Mientras la Fiscalía ve
“reforzado” el delito de rebelión tras las pertinentes declaraciones de los
testigos en el juicio por el totalitario “procés” secesionista, Quim Torra,
fiel a su antidemocrático comportamiento, nos obsequia con otra flagrante
desobediencia, cuando su obligación como President de la Generalitat ha de ser,
simplemente, cumplir y hacer cumplir la ley. Pero, claro, este principio, que
es incuestionable en cualquier Estado democráticamente solvente, es discutible
incomprensiblemente en España, donde de forma intolerable se es condescendiente
con semejantes anomalías democráticas. En efecto, mientras, entre otras, la
declaración de Castelví, alto cargo de los Mossos en el 1-O, es determinante
para reforzar las acusaciones de que hubo violencia en aquellas lamentables
fechas, avalando el presunto delito de rebelión para, al menos, nueve de los
doce procesados, con Junqueras a la cabeza, la Junta Electoral Central, acabado
el ultimátum al President para que retire de los edificios públicos de la
Generalitat las ilegales esteladas y los lazos amarillos en apoyo de los
inexistentes “presos políticos”, le sigue dando prórrogas antes de obligarle a
retirarlas, sí o sí, como se haría en cualquier Estado democrático de forma
incuestionable e inmediata. La Junta Electoral, que tras rechazar el recurso de
Torra le había concedido 24 horas para quitar los citados símbolos separatistas
y le había apercibido de “consecuencias penales”, como la inhabilitación, si no
limpiaba ya los edificios públicos y, por tanto, desobedecía, tiene que
soportar, como todos los ciudadanos españoles, incluidos los que viven en
Cataluña, que el totalitario President lleve al límite su pulso al Estado,
diciendo ahora su Govern que se ceñirá a lo que diga el Defensor del Pueblo
catalán (el Sindic de Greuges), o lo que es lo mismo, pasándose por el arco del
triunfo las resoluciones de la máxima autoridad en periodo de elecciones como
es la Junta Electoral Central. En román paladino, que mientras todos los
partidos políticos, todas las instituciones gubernamentales del entramado
institucional del Estado y, por supuesto, sus gobernantes del rango que sean,
al igual que todos los ciudadanos, tienen que acatar y cumplir las directrices
emanadas de la Ley por los órganos pertinentes establecidos, si no quieren
incurrir en delito, la Generalitat de Torra y su Govern, por arte de magia o
simplemente por la gracia de Dios, como en los viejos tiempos, tiene bula
especial para saltarse a la torera todo aquello que considere oportuno,
actuando con el indecente estilo de cualquier gobernante fascista de pacotilla.
Y mientras la Junta Electoral se dispone a acudir al Fiscal, no vaya a ser que
si no se actúa con el más escrupuloso y delicado acierto y con todas las
garantías democráticas, al final sea el propio Estado, ya acusado
indecentemente de “opresor” por estos golpistas de tres al cuarto, quien encima
apechugue con las consecuencias, cada vez crece más la indignación de cara a
una campaña electoral en la que los españoles, incluidos los catalanes, nos
jugamos el ser o no ser en el futuro próximo del Estado Español, uno de los más
viejos Estados Modernos de Europa sin lugar a dudas. En cualquier otro Estado
europeo, mucho más joven que el de España (históricamente casi todos lo son),
este tipo de.....(sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/).
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