El desprestigio
progresivo de la Justicia y de la Política en España es un hecho
incuestionable, siendo preocupante la devaluada talla de nuestros gobernantes y
dirigentes políticos a la hora de afrontar y, sobre todo, resolver los graves
problemas de los ciudadanos, que es para lo que, en definitiva, se les paga. El
esperpéntico espectáculo de la renovación del CGPJ es el último capítulo
bochornoso, protagonizado por la cuestionada ministra de Justicia, la
socialista Delgado, y su antecesor en el cargo, el popular Catalá, es decir,
del PSOE y el PP, con el beneplácito de Podemos, participante del grotesco
reparto de vocales de tan alta institución, siendo Ciudadanos el único partido
que se libra de la quema en este asunto al negarse a participar del banquete. En
efecto, PSOE y PP, con el visto bueno de IU-Podemos, pactan renovar el órgano
de gobierno de los jueces abusando, al menos en las formas, del cada vez más
deteriorado mecanismo legal de elección de sus miembros que ha puesto en
evidencia la intromisión “in crescendo” del Poder Ejecutivo en el Poder
Judicial, manoseando de forma indecente la compleja y difícil separación de
poderes que todo sistema democrático debe observar escrupulosamente si quiere
no sólo parecerlo sino serlo. Y en España, desde que en los años ochenta se
modificara el anterior sistema de elección de vocales del CGPJ (doce de ellos
elegidos por los jueces, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado) por el
actual modelo (diez propuestos por el Congreso y diez por el Senado, pero ninguno
por los jueces –en cada caso, seis, entre jueces y magistrados, y cuatro, entre
juristas de reconocida competencia- para que ellos en el pleno elijan luego al
Presidente, quien presidirá también el Tribunal Supremo) y en ambos casos
ratificados por las Cortes con una mayoría cualificada de tres quintos, la cosa
ha ido de mal en peor, al extremo de que en la práctica la elección es entre el
Ejecutivo y la Oposición, es decir, un reparto de vocales entre PSOE y PP
(tanto monta, monta tanto), según el turno de gobernabilidad, cada vez más
descarado e indeseable. Tan descarado e indeseable que, tras el pacto cerrado
entre Delgado y Catalá (es decir, entre PSOE y PP, con la aprobación de
Podemos), se filtra públicamente que el Presidente del CGPJ sería el juez
Marchena cuando el pleno de vocales ni se había reunido para, como es
preceptivo, elegir al Presidente, lo que, ante la opinión pública mostraba la
docilidad de los miembros del Consejo a la hora de aplicar lo dictado por los
dirigentes políticos proponentes…..desprestigiando más aún, si cabe, la ya
desprestigiada Justicia. Pero, no conformes aún con semejante desvergüenza
formal, dado que el pacto consistía en diseñar un Consejo con mayoría
progresista de vocales y un Presidente conservador (lo que al final no
convencía ni a tirios ni a troyanos), el portavoz del PP en el Senado, Ignacio
Cosidó, se permite alardear en un grupo de WhatsApp con casi 150 miembros de su
partido (seguramente para amortiguar las críticas internas a tan incomprensible
pacto) de que controlaría “desde detrás” órganos clave del Tribunal Supremo,
sumiendo en una...... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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