Con la reunión de hoy en
Moncloa de Torra con Sánchez llega la hora de la verdad, la hora de conocer si
estamos en el terreno de la palabrería o de los hechos. Como no podría ser de
otra forma, el Gobierno ha tenido que llevar previamente al Constitucional la
moción del Parlament, con lo que Sánchez, al igual que Rajoy, reabre la batalla
jurídica contra la vía unilateral del “procés” en vísperas de la cita con el
President catalán. Sin embargo, apurando al límite los márgenes de lo tolerable
o intentando una ilusoria rendición de los golpistas (los totalitarios no
suelen rendirse y, a lo sumo, aparcan sus estrategias), el Gobierno de Sánchez,
aclara antes de reunirse con el “Le Pen español” (así le calificaba hace bien
poco cuando estaba en la oposición) que “la legalidad irá por un lado y la
política, por otro”, lo que no se entiende muy bien, pues, entre gobernantes,
como es el caso, la política ha de hacerse siempre dentro del marco legal. Bien
pues la impugnación de la declaración del Parlament que reivindica la vigencia
ilegal del 9-N, pero lo demás o es postureo innecesario o meras elucubraciones
mentales inconvenientes. Menos mal que, al menos, Carmen Calvo, la
Vicepresidenta del Gobierno deja claro lo siguiente: “con la Constitución no
hay más margen que su cumplimiento”, “le diremos a Torra que Cataluña es una
gran región con una altísima autonomía” y que sobre indultos “si hay condenas
en el juicio por el procés las aceptaremos y punto”, añadiendo de paso que “la
alternativa a este Gobierno es el PP” y que “Ciudadanos se ha escorado a la
derecha”. Obviamente, impedir que el Parlament o que el Govern (al igual que el
resto de Cámaras o gobiernos territoriales) se salten la legalidad democrática
vigente no es, como algunos dicen, judicializar la política sino,
sencillamente, aplicar justicia como se hace contra cualquier otro delincuente.
Y, mientras Junqueras pide en la cárcel catalana “una Biblia en catalán” (en
castellano sería repugnante, digo yo), Sánchez y Torra exploran los límites del
diálogo en Cataluña que, como todo el mundo sabe, están en la Constitución, por
más que cada uno quiera vender el asunto de la forma más rentable para sus
intereses. En la Agenda de Torra, según el documento de folio y medio que
previamente ha enviado a Moncloa para negociar, pide, entre otras cosas,
“abordar la autodeterminación en los tratados internacionales”, “la actuación
de jueces y fiscales” y la “existencia de exiliados”, aunque el punto más
extenso se refiere al Valle de los Caídos, a los “privilegios” de la familia
del dictador y a los “títulos nobiliarios”. Mientras tanto, para algunos, esta
especie de distensión con Madrid abre fisuras en el independentismo, ya que
solo la solidaridad con los políticos presos y el poder de la Generalitat
cohesionan a un bloque dividido entre inmovilistas y pragmáticos; para otros,
como Inés Arrimadas..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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