Los rebrotes de
contagios por coronavirus no dejan de crecer en España, que registra ya más de
setenta brotes activos….. y lo preocupante ya no es esta previsible
reactivación contagiosa tras el final del estado de alarma, sino la presunta
incapacidad sanitaria para controlarla y atajarla con éxito, por lo que el
fantasma de los peores momentos de la pandemia, con los hospitales desbordados,
sigue amenazando de forma inexorable. La trágica realidad es que Sanidad no
tiene un plan nacional para afrontar un repunte masivo del Covid-19, mientras
diecisiete CCAA, unas más afectadas que otras y con las competencias sanitarias
(y educativas) transferidas, hacen lo que pueden o quieren, cada una por su lado,
sin el más mínimo interés de aunar esfuerzos coordinados por el Gobierno de
España, no vaya a ser que ello derive en menoscabo de sus sacrosantas
competencias y dé alas a una odiada recentralización política según los
nacionalistas. Los rebrotes destapan en definitiva la falta de gestión y de
medios ante otra oleada, mientras los sanitarios denuncian errores en la
detección y el rastreo de los casos contagiados, y los expertos piden imponer
los PCR para volar a España, en tanto que el Gobierno valora ahora la demanda
de los epidemiólogos ante la inevitable llegada de infectados pese a los
controles, a todas luces insuficientes, y seis autonomías estudian obligar a
llevar mascarillas (algunas de ellas ya lo han impuesto), en medio de un caos
normativo impuesto por cada Comunidad Autónoma o Ayuntamiento, lo que hace
imposible que los ciudadanos sepan a qué atenerse en cada circunstancia
territorial. Al parecer el 40% de los focos del virus se origina en reuniones
familiares, mientras las infecciones diarias suben a 333 por picos en Cataluña
y Aragón, donde el 60% de los afectados son jóvenes asintomáticos, aunque la
atención se centra especialmente en Galicia y Euskadi, donde la celebración de
elecciones autonómicas ha generado un nuevo debate sobre la conveniencia o no
de suspenderlas, sumiendo en la incertidumbre la jornada electoral, después de
que los gobiernos gallego y vasco hayan decidido a última hora prohibir a los
infectados que ejerzan el voto, mientras los expertos cuestionan esta
prohibición de ir a ejercer su derecho a votar. Y mientras la Generalitat
Valenciana busca cancelar el contrato de la residencia con 73 muertos,
previendo devolver el centro de Alcoy a la gestión pública, Torra, que tarda
una semana en tomar medidas de confinamiento en Lérida con más casos que en
marzo (el 27 de junio tenía un 50% más de contagios que en el pico de la
epidemia), viendo que los casos se multiplican en varias localidades catalanas,
decide confinar en sus casas a unos 160.000 ciudadanos de Lleida, pues el
descontrol del brote de coronavirus en la comarca de Segriá es evidente y muy
preocupante, devolviendo así la zona a la prohibición de salir de casa salvo
causa justificada, mientras el regreso a esta especie de Fase 0 en Lérida es
puesto en cuestión por la Justicia, ya que Fiscalía se opone al citado encierro
ordenado por la Generalitat, entre otras cosas porque “es competencia estatal”
(maldito concepto para los separatistas). Es la consecuencia lógica de ..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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