Ha querido el caprichoso
destino que confluyan en el tiempo dos asuntos de vital importancia para el
futuro inmediato de nuestro país: el inicio del juicio a los líderes del
“procés” separatista y el debate de los Presupuestos Generales para 2019 en el
Congreso de los Diputados. Dos asuntos interrelacionados ya que la aprobación
de las cuentas del Gobierno dependen del apoyo del secesionismo, que se
empecina en vincularlo a que Moncloa se someta, sí o sí, a sus exigencias
ilegales, entre otras, la de negociar un inexistente e ilegal derecho de
autodeterminación, el nombramiento de un mediador internacional para el
inexistente “conflicto” entre Cataluña y España, y la ilegal intervención por
parte del Ejecutivo en favor de los procesados por el Tribunal Supremo que
finiquitaría la separación de poderes. En definitiva, acabar o dejar malherido
nuestro democrático Estado de Derecho, lo que finalmente ningún Gobierno
democrático se puede permitir por más paripés previos que haya hecho hasta
llegar el momento de la hora de la verdad. La hora de la verdad que llega
inexorablemente cuando de las palabras se ha de pasar a los hechos concretos,
cuando se ha de despejar la hojarasca demagógica para que se pueda ver con
claridad la cruda realidad y cuando los protagonistas del enredo han de tomar
decisiones palpables y cuantificables que finalmente les hará responsables de
las consecuencias posteriores derivadas de ellas. Y en los dos asuntos que nos
ocupan, como sucede en casi todos los asuntos, pasar de las palabras a los
hechos es bien sencillo: en el primero de ellos, el juicio al procés, afrontar,
con el Código Penal en la mano, las pruebas de culpabilidad, concretas y
específicas, que puedan demostrar la veracidad de las acusaciones delincuenciales
a los imputados; en el segundo de ellos, la aprobación de los PGE, constatar
mediante el voto en el Parlamento si gozan o no del favor de la mayoría
democrática parlamentaria. Al final, como dice Manuel Marchena, Presidente de
la Sala de lo Penal del Supremo y responsable de la redacción de la sentencia
sobre los graves acontecimientos del 1-O, que desembocaron en una ilegal
declaración de independencia de Cataluña, cada quien ha de asumir la
responsabilidad y la tarea que le compete con “serenidad y sensatez”, tal como
él mismo declara tener en estos momentos. Serenidad y sensatez, cualidades que
desgraciadamente no adornan a muchos de nuestros políticos y gobernantes a la
hora de hacer determinadas declaraciones, promesas o negociaciones sin calcular
las consecuencias personales y políticas cuando llegue el momento, que siempre
llega, de llevarlas a la práctica evidenciando con ello la irresponsabilidad de
las mismas. Tanto en el inicio del juicio a los líderes secesionistas del golpe
al Estado, como en el debate presupuestario en el Congreso, atrás debieran
quedar las previas demagogias y los postureos, las verdades a medias y las
falsedades, las descalificaciones gratuitas y las declaraciones rimbombantes,
las ambigüedades calculadas y las elucubraciones temerarias irreflexivas o los
silogismos que parten de premisas falsas y, obviamente, dan como resultado una
falsa conclusión. Sin embargo, no todos...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/).
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