lunes, 27 de agosto de 2018

RECTIFICAR ES DE SABIOS, PERO….

                        Se dice, y con razón, que rectificar es de sabios, pero que rectificar permanentemente es de necios, y me temo que esto último es lo que sucede con el Gobierno de Sánchez, acertando sólo cuando rectifica. La última de las rectificaciones, que ha de sumarse a otras anteriores sobre otros asuntos, es para enmarcar. Me refiero a la defensa del juez Llarena ante la indecente demanda interpuesta por Puigdemont en Bélgica, que, finalmente, será asumida por Moncloa, como debe ser, pero lamentablemente después de que jueces y fiscales hayan clamado contra la “aberrante” indefensión en que el Gobierno pretendía dejar al instructor del “procés” con peregrinos argumentos. En efecto, el CGPJ solicitó al Gobierno dicha ayuda jurídica y Abogacía del Estado apoyó la iniciativa conminando a Justicia a que defendiera al juez y pidiendo al Ejecutivo contratar un letrado, pero, sorprendentemente, el Ministerio de Justicia se opuso a la propuesta, dejando solo al instructor del “procés” ante la Justicia belga, entendiendo que la demanda de Puigdemont contra él era por “actos privados” y que “en ningún caso” le defendería, salvo que el juez belga cuestionara su labor como instructor. Tan peregrina decisión desencadenó un lógico debate y un ambiente de malestar indiscutible: miembros del CGPJ y las asociaciones mayoritarias de la Magistratura alertaban de que la decisión gubernamental atentaba contra la soberanía jurisdiccional española; jueces del Supremo lamentan que Justicia deje vendido al instructor; los fiscales progresistas piden también ampararle; el CGPJ se disponía a contratar un seguro para cubrir los posibles costes…. Y finalmente Sánchez se ve obligado a rectificar y, corrigiendo a la Ministra Delgado, asegura que ya ha iniciado los trámites para garantizar la soberanía jurisdiccional española y defenderá a Llarena de la demanda civil interpuesta en Bélgica por Puigdemont contra él. Una rectificación que llega después de que Magistratura mostrara su “estupor” por el desamparo en que el Ejecutivo pretendía dejar al juez que instruyó el 1-O nada menos. Seguramente al considerar la demanda por “actos privados” (vamos, como si Llarena y Puigdemont hubieran tenido simplemente problemas personales) es que desconocían, no ya todo lo actuado tras el 1-O, sino que además en la citada demanda se sostiene que “España es uno de los Estados delincuentes, al igual que Kazajistán”, pues en la demanda de Puigdemont contra Llarena, de la que pretendía desentenderse el Gobierno de Sánchez, se describe España como una dictadura donde hay “represión” situándola “al lado de Kazajistán entre los estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales” (en fin, sin más comentarios). El Gobierno, aunque sea de esta impresentable forma, defenderá a Llarena contratando un bufete belga tras haber afirmado indecentemente que “no lo haría en ningún caso” y que la demanda a la que tenía que enfrentarse el juez era por “actos privados”. Y, mientras el PP le acusa de dar bandazos, argumenta que no se trata de una rectificación y que la demanda de Puigdemont está tan.... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista, http://jorgecremades.blogspot.com.es/)

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