Disueltas las Cortes y, “de
facto”, en plena campaña electoral, el líder de la oposición, Pablo Casado,
acusa al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de montar una “guerra sucia”
desde Moncloa y le exige la dimisión de su Jefe de Gabinete por un mail en el
que pedía a todos los ministerios “argumentos de ataque” al PP y al resto de
partidos de la oposición, lo que en Ciudadanos consideran “el colmo de la
indecencia”. Por otro lado, Exteriores puso a funcionarios a trabajar al
servicio del PSOE sanchista, pidiendo a cargos no políticos del Ministerio que
elaborasen iniciativas para que las usara el Grupo Parlamentario Socialista,
mientras un alto cargo de la Vicepresidenta Calvo daba la orden de que funcionarios
trabajaran para el PSOE, coordinando la Secretaría de Relaciones con las Cortes
a los ministerios, lo que los empleados públicos califican de “abuso
inadmisible”. Y a todo ello se añaden los decretazos digitales electoralistas
en plena campaña electoral y anunciados por Sánchez para hasta la víspera de
las elecciones (esperemos que al menos se respete la jornada de reflexión),
generando incluso “dudas de constitucionalidad” en determinados expertos
constitucionalistas que cuestionan su carácter de “urgencia y necesidad”,
requerido en periodo electoral y con el Legislativo disuelto, lo que no respeta
el Presidente del Ejecutivo, con lo que la “guerra sucia” de que habla Casado
está servida, al extremo de que hasta Ana Pastor, Presidenta del Congreso, sale
al paso de ella advirtiendo que “ningún Gobierno puede ir dopado a las
elecciones” pues, como siempre ha sucedido, “se tiene que ir en igualdad de
condiciones”, mientras Casado, coincidiendo con Pastor, confirma que el PP
recurrirá ante la Junta Electoral Central los “decretazos” y la portavoz
socialista, Adriana Lastra, perdiendo los papeles una vez más, califica de
“hooligan del PP” a la Presidenta del Congreso por haber pedido un informe a
los letrados de la Cámara para conocer cómo se ha de proceder ante tan inédito
comportamiento del Ejecutivo. Y, ante tamaña perversión democrática e inédito
abuso de poder por parte del Presidente Sánchez, el PP se plantea incluso
recurrir al Constitucional y pide a la Junta Electoral que prohíba divulgar los
insólitos y electoralistas “viernes sociales”, publicitados a bombo y platillo,
y que lo haga “por el medio que sea”. En definitiva, una “guerra sucia”
intolerable, que atenta contra la higiene democrática, teniendo en cuenta que
la Democracia se basa en la división de poderes del Estado (Legislativo,
Ejecutivo y Judicial), según el cual, y con arreglo a lo democráticamente
establecido, cada uno es ejercido por órganos de gobierno distintos, autónomos
e independientes entre sí, conformando la cualidad fundamental de un Sistema
democrático saludable. Así pues, es una calamidad democrática la pretensión del
Ejecutivo, en este caso, de gobernar en periodo electoral y con las Cortes
disueltas mediante decretazos sobre asuntos que no tienen el obligado carácter
de excepcionalidad, urgencia y necesidad, como es el caso (pues, salvo
inesperadas situaciones imprevistas que pudieran surgir, como una catástrofe
por ejemplo, cualquier otra medida puede retomarse tras el corto periodo electoral
y por el Gobierno que surja de las urnas), con lo que se estaría..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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