Al margen del signo ideológico
que tenga en Democracia el Gobierno de turno hay principios y asuntos de Estado,
como la división de poderes entre otros, que no pueden quedar en entredicho, ni
en el fondo ni en las formas, y deben ser respetados por encima de las conveniencias
del gobernante o de la oposición pues conforman la espina dorsal del
funcionamiento del Estado de Derecho. El poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, por más interrelacionados que estén, no sólo han de ser
independientes sino que además han de parecerlo para evitar interferencias
indeseables entre ellos que entorpecen la estabilidad institucional y animan a
críticas oportunistas coyunturales que generan precedentes indeseables de cara
al futuro, olvidando que, en democracia, quien en un momento determinado está
en el gobierno en otro momento estará en
la oposición y viceversa. Pero no parece este el camino cuando el
Vicepresidente Pablo Iglesias, nada más tomar posesión de su cargo, arremete
contra la Justicia española declarando que la prueba de que la
“judicialización” del procés fue un error es que “muchos tribunales europeos”
han “quitado la razón” a jueces españoles, lo que ha supuesto una “humillación”
para España. Una declaración totalmente inoportuna, además de falsa, ya que,
salvo la decisión de un tribunal territorial alemán, el tribunal de la UE
simplemente ha aclarado al Supremo español, a petición de éste, una duda sobre
el momento en que un eurodiputado adquiere inmunidad, al no haber jurisprudencia
alguna al respecto. Por tanto, una inoportuna declaración de Iglesias que ha
provocado la reacción inmediata del Consejo General del Poder Judicial,
difundiendo otra declaración en la que pide a Iglesias (que ya no es un
político opositor, más o menos responsable y comedido, sino el Vicepresidente
del Poder Ejecutivo) “responsabilidad institucional”, mientras el Gobierno, por
su parte, responde al CGPJ, sin citar a iglesias, reivindicando la “libertad de
expresión” (el cajón de sastre en el que cabe todo lo que a cada uno le
convenga) y reclamando la renovación de la cúpula del Gobierno de los Jueces,
presidido por Lesmes (en funciones, al igual que sucedía con el Gobierno de
España presidido por Sánchez, desde diciembre de 2018) aunque, eso sí, con un
comunicado en tono conciliador señalando que “es tiempo de dialogar y aportar
acuerdos que refuercen las instituciones”. ¡Menuda forma de dialogar la del
Vicepresidente Iglesias! En definitiva, ante este intolerable hostigamiento del
Vicepresidente del Gobierno, el CGPJ se planta apelando “a la responsabilidad
institucional para evitar la utilización política de la Justicia y el
cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de
los jueces y magistrados” y, ante ello, el Gobierno respalda a su
Vicepresidente mientras solicita la renovación del CGPJ que, hasta la fecha, se
ha venido repartiendo entre PSOE y PP, apelando a un diálogo, justo cuando
Pedro Sánchez, sin dialogar con nadie, sorprende a tirios y troyanos con el
pase casi directo de su Ministra de Justicia a la Fiscalía General del Estado,
insólito durante todo el periodo democrático, provocando dicho nombramiento
grandes..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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