Mientras en el Supremo
gran parte de los testigos avalan con sus declaraciones un presunto delito de
rebelión por el “procés” secesionista catalán, que, en todo caso se habrá de
demostrar o no con las pertinentes pruebas, el reaparecido Pablo Iglesias
miente descaradamente en televisión y se anticipa al veredicto diciendo que,
aunque lo ocurrido fue “serio” (¡menos mal!) no se puede hablar de insurrección
armada “que es lo que dice el delito de rebelión”, coincidiendo con Cuixart en
que el 1-O sólo fue “un ejercicio de desobediencia”, y aboga por que haya
proporcionalidad en las penas de los líderes independentistas. Sin embargo el
artículo 472 del Código Penal, que es el que hay que aplicar, dice textualmente
que “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente
para cualquiera de los fines siguientes”, entre otros, “declarar la
independencia de una parte del territorio nacional” o “sustraer cualquier clase
de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”…..sin contemplar en ningún
momento que dicha violencia tenga que ser armada o alzamiento militar, con lo
que Iglesias, acostumbrado a utilizar grandes dosis de demagogia, cinismo e
incoherencias en sus ardientes discursos populistas y su comportamiento, miente
descarada y cínicamente a los ciudadanos quienes, al menos, debieran exigir
como mínimo no mentir a sus representantes políticos. En efecto, los testigos,
obligados a decir la verdad ante el Tribunal (los políticos debieran estarlo
igualmente ante sus electores), declaran que hubo violencia en el “procés” y,
así, entre otros, los mandos de la Guardia Civil enviados a la Consellería de
Economía, rodeada en su día de energúmenos para impedir que la Comisión
Judicial hiciera su trabajo, describen la relevancia del líder de la ANC,
declarando que “allí Jordi Sánchez tomaba las decisiones y los mossos lo
acataban”, y la tensión que vivieron al advertirles los agentes catalanes “si
salís con las cajas, os matan”, al extremo de tener que sacar a la jueza por la
terraza del edificio. Es uno más de los múltiples episodios de violencia, que
todos vimos en televisión, hasta desembocar en la declaración unilateral de
independencia de Cataluña, al extremo de que la Guardia Civil ve, no sin razón,
un verdadero “polvorín” en los días previos al ilegal 1-O. A todo ello hay que
añadir últimamente que el Tribunal de Cuentas lleva a Fiscalía la acción
exterior del “procés” e investiga al fugado Puigdemont, pues, según su informe,
que el PSOE quiere ocultar, la Generalitat dilapidó 421 millones en la
innecesaria acción exterior (competencia reservada al Gobierno central), al
extremo de que las falsas “embajadas”
catalanas gastaron “sin ningún control” nada menos que 27 millones en
promocionar el “procés” y Diplocat despilfarró casi 16 millones en viajes y
congresos, pagando la Generalitat por equiparar Cataluña con un escenario de
guerra, ya que el lobby estadounidense especializado en procesos secesionistas
violentos cobró más de un millón de euros y el coste de los “observadores
internacionales” del ilegal 1-O costó 550.000 euros. Pero todo ello no impide
que Torra, que ahora busca marcar perfil propio frente a Puigdemont, pida
dinero extra a Madrid, exactamente 1.400 millones de anticipo para Cataluña,
con el indecente argumento de asfixia económica. Y mientras Sánchez mantiene su...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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