POLÉMICO DESESCALAMIENTO

                        Se inicia la desescalada, no exenta de polémica, tras la petición de todas las CCAA, excepto las de Cataluña y Castilla y León, de pasar a la Fase 1, convencidas de que cumplían todos los requisitos para dar tan importante paso, mientras la de Madrid, cuya presidenta había apuntado a la necesidad de esperar algo más de tiempo, tras una discusión con su Vicepresidente, decidía a última hora sumarse a la petición de la inmensa mayoría de territorios para pasar de fase. Todo ello envuelto en la polémica de si la demarcación a tener en cuenta habría de ser caprichosamente la provincia, la comarca o las zonas básicas de salud establecidas en cada Autonomía. Así las cosas, las CCAA se sometían al veredicto del Gobierno, concretamente del Ministerio de Sanidad, asesorado por un opaco Comité de Expertos, compuesto de doce “sabios” anónimos, ya que el Ministerio, con el argumento de protegerlos de la “presión” que podrían sufrir, se negaba a dar a conocer su identidad, contraviniendo, según algunos, la Ley General de Salud Pública que en su artículo once indica que “será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas en la normativa vigente”, mientras la Ley de Transparencia, en su exposición de motivos, habla de las “obligaciones de publicidad activa” que tienen los miembros de la Administración “para las funciones que desarrollan, la normativa que se les aplica y su estructura organizativa”, exigiendo además que se deberá incluir “un organigrama que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y su trayectoria profesional”. En fin, más claro, el agua; sin embargo, a los ciudadanos españoles se les oculta la identidad de quienes, en definitiva, han de decidir sobre el devenir de sus propias vidas. Pues bien, en medio de este oscurantismo incomprensible, el Gobierno, tras el asesoramiento de tan misterioso Comité de Expertos, decide que el 51% de la población española pase a la Fase 1 y que el resto permanezca en la Fase 0, quedando fuera de la desescalada gran parte de Cataluña y Castilla-León, tal como sus gobiernos pedían, y, contra lo que solicitaban los gobiernos de otras CCAA, no pasa la mayoría de la Comunidad Valenciana (quedando fuera las tres capitales y Elche) y de Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real y Albacete) y parte de Andalucía (las provincias de Granada y Málaga), mientras la Comunidad de Madrid queda en la Fase 0 en su totalidad territorial, mientras el resto de CCAA (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias, junto a Ceuta y Melilla) ven satisfechas sus aspiraciones de pasar íntegramente este tramo de desescalada. Las reacciones no se han hecho esperar y las especulaciones tampoco. Particularmente la Comunidad de Madrid y la de Andalucía, gobernadas por el PP, y la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, ponen el grito en el cielo y critican al Gobierno, denunciando que haya privilegiado a territorios (entre ellos Euskadi, denuncia a la que se suma también el socialista Lambán) con peores o similares datos sanitarios que sus comunidades, mientras Sánchez apacigua a Torra, Urkullu y Feijóo. Y como continúa el..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/).