Se dice, y con razón,
que rectificar es de sabios, pero que rectificar permanentemente es de necios,
y me temo que esto último es lo que sucede con el Gobierno de Sánchez,
acertando sólo cuando rectifica. La última de las rectificaciones, que ha de
sumarse a otras anteriores sobre otros asuntos, es para enmarcar. Me refiero a
la defensa del juez Llarena ante la indecente demanda interpuesta por
Puigdemont en Bélgica, que, finalmente, será asumida por Moncloa, como debe ser,
pero lamentablemente después de que jueces y fiscales hayan clamado contra la
“aberrante” indefensión en que el Gobierno pretendía dejar al instructor del
“procés” con peregrinos argumentos. En efecto, el CGPJ solicitó al Gobierno
dicha ayuda jurídica y Abogacía del Estado apoyó la iniciativa conminando a Justicia
a que defendiera al juez y pidiendo al Ejecutivo contratar un letrado, pero,
sorprendentemente, el Ministerio de Justicia se opuso a la propuesta, dejando
solo al instructor del “procés” ante la Justicia belga, entendiendo que la
demanda de Puigdemont contra él era por “actos privados” y que “en ningún caso”
le defendería, salvo que el juez belga cuestionara su labor como instructor.
Tan peregrina decisión desencadenó un lógico debate y un ambiente de malestar
indiscutible: miembros del CGPJ y las asociaciones mayoritarias de la
Magistratura alertaban de que la decisión gubernamental atentaba contra la
soberanía jurisdiccional española; jueces del Supremo lamentan que Justicia
deje vendido al instructor; los fiscales progresistas piden también ampararle;
el CGPJ se disponía a contratar un seguro para cubrir los posibles costes…. Y
finalmente Sánchez se ve obligado a rectificar y, corrigiendo a la Ministra
Delgado, asegura que ya ha iniciado los trámites para garantizar la soberanía
jurisdiccional española y defenderá a Llarena de la demanda civil interpuesta
en Bélgica por Puigdemont contra él. Una rectificación que llega después de que
Magistratura mostrara su “estupor” por el desamparo en que el Ejecutivo
pretendía dejar al juez que instruyó el 1-O nada menos. Seguramente al
considerar la demanda por “actos privados” (vamos, como si Llarena y Puigdemont
hubieran tenido simplemente problemas personales) es que desconocían, no ya
todo lo actuado tras el 1-O, sino que además en la citada demanda se sostiene
que “España es uno de los Estados delincuentes, al igual que Kazajistán”, pues
en la demanda de Puigdemont contra Llarena, de la que pretendía desentenderse
el Gobierno de Sánchez, se describe España como una dictadura donde hay
“represión” situándola “al lado de Kazajistán entre los estados delincuentes
que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos
fundamentales” (en fin, sin más comentarios). El Gobierno, aunque sea de esta impresentable
forma, defenderá a Llarena contratando un bufete belga tras haber afirmado
indecentemente que “no lo haría en ningún caso” y que la demanda a la que tenía
que enfrentarse el juez era por “actos privados”. Y, mientras el PP le acusa de
dar bandazos, argumenta que no se trata de una rectificación y que la demanda
de Puigdemont está tan.... (sigue leyendo en Blog Mi punto de vista,
http://jorgecremades.blogspot.com.es/)
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