O los partidos
genuinamente democráticos se ponen de acuerdo para defender el Estado
Democrático de Derecho por encima de sus legítimas diferencias
ideológico-programáticas, o los ciudadanos ponemos un rotundo rechazo en las
urnas contra aquellos que no lo hagan, o, en caso contrario, estamos avivando
un juego peligroso de consecuencias incalculables, ya que España lleva
demasiado tiempo jugando con fuego y, al final, corre un grave riesgo de acabar
quemándose en la hoguera de la intolerancia y el totalitarismo político. Y,
como ya estamos en precampaña electoral no estaría de más que los ciudadanos
empezásemos a defender de forma contundente nuestro sistema democrático, frente
a aquellos que, por activa o pasiva, andan tibios contra quienes quieren
imponernos por la ley de la fuerza su santa voluntad en contra de la legalidad
vigente que los españoles nos hemos dado, pues, en caso contrario, puede que
pronto sea demasiado tarde para enderezar el entuerto. Me refiero concretamente
al pulso nacional-secesionista “in crescendo”, alentado desde las propias instituciones
democráticas y acogido con cierta tolerancia por algunos partidos políticos, de
ámbito territorial o nacional, que se dicen democráticos. El último episodio,
en vísperas de la inminente sentencia de los líderes del ilegal “procés”, es
elocuente, pues, después de más de un año de investigación por parte de la
Guardia Civil, como es su obligación, un juez detiene por terrorismo a nueve
miembros de los Comités de Defensa de la República (los violentos y totalitarios
CDR), que escondían material para fabricar explosivos y planeaban atentar en
octubre, y Torra, máximo representante del Estado en Cataluña, en vez de apoyar
dicha investigación para esclarecer los hechos, como sería su deber, lamenta la
“represión” contra este presunto terrorismo catalán, denunciando que se trata
de un acto de “represión del Estado”, después de que él mismo instara hace un
año a los CDR a “apretar” su presión al mismo. Según todos los indicios, los
nueve detenidos de los CDR (siete de ellos han sido trasladados a Madrid para
comparecer ante la Audiencia Nacional y dos han quedado en libertad con cargos)
planeaban atentar con explosivos contra un cuartel de la Guardia Civil, del que
tenían planos, y contra el Parlament tras la sentencia del 1-O, y habían
protegido un encuentro secreto del Govern con emisarios de los golpistas
fugados (el cabecilla de ellos, Puigdemont). Por su parte JxC y ERC exigen
cínicamente la comparecencia del Ministro de Interior por esta “operación opaca
y criminalizadora contra el independentismo”, cuando las escuchas revelan un
plan “avanzado”, como respuesta a la sentencia sobre el 1-O, que, en todo caso,
se estaría investigando, mientras la Generalitat, en vez de apostar para que se
esclarezcan los hechos, denuncia de forma indecente acoso a la ideología
secesionista y evita condenar la violencia ejercida por estos concretos
energúmenos totalitarios para imponerla al margen de la ley. Y, mientras
Sánchez Llibre impulsa las..... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
No hay comentarios:
Publicar un comentario