplazar una semana su declaración
aceptando la petición de los encausados con el fin de prepararla mejor, aunque,
obviamente, les impone entretanto vigilancia judicial para evitar su posible
fuga. ¿Dónde está la supuesta irregularidad o parcialidad de la Justicia? ¿Qué
parte del impecable auto judicial no se entiende o no se ajusta a la Ley? ¿Qué
derechos fundamentales de los encausados se han atropellado? Salvo que alguien... (sigue leyendo en
Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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