RENTA MÍNIMA VITAL

                        Sin lugar a dudas se ha generado una polémica acerca de la pretendida renta mínima vital, que propone el Gobierno de coalición, polémica no sólo dentro de los propios miembros del Ejecutivo sino en el resto de opciones políticas y sectores sociales. Y no es para menos, pues un somero cálculo económico de la medida, que no es coyuntural o circunstancial sino que viene para quedarse, nos llevaría a un compromiso de gasto mínimo anual de unos 5.500 millones de euros en plena crisis económico-social y sanitaria, por lo que habría que ver cómo se afronta en circunstancias de clara recesión económica y laboral que se avecina. No es pues baladí la polémica generada, dentro del Ejecutivo como en el resto de fuerzas políticas y sociales, sobre la aplicación de esta medida, necesaria por otra parte, pues no se trata de un debate entre buenos, que quieren dotar a todo el mundo de condiciones dignas de supervivencia, y malos, que pretenden matar de hambre a los sectores más desfavorecidos. Ni se trata de vender la medida como una novedad, un antes y un después desde la nada al todo, en la protección de los sectores más desprotegidos ya que en la actualidad, tanto las CCAA como los Ayuntamientos, ya destinan buena parte de sus recursos a tan noble objetivo social, como no podía ser de otra forma en una sociedad avanzada como la nuestra. Se trata por tanto de generalizar y homogeneizar a nivel de Estado una urgente necesidad; de coordinarla con los territorios para que sea lo más homogénea posible y no surjan desajustes indeseables; de estudiar una serie de situaciones familiares y de cuantías suficientes de renta mínima para que no sirvan de acicate a un rechazo de un mercado laboral precario con rentas más bien escasas, temporales y a tiempo parcial en un contexto crónico de economía sumergida en nuestro país; y, en definitiva, de buscar pactos con las autonomías y municipios para completar sus rentas de inserción y absolver progresivamente los subsidios no contributivos actuales articulando la ayuda a través de las familias, de las que ya se definen hasta doce tipos distintos, con el objetivo de optimizar los recursos, siempre escasos, evitando duplicidades y picarescas que serían contraproducentes para el objetivo que se pretende. Y todo ello no se consigue de la noche a la mañana, requiere tiempo, pues no es cuestión de hacerlo rápido y mal, como pretende el populista Pablo Iglesias, sino adecuadamente y bien, como quiere el socialista Escrivá, pues, no en vano, la medida estaba prevista para ser aplicada y estudiada concienzudamente a lo largo de la legislatura y ahora no se puede, ni se debe improvisar ni tomarla precipitadamente, aprovechando la tragedia provocada por la crisis del coronavirus. No en vano, el ministro Escrivá, frente a lo que sostiene Iglesias, cree que faltan “flecos”, mientras Iglesias intenta a toda costa imponer una medida, que no es coyuntural sino permanente, al margen de otras consideraciones, entre ellas la viabilidad de la misma una vez pasada la tormenta. No en vano los ministros económicos socialistas intentan frenar la presión de los populistas y sus contubernios con el Presidente Sánchez, al extremo de que..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)