Mientras la tensión
entre Sánchez y Rivera estalla en el último pleno del Congreso de los
Diputados, que cierra esta turbulenta legislatura entre emociones y lágrimas de
muchos de sus miembros (y miembras, no vaya a ser que alguien se enfade), el
Gobierno de Pedro Sánchez, fiel a su incoherencia y estrambótica forma de
gobernar, inaugura los insólitos “viernes sociales”, una especie de jornadas
beneficiosas cargadas de inmensos parabienes a capricho del Ejecutivo, aunque,
liquidada la Legislatura y con las Cortes disueltas, entremos en plena campaña
electoral y, por tanto, en pleno funcionamiento de la Diputación Permanente,
una especie de mini-cámara legislativa a la espera de la constitución del nuevo
Parlamento que surja tras las elecciones. En definitiva, un periodo de
transición en el que por mero sentido común e higiene democrática sólo cabría
atender aquellas cuestiones de excepcionalidad a la espera de lo que decidan
inminentemente los ciudadanos en las urnas. Pero Pedro no lo entiende así,
frente a lo que siempre entendieron y respetaron sus antecesores como Jefes del
Ejecutivo, tanto socialistas como populares, y convencido de que estos “viernes
sociales” le aportarán beneficios electorales (a la hora de votar siempre se
tiende a recordar lo último) encima los anuncia a bombo y platillo para que
entendamos todos la bonanza de su proceder frente a la maldad de sus
contrincantes políticos, que claman al cielo ante tanta osadía de dudosa
lealtad democrática. En efecto, mientras los demás partidos habrán de esmerarse
en presentar sus propuestas electorales en la campaña, Sánchez, aprovechando su
condición de Presidente de Gobierno, añade este plus sustancial de ventaja a su
partido, el PSOE, repartiendo el insólito maná electoral como la mejor forma de
programa de cara a las elecciones, inaugurando un precedente peligroso que, sin
duda, utilizarán otros gobernantes en el futuro. Así, mientras el PSOE
sanchista, tiene media campaña hecha y Pedro se jacta de éstos inadecuados
“viernes sociales” de campaña con medidas sociales e ideológicas, que habrá de
gestionar el futuro Gobierno, ya sea suyo de nuevo o de otra opción política,
el resto de contrincantes van soltando sus propuestas programáticas. El PP,
principal partido de la oposición, promete prohibir la exigencia de lenguas
cooficiales para empleos públicos, una ley para acabar con la discriminación
del castellano, crear un Ministerio de Familia con competencias en Igualdad,
impulsar que el castellano sea la lengua vehicular y el catalán la opcional, y
una gran rebaja fiscal en favor del ahorro de los jubilados. Y Sánchez en su
primer viernes social aprueba decretos sobre el alquiler (ampliando de tres a
cinco años la duración de los contratos y limitando la subida durante los
mismos al IPC), igualdad (obligando a las empresas a registrar sus tablas de
sueldos para vigilar que no haya desequilibrios entre sexos) y paternidad
(extendiendo el permiso de paternidad de las actuales cinco semanas hasta las
dieciséis en tres años). Y, mientras cuela un préstamo de 13.800 millones para
pagar las pensiones, al Presidente de Gobierno le importa un rábano que sus
“decretos electorales” dejen una hipoteca de 19.000 millones más, pareciendo
que lo importante para él es hacer campaña electoral con el Consejo de
Ministros y con el dinero público (ya dijo su Vicepresidenta Calvo que el
dinero púbico no era de nadie), mientras Bruselas avisa a España por la deuda
desorbitada. Entretanto...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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