Los políticos presos
(que no presos políticos) del “procés” han sido trasladados de las cárceles catalanas
a cárceles madrileñas, pues el Tribunal Supremo inicia el juicio, señalando
para el próximo día doce la primera de las sesiones, con el propósito de
esclarecer los graves delitos imputados a los líderes independentistas
responsables del presunto ataque al Estado de Derecho español. Por tanto llega
la hora de la verdad jurídica, que, como en otros juicios, no siempre se
corresponde con la realidad percibida por los ciudadanos, pues los delitos que
se imputan a los procesados habrán de ser probados fehacientemente, lo que
obviamente no siempre se consigue. Por ello sería bueno desde el inicio del
juicio que todos, absolutamente todos, dejemos trabajar a la Justicia y, sobre
todo, agotadas todas las vías recurribles, nos comprometamos al acatamiento
sereno y tranquilo de la sentencia definitiva y firme, lo que, de entrada,
parece algo difícil, dado el talante manipulador de los totalitarios
secesionistas que, para conseguir su objetivo, no escatiman en denigrar con
mentiras o verdades a medias al Estado de Derecho del que Cataluña forma parte.
No en vano, el Gobierno despliega ya su diplomacia ante este juicio, intentando
contrarrestar la campaña de imagen del independentismo en otros países. Hay que
dejar bien claro que no se juzgan ideas políticas, por rechazables que sean
políticamente hablando, sino comportamientos concretos de los procesados y, por
tanto, frente a lo que dicen malévolamente sus partidarios, que siguen
obviamente libres y sin imputación alguna (si se juzgaran ideologías no lo
estarían), ni se juzga al nacionalismo independentista, ni al pueblo catalán,
ni a sus instituciones gubernamentales…. se juzga sencillamente a personas
concretas por presuntos delitos cometidos que habrán de quedar probados en un
juicio transparente y con todas las garantías procesales y de defensa. Un
juicio que citará a 500 testigos (entre ellos a Rajoy, Soraya Sáenz de
Santamaría, Rufián, Montoro, Urkullu, Colau….) en las distintas sesiones que
durarán aproximadamente tres meses; que responderá a las peticiones razonables
de las defensas, incluido su retraso si fuera preciso; que sería probablemente
parado si hubiera elecciones, al margen de la interferencia que puedan tener
las locales, autonómicas y europeas si fuera el caso; que será público y
televisado; y que comienza con un exquisito traslado VIP de los presos con un
furgón policial a estrenar por ellos para evitar quejas por el “mal olor”,
escoltado por una treintena de vehículos policiales. Un juicio, en definitiva,
en el que, por razones obvias, el Tribunal Supremo rechaza que declare
Puigdemont y el resto de fugitivos de la Justici, ya que deberían comparecer
como procesados junto a sus compañeros de fechorías y no como testigos, y
rechaza también la presencia de “observadores”, ya que, al ser el juicio
televisado, público y trasparente, cualquiera puede observar su desarrollo si
así lo deseara y, además, porque la figura de observadores internacionales sólo
tiene sentido en países de dudosa consolidación democrática, lo que no es el
caso en ninguno de lo países de la UE, entre ellos España. Lo impresentable es
que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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