Justo cuando se conocen
los alarmantes datos económicos, vaticinando un descalabro sin precedentes de
la economía española y europea, y justo cuando los autónomos y Pymes necesitan
más ayuda que nunca (muy en especial, todos aquellos del sector turístico,
quienes, como nunca, requieren que alguien les dé cierta luz de esperanza para
un futuro mejor dentro de un horizonte muy negro), va Teresa Ribera, la
Vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, y mete la pata echándoles
un intolerable jarro de agua fría que congela definitivamente sus aspiraciones
a una recuperación económica que se antoja tardía, difícil y complicada. En
efecto, justo cuando la economía global entra de lleno en una dimensión sólo
equiparable a la Gran Depresión de 1929 y, en el caso español, al escenario de
la Postguerra, la Vicepresidenta, ante las lógicas y justificadas quejas de los
hosteleros por las condiciones impuestas por el Gobierno para la desescalada y
gradual apertura de bares, restaurantes y hoteles (entre dichas condiciones la
imposición de una reducción de aforo que les impediría hacerlos rentables), les
sorprende, visiblemente enfadada, diciéndoles que “quien no se sienta cómodo,
que no abra” pues “no hay una obligación de abrir”, para después añadir que “en
España está costando entender que es importante responder unidos”, lo cual es
cierto….. pero comprensible con actitudes como las de la Vicepresidenta, que, en
sí mismas, debieran ser susceptibles de una destitución o una simple dimisión
del cargo. En fin, sin más comentarios, y, menos aún, cuando la EPA (Encuesta
de Población Activa) del primer trimestre de 2020, que sólo recoge quince días
del estado de alarma y del confinamiento, dibuja un sombrío panorama, nacional
y europeo, constatando que el PIB en España se desploma en el trimestre un 5´2%
(el derrumbe en toda la zona euro del 3´8% es incluso mayor que en la crisis de
2008) y augurando que podría caer hasta el 20% en junio, lo que destroza las
peores previsiones. Entretanto, Lagarde anticipa una recesión “sin equivalente
en tiempos de paz” y el BCE da barra libre a la banca para que fluya el
crédito, mientras el Gobierno español reconoce ante la UE la mayor recesión en
75 años, la mayor caída de la historia, y asume que la financiación que llegue
desde Bruselas tendrá condiciones para España, calculando que se tardará al
menos dos años en superar la crisis, pues un fuerte rebote en 2021 no
compensaría la prevista caída del PIB del 9´2% y la destrucción de unos dos
millones de empleos, con lo que ya se vaticina que España acudirá al Fondo
Europeo de Desempleo para pagar 7´2 millones de prestaciones. Así las cosas, el
Gobierno de Sánchez, resignado a no volver al nivel de precrisis hasta 2022,
asume el colapso y envía un plan presupuestario a Bruselas pronosticando que la
deuda alcance el 115´5% y que 900.000 personas pierdan su empleo este año, e
improvisa una “V asimétrica” para maquillar la salida de la crisis, cuando bien
podría ser en U, mientras Montero anuncia que no bajará el sueldo a los funcionarios,
mientras los parados reales llegarán a diez millones y mientras los sindicatos
presionan a la patronal para financiar la avalancha de ERTEs. Eso sí, Sánchez,
siendo el gobernante con menos apoyos parlamentarios y, paradójicamente, con
más poder, gracias al prolongado estado de alarma, no tiene reparo alguno en
enviar a Bruselas sus cuentas con más déficit, siendo el Ejecutivo con más
ministerios, mientras reclama solidaridad a sus socios europeos, sin reparar
que el desorbitado gasto que se avecina requiere de ciertos esfuerzos
presupuestarios, entre ellos, reducir por ejemplo, lo antes posible, el
mastodóntico entramado político-institucional (no es de recibo que, en
semejantes circunstancias, tengamos el Ejecutivo con más ministerios de la
historia con el único fin de contentar a tirios y troyanos). Mientras tanto,
durante el estado de alarma se han triplicado las...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/).
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