INCOMPETENCIA IRRESPONSABLE

                        En este difuso, y a veces confuso, entramado de competencias institucionales territoriales que caracteriza nuestro Estado de las Autonomías, que tantos quebraderos de cabeza nos viene dando a los españoles, y en la necesaria adaptación a las exigencias de la UE en materias como la libre competencia y la eliminación de monopolios, cabe enmarcar la desmadrada “guerra del taxi”, que tanto daño está causando a la población. Sería prolijo por mi parte, y además no es éste el espacio adecuado, hacer un análisis pormenorizado de un problemón añejo, no de hace cuatro días, y, por tanto, no cabe entrar en las consecuencias de la aplicación de la famosa ley española 25­­/2009 de 22 de diciembre, conocida como “Ley Ómnibus”, liberalizando, entre otras cosas, la concesión de licencias de VTC, que desembocó en decenas de miles de ellas entre 2009 y 2013, ni en la posterior modificación de dicha ley intentando frenar las concesiones, muchas de ellas otorgadas a través de resoluciones judiciales como es de ley en un Estado de Derecho. Por tanto sólo trato de resaltar la incompetencia irresponsable de nuestros gobernantes, incapaces de resolver un conflicto de intereses entre taxistas y VTC, justificando su inoperancia al respecto en las competencias territoriales (estatales, autonómicas y municipales) mientras se atropellan derechos fundamentales de los ciudadanos que, desamparados, son los que pagan definitivamente las consecuencias de tamaña irresponsabilidad. En efecto, al margen de quien tenga delegadas las licencias de VTC y taxi, que son competencia estatal y de aplicación nacional aunque las otorguen las CCAA por delegación del Estado, el Gobierno de España no puede ni debe quitarse el muerto de encima y mirar a otro lado, ante problemas tan graves de orden público o huelgas salvajes, sin ni siquiera establecer servicios mínimos, como viene sucediendo con el colapso de Madrid y Barcelona tras la toma y bloqueo por parte de los vehículos de las principales arterias impidiendo la libre circulación de las personas. La Castellana madrileña y La Diagonal barcelonesa, tomadas literalmente por los taxis y bloqueadas, suponen un conflicto que trasciende las legítimas reivindicaciones de taxistas y conductores de VTC, que no tienen derecho alguno a impedir el libre tránsitos y la movilidad de los ciudadanos españoles, que no pueden ni deben depender de las concretas y caprichosas decisiones de entes territoriales, ni, menos aún, de las politizadas reyertas de los distintos niveles de la Administración. En definitiva, Torra transige con los taxistas, que levantan el asedio en La Diagonal de Barcelona, y provoca ahora el de los conductores de VTC, mientras el madrileño Garrido no lo hace y prosigue el asedio de los taxistas, que abogan ahora por que actúe al respecto como ha hecho el mandatario catalán….. y el Ministerio de Fomento no dice ni esta boca es mía. Al final, mientras los taxistas acosan la sede del PP, hay una amenaza de ERE en las VTC de Barcelona, que dejaría a miles de trabajadores en la calle, iniciándose despidos masivos en Uber y Cabify, se conoce que el...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/),.