Después de criticar
desde la oposición con toda la razón del mundo que el anterior Gobierno de
Rajoy utilizara de vez en cuando el “decreto ley” como forma de gobernar
argumentando que dicha medida, prevista para casos excepcionales, menoscababa
la calidad de la democracia al secuestrar el imprescindible debate
parlamentario, Pedro Sánchez no se conforma ahora con haberlo utilizado él
sistemáticamente durante su breve mandato (sus “decretazos” superan ya a los de
Rajoy y Zapatero en tan corto espacio de tiempo) sino que, además, tiene la
osadía de anunciar a bombo y platillo que seguirá utilizándolos todavía durante
esta larguísima precampaña electoral, que él mismo ha propiciado, cuando es
insólito que, una vez anunciada la fecha de los comicios, con un Ejecutivo “de facto”
ya en funciones o interino, se hipoteque el futuro de la gobernabilidad con medidas
que, por muy populares y necesarias que sean, condicionan al nuevo gobierno que
surja de las urnas, sea de nuevo el suyo o el de otro partido, especialmente
si, como parece ser, estos decretos-ley incrementan sustancialmente el gasto
futuro sin estar contemplado en Presupuesto alguno, como es el caso. En efecto,
sin rubor ni recato alguno, la ministra Montero tiene claro y lo hace público
que el Gobierno de Sánchez va a utilizar hasta el último día antes de las
elecciones que continuará con su “mágnifica” política económica (la ministra no
necesita abuelos) y usará para ello la fórmula del decreto-ley y la Diputación
Permanente del Congreso, invitando por tanto a los ciudadanos a estar atentos
los viernes, cuando se celebran los Consejos de Ministros, ya que en cada uno
de ellos habrá decretazos interesantes. A nadie se le escapa ya que el uso del
decreto-ley, limitado por la Constitución a casos de “extrema y urgente
necesidad”, tiene claros intereses electoralistas que dejan en desventaja al
resto de contrincantes políticos, quienes, desde Vox a Podemos, pasando por el
resto de partidos del abanico ideológico, ya han descalificado semejante medida,
aunque algunos, como ERC y Podemos, dicen que apoyarán tal medida si redunda en
beneficio de los ciudadanos. Mayor descaro e incoherencia imposible, pues nadie
puede entender en su sano juicio que apenas hace un mes quienes apoyaban al
Gobierno de Sánchez se cargaran unos Presupuestos, que contemplaban dicho incremento
de gasto, y ahora, sin Presupuesto alguno en que basar dichas partidas
presupuestarias, se apoye incrementar caprichosamente el gasto público al margen
del debate parlamentario para que lo pague el gobierno que surja de las urnas
y, en definitiva, todos los españoles. No en vano, Casado, compara al
Presidente con quien entra en un bar e indiscriminadamente pide y ofrece copas
para todos pero se larga antes de pagarlas dejándole el marrón a los invitados.
Lo cierto es que el Gobierno busca aprobar el máximo número de decretazos antes
de las elecciones, entre los que se contempla lanzar la mayor oferta de empleo
público, actualizar la financiación de las CCAA entregándoles un anticipo de
6.900 millones, aprobar mejoras de “protección social”, negociar un paquete
laboral sin modificar la reforma que hizo el PP, recuperar la reforma del
alquiler nuevamente negociada con Podemos que la rechazó en enero….. y que
luego........ (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/).
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