ESPAÑA, ¿UN ESTADO FALLIDO?

                        Salvo que las distintas instituciones y poderes del Estado español tomen las riendas para reconducir lo antes posible la situación, podemos concluir que España está abocada a convertirse en un Estado fallido, si es que ya no lo es, cuando se trata de uno de los primeros Estados modernos europeos constituidos tras el ocaso de la Edad Media. El tiempo para remediarlo se agota, tal como demuestran, entre otras cosas, los últimos sucesos en Cataluña que, en la práctica, viene actuando a su aire y contra la legalidad española vigente, que todos los españoles (incluidos los catalanes) nos dimos en su día, y lo hace desde las propias instituciones catalanas cuyos poderes emanan de la Constitución, que quieren finiquitar definitivamente actuando al margen de ella. Es obvio que ningún Estado democrático soporta tamañas afrentas que conducen al suicidio institucional colectivo y al totalitarismo político más indecente. Sin embargo en España, tras la detención y posterior puesta en prisión de varios miembros de los CDR, acusados de presunto delito de terrorismo con fines secesionistas, el President Torra, quien debiera ser el primero en defender la ley y en respetar la separación de poderes del Estado, se pone de parte de los presuntos terroristas y carga en el Parlament contra la democracia española a la que quiere destruir, jactándose además de no retirar la pancarta del balcón de la Generalitat en favor de los procesados por los graves acontecimientos del 1-O, verdadero golpe de Estado institucional, mientras los secesionistas en el Parlament, extralimitándose en sus funciones y competencias, retoman la vía de la desobediencia y en un bronco pleno, en el que por denunciar que se ampare a los acusados de terrorismo es expulsado Carrizosa, el portavoz de Ciudadanos, principal partido de la oposición, aprueban, entre otras lindezas totalitarias, amparar a los acusados por terrorismo y exigir su puesta en libertad, expulsar a la Guardia Civil de Cataluña por “atemorizar a la ciudadanía y coartar la protesta” y avalar el uso de la “desobediencia civil e institucional” contra el Tribunal Supremo cuando éste está a punto de emitir la sentencia por el “procés”, con lo que la insurrección se instala de nuevo impunemente en la Cámara Legislativa de Cataluña. Además, cuando por fin la dichosa pancarta en favor de los presos del 1-O es retirada por orden judicial del balcón de la Generalitat por parte de dos operarios, el totalitario Torra se burla de nuevo de la Justicia y coloca una nueva pancarta, en este caso, apelando a la libertad de expresión, cuando, como President de la Generalitat, él debiera haber sido el primero en cumplir la resolución del TSJC. Todo un desafío infame e intolerable al Estado de Derecho y, por tanto, a la Democracia, que esencialmente se ha de sustentar en el respeto a la Ley, democráticamente establecida, que nos hace a todos iguales, y en el acatamiento a las resoluciones de los tribunales de justicia, encargados de juzgar las conductas delictivas con todas las garantías procesales para los acusados como es el caso, así como en el estricto cumplimiento de las competencias encargadas a las distintas instituciones del Estado en sus diversos ámbitos territoriales o áreas de actuación encomendadas. Por muchísimas menos motivos, en cualquier otro.... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)