Los datos de la pandemia
en España, totalmente desgarradores, dejan hasta hoy un saldo de 135.032
infectados, 13.055 fallecidos y 40.437 altas médicas, sin embargo la tendencia
a la baja de defunciones y contagiados y al alza de los recuperados aporta una
luz de esperanza en medio de esta crítica oscuridad generalizada. En efecto, la
presión sobre las UCIs empieza a reducirse (y con ello la angustia) tras
semanas desbordadas al borde del colapso, aunque los expertos alertan de que en
ningún momento cabe relajar la guardia para evitar una nueva ola de contagios y
sugieren que, incluso después de doblegar el coronavirus, se imponga el uso
obligatorio de mascarillas, el control de movimientos, los test masivos, la
prohibición de viajar y las concentraciones. El Gobierno, que ya ha prorrogado
el estado de alarma y el confinamiento hasta el 26 de abril, con la pertinente
autorización del Congreso de los Diputados, y no descarta solicitar otras
prórrogas, encarga ahora fabricar millones de mascarillas y otros materiales
sanitarios mientras los juristas avisan de que pudiera incurrir en
responsabilidad penal en caso de extralimitarse y no respetar escrupulosamente
el Estado de Derecho y la oposición le afea que ahora recomiende el uso masivo
de mascarillas cuando el portavoz Simón, aquejado de coronavirus, siempre dijo
no entender la fiebre por el uso de dichas mascarillas y cuando, desoyendo las
recomendaciones de la OMS, España exportó test hasta el 15 de marzo y el
Gobierno no intervino la producción de las empresas hasta el estado de alarma
ni hizo acopio del material, anunciando pruebas masivas “en 2 o 3 días” que aún
no han empezado, mientras los hospitales comprueban que los test adquiridos no
tenían fiabilidad (el doctor Julio García, portavoz del SMIC, deja bien claro
que “ninguno de los test chinos que hemos
probado hasta ahora funciona”). En fin, decisiones, acertadas o no, que
en un futuro habrán de aclararse, aunque las críticas ya no se dejan esperar,
al extremo de que el CSIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios,
denuncia al Ejecutivo en los tribunales por homicidio imprudente ya que “no
hicieron caso a las advertencias de la OMS ni acopio de material”. Por su parte
la oposición se queja de que el Ejecutivo les trata con desprecio y ninguneo,
denunciando como juego sucio el proceder de Sánchez, quien, eludiendo toda
autocrítica, en otra intervención televisada de una hora anunciaba que prorrogaba
la alarma hasta finales de abril y que después hará sucesivas ampliaciones, en
tanto que el PP exige que el Parlamento retome el control del Ejecutivo y la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se queja de que
“Madrid se ha sentido muy solo y el Presidente ni me contesta”. Este es el
ambiente que se respira cuando el Gobierno, dispuesto a afrontar una nueva
etapa en la lucha contra la pandemia, ya se prepara para adoptar nuevas
medidas, como confinar a los asintomáticos fuera de sus casas (en hoteles,
albergues u otras instalaciones), lo que, en principio requeriría un ingente
esfuerzo de aplicar test masivos (varios millones de ellos) para la detección
de los mismos, pidiendo al efecto a las CCAA que le hagan un inventario de
posibles recintos para alojarlos en medio de un debate sobre la legalidad o no
de la medida, pues en principio no podría obligar a un confinamiento fuera de
sus casas, por lo que...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/).
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