Resulta patético, se
mire como se mire, el comportamiento de cualquier gobernante, en este caso
Puigdemont, actuando al margen de la legalidad, que precisamente le legitima
como gobernante, sabiendo que sus decisiones ilegales, si finalmente las
consuma, sólo le llevarán a un callejón sin salida a nivel personal y provocarán
una fractura de incalculables consecuencias sobre sus gobernados, en este caso
los catalanes. Patético ya que, agotadas todas las amenazas y chulerías
totalitarias, toca definitivamente pasar a los hechos y es a él, como
presidente de la Generalitat, a quien corresponde, saltándose el Estado de Derecho,
convocar el ilegal referéndum, cuando sabe que ni tiene competencias para
hacerlo ni es al conjunto de los catalanes a quien corresponde decidir sobre la
independencia de Cataluña. Y como ya tiene el precedente de su predecesor y
mentor, Artur Mas, inhabilitado por sus comportamientos totalitarios, pero no
quiere retractarse de su manifiesto error (siendo benevolente en el término)
abortando su delirio antidemocrático, decide publicar, que no convocar, la
fecha y pregunta del ilegal referéndum independentista para, a diferencia de
Mas, quedarse al borde de lo delictivo, pero, de momento, no incurrir en el
delito manifiesto. Por tanto, según el patético anuncio, ya sabemos el día del ilegal
referéndum, el próximo uno de octubre, y la pregunta, “¿quiere que Cataluña sea
un estado independiente en forma de república?”, que, en el mejor de los casos,
debiera dirigirse a todos los españoles, depositarios de la soberanía nacional,
y no sólo a una parte de ellos. En fin, algo así (pero peor aún) como si Rajoy convocara
un referéndum vinculante en España para decidir que la UE se convierta en una
República Europea… patético y esperpéntico. Evidentemente, tanto el Gobierno de
España, que de entrada descarta una cumbre con Sánchez y Rivera para responder
a Puigdemont, como los partidos democráticos, rechazan el anuncio (pues sólo se
trata de eso), aunque estrechan sus contactos para afrontar este desafío
totalitario contra el Estado de Derecho que, de momento, sigue siendo “de
farol”, ya que el anuncio no tiene trascendencia jurídica alguna hasta que
Puigdemont decida firmar la pertinente convocatoria del mismo. No obstante
Moncloa, que garantiza que no habrá otro 9-N y dice que el llamamiento “sólo
son palabras”, controla, por si acaso, los... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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