Como no podía ser de
otra forma, si nos atenemos al sentido común y a las reglas democráticas, el
Tribunal Supremo falla sobre el asunto Junqueras y comunica a la Eurocámara que
está inhabilitado, por tener condena firme, y que, por tanto se le retire la
inmunidad ya que no puede ser eurodiputado; y el Parlamento Europeo respalda al
Alto Tribunal español y suspende al líder de ERC retirándole el acta
parlamentaria. Asimismo el TS pide a la Eurocámara el pertinente suplicatorio
para que Puigdemont y Comín, fugados de la Justicia, puedan ser procesados por
delitos similares a los que han llevado a Junqueras, entre otros, a la cárcel.
Por otro lado la Junta Electoral despoja a Torra de su escaño en el Parlament
pero Torrent, su presidente, desobedeciendo a la Junta, lo ratifica,
plantándose ambos ante el Supremo tras decidir éste rechazar por unanimidad la
suspensión del acuerdo de la JEC por el que se le retiró su credencial
parlamentaria, mientras que la Junta Provincial de Barcelona, tal como procede
en estos casos, declara vacante su escaño y se lo otorga al siguiente de la
lista de JxCat, Ferrán Mascarell. Es la estricta aplicación de la legalidad y
punto, guste a quien guste y pese a quien pese; ni es politización de la
Justicia, ni judicialización de la Política, por más que algunos lo pretendan.
La Justicia en democracia no se politiza, ni la Política se judicializa, pues
acudir a los tribunales cuando se presume la comisión de un delito no es
politizarla, para eso están…y también para que, agotados los recursos
pertinentes durante el procedimiento, se acaten las sentencias firmes y sus
resoluciones. En este caso, el Tribunal Supremo carga contra el Gobierno por
haber pretendido sorprendentemente favorecer a Junqueras, arremetiendo Marchena
contra el escrito de la Abogacía del Estado, que despejó el apoyo de ERC a
Sánchez, con el sencillo argumento de que “la Sala no puede aceptar lo que la
ley no permite aceptar”, es así de sencillo de explicar y de entender. Si la
decisión del TS complica el insólito pacto PSOE-ERC, o Sánchez-Junqueras (como
prefieran), el problema no está en el Alto Tribunal sino en quienes pretenden,
por conveniencias políticas, forzar resoluciones inadecuadas e improcedentes
con el código penal en la mano, cuando saben que no se ajustan ni al sentido
común ni a lo legislado. Si ERC exige a Moncloa la amnistía para su líder
preso, finiquitar los juicios contra el procés o el ilegal referéndum de
autodeterminación a cambio de mantener su apoyo, es problema de los firmantes
de un inadecuado acuerdo a sabiendas de que lo firmado no es viable con la
legalidad vigente en la mano por la sencilla razón de que carecen de
competencias para llevarlo a cabo y, además, ni siquiera tienen suficiente
fuerza parlamentaria para cambiar la ley y posibilitar lo acordado. Que un día
después de apoyar la investidura ERC presiones al Ejecutivo con amnistía y
referéndum o bloqueo, y registren doscientas preguntas en el Congreso para que
el Gobierno se pronuncie sobre los inexistentes “presos políticos”, es una
farsa que Sánchez debiera despejar inequívocamente lo antes posible y si alguno
de sus ministros sigue hablando de “presos políticos” (como hace el
cogobernante Podemos), cuando son políticos presos, el nuevo Ejecutivo tiene un
grave problema. El varapalo del Supremo (y los que vendrán) a Junqueras y a las
pretensiones del Ejecutivo por vía Abogacía del Estado, no es tal, sino la
consecuencia lógica de la aplicación de la legalidad vigente que ambas partes
conocen sobradamente. Que el PP o cualquier otro partido anuncie.... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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