INDECENTE ESPECTÁCULO POLÍTICO

                        Mientras, a trancas y barrancas, intentamos alcanzar la “nueva normalidad” en medio de una preocupante crisis económica galopante, nuestros políticos, tanto los que gobiernan como los que están en la oposición en los distintos ámbitos territoriales, incluido el ámbito nacional español, nos brindan sucesivos indecentes espectáculos políticos, preñados de descalificaciones mutuas y salidas de tono, cada vez menos digeribles por la ciudadanía, que espera soluciones a los infinitos problemas que padece en vez de refriegas propagandísticas con fines electoralistas que sólo conducen a aumentar la incertidumbre y la inestabilidad política tan perjudiciales para España en estos momentos. En efecto, en este irresponsable proceder de unos y otros, en vez de buscar soluciones consensuadas, sólidas y solventes, se busca el insulto y la descalificación gratuita del oponente, envuelto en mentiras o medias verdades, para echarse irresponsable y cínicamente en cara la culpa de los efectos trágicos de la pandemia, incluidas las muertes, incluso olvidando que en el territorio autonómico vecino, donde cuecen las mismas habas, es tu opción política la que gobierna; en definitiva, un indecente comportamiento que hace imposible cualquier necesaria y saludable investigación de posibles errores de unos u otros en la gestión de la crisis con arreglo a las competencias que cada uno tenga encomendadas. De ahí que, mientras en Francia o Italia las Fiscalías correspondientes, sí investigan a sus gobiernos con absoluta normalidad, en España cualquier investigación al respecto se convierte en una verdadera odisea, al extremo de que aquí tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se oponen, por ejemplo, a la investigación sobre presuntas responsabilidades del Delegado del Gobierno en Madrid sobre la permisividad de las manifestaciones del 8-M, al extremo de que la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, ha de plantarse ante las trabas de la Fiscalía rechazando suspender la comparecencia del Delegado, imputado en principio por prevaricación, y teniendo que señalar las “reticencias” del Gobierno a entregar la documentación solicitada por el juzgado de forma reiterada o teniendo que defender el informe del forense (o el de la Guardia Civil) ante los irresponsables ataques de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, quienes piden el archivo de la causa cuando debieran ser los más interesados en esclarecer los hechos, pues “es clave a efectos de valorar si se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia” o no se dictaron. Un informe del forense que, en principio, desarma a Illa y Simón, considerando que “la hecatombe se veía venir” y acusándoles de “subestimar la gravedad” de la epidemia y su “fulminante desarrollo” pese a las alertas, pues “las declaraciones de Simón no se corresponden con la realidad….la crisis era previsible para quien sabe de epidemiología” por lo que Illa debió aconsejar cancelar las “reuniones masivas ya el 3 de marzo”. Obviamente la jueza, alabada cuando instruía los “masters” supuestamente regalados a Casado o Cifuentes mientras ahora la critican, acusa al Gobierno de entorpecer la investigación y toma declaración al Delegado del Gobierno quien manifiesta que ni vio “riesgo” en el 8-M, entre otras manifestaciones permitidas en esos días, ni nadie del Ejecutivo le avisó al respecto, asegurando que “no había elementos para prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”, pese a las...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)