MEDIDAS COERCITIVAS ANTISOBERANISTAS

                        Cualquier persona medianamente sensata y medianamente demócrata de cualquier país civilizado del mundo entiende que para defender la Democracia y, por tanto, la legalidad vigente el Estado ha de aplicar todas y cada una de las medidas punitivas que los ciudadanos le han otorgado. Algo que curiosamente en algunos asuntos de extrema gravedad, como el independentismo ilegal, el Estado Español no viene haciendo desde hace demasiado tiempo. Y, ante semejante impunidad, no extraña que los políticos independentistas catalanes campen a sus anchas y ahora todos ellos deciden hacer juntos la campaña por el ilegal referéndum con En Comú Podem que se suma a la fiesta. En todo caso el Gobierno está preparado para intervenir en Cataluña y en su advertencia más firme La Moncloa anuncia “medidas coercitivas” frente a dicho referéndum unilateral secesionista, entre las que contempla incluso suspender la autonomía si llega el caso. Por tanto Rajoy, con toda razón y por obligación constitucional, está dispuesto a impedir la ilegal consulta por la fuerza (los paños calientes ya ven que no conducen a nada), barajando su Gobierno aplicar el artículo 155 de la Constitución para precintar los colegios y tomar el mando de los Mossos, asumiendo así competencias de la Generalitat si ésta saca las urnas a la calle, pues, aunque mantendrá el discurso del diálogo, que los totalitarios independentistas rechazan, combatirá “una a una las ilegalidades” de los soberanistas. Por su parte la Generalitat dice que dispondrá en julio del sistema informático para recaudar ilegalmente todos los impuestos, mientras el Pacto por el Referéndum pide ahora reunirse con el Gobierno para buscar una consulta consensuada, cuando saben que ello no es posible salvo que se modifique la Constitución y permita insólitamente que una parte del territorio español si así lo desean sus habitantes puedan decidir a su antojo desgajarse del resto del país. Y mientras el Constitucional puede suspender directamente a Puigdemont si desobedece, los partidos soberanistas dicen que el golpe judicial reciente contra el famoso 3% de la Convergencia de Artur Mas obedece no a la obligada persecución de la corrupción sino que es una operación contra el ilegal “procés”, aunque Colau, ¡menos mal!, les pide respeto a “la independencia judicial”. Lo cierto es que en vísperas del juicio de Mas y la investigación de las cuentas de CDC, que alcanza incluso al Ayuntamiento de Barcelona, en una operación judicial se detiene a dieciocho personas, tres de ellas de la máxima confianza del ex president, implicadas en diez concesiones irregulares durante su gobierno, siendo algunos de los detenidos hombres clave también del ex alcalde barcelonés Trías, a quienes se les... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)